Una vez entran, pocos salen. Y cuando logran escapar de la irreversible chatarrización, ¿cuál es el costo? El embargo de un auto es la entrada al infierno, o al menos algo parecido. El infierno de Martha Amaya empezó en el 2014, por un proceso en su contra en el cual perdió la potestad de su auto, un pequeño Mazda modelo 2007.

El proceso empezó en su ciudad natal, Montería. No obstante, transcurridos dos años un juez decidió trasladar el auto a Valledupar, textualmente al parqueadero ‘Depósitos de Vehículos Embargados Buenos Aires S.A.S.’. Allí, con cada hora, día y semana que pasaba eran miles o millones de pesos que incrementaban la deuda. Para evitar que el pago sobrepasara el valor del carro, antes de transcurrir cinco meses, Martha estaba en la capital del Cesar con la orden del juzgado Quinto Civil Municipal de Montería para que el parqueadero le regresara su auto, siempre “previa cancelación de los costos de parqueadero”. Parecía estar cerca el fin del problema; sin embargo, recién entraba al infierno.

En la recepción del parqueadero le piden el pago de los meses de parqueo. Antes, Martha solicitó poder ver el auto. Los empleados del depósito se negaron. “Al comienzo ella no estaba bien asesorada y por eso decide regresar a Montería sin ver el estado del auto”, narra el abogado Valentín Sevilla, especialista en resolución de conflictos y conciliación, quien desde hace aproximadamente un mes asesora y es la voz de Martha Amaya.

Como representante legal, Valentín Sevilla recibió la autorización de su apoderada para revisar y consultar cualquier información que ayudara a hacer efectiva la orden de entrega del automotor. Por eso, es el jurista quien visita las instalaciones del parqueadero. Primero, en la mañana del pasado lunes 19 de noviembre; el propósito era ver el estado del vehículo. La respuesta es la misma: “Debe pagar antes de ver el carro”. Igual que a su apoderada no le permiten acceder, sin embargo, le pasan copia de una pre-factura. Por los tres años de servicio debía pagar 19 millones de pesos; más de $8 millones por los 230 días del 2016; $5.712.000 por los 12 meses del 2017; y 5 millones de pesos por los 10 meses y 19 días del presente año.

El calvario de tener un carro embargado

Para el año 2016, en Valledupar cada parqueadero judicial determinaba su tarifa de cobro. Pero en noviembre de ese año la autoridad encargada firmó la resolución que determinaba las tarifas del 2017 con la sociedad ‘Depósitos de vehículos embargados Buenos Aires S.A.S.’, donde según el juzgado de Montería estaba el carro de Martha. Fue el único proponente.

La diferencia entre la tarifa que cobraba el parqueadero antes y después de ser fijada es abultada. Mientras el cobro fijado por la autoridad encargada para el 2017 fue de $400.000 por mes, en 2016 (libre determinación) era de aproximadamente $1.071.000.

¿Por qué no permiten ver el carro inmovilizado?

Conociendo los precios por el servicio de parqueadero, el jurista regresó en la tarde del mismo 19 de noviembre. Uno de los empleados le asegura que el carro fue trasladado a otro parqueadero de la misma sociedad. Pocos meses antes, en una reunión extraordinaria, la sociedad ‘Depósitos de vehículos embargados Buenos Aires S. A. S’ había cambiado de nombre por ‘Depósitos judiciales del Cesar S.A.S’.

Ante la insistencia de no permitir el acceso al carro, el abogado empieza un trabajo de investigación. “Encuentro historias donde los estacionamientos, por la suposición que el propietario no rescataría los autos embargados, venden o alquilan el auto. Allí empezamos a investigar sobre el verdadero paradero del auto de la señora Martha”, agregó el representante legal.

A mitad del 2017 se destapó lo que sería el “cartel de los parqueaderos” en Montería y Bogotá. El primer caso fue el del empresario monteriano que tenía embargada una de sus camionetas, pero, en vez de estar guardada en el parqueadero, la camioneta estaba siendo usada por la polícia. Con la publicación de la noticia empezaron a salir nuevos casos; primero el de José Gómez Acevedo en Bogotá, y otros más sonados que fueron denunciados por el programa televisivo ‘Séptimo Día’ y que permitió que la Procuraduría abriera una investigación. Un cartel que vendía o alquilaba carros embargados a terceros, a sin autorizaciones judiciales y presuntamente, en complicidad de altos funcionarios.

En el 2017, el programa televisivo ‘Séptimo Día publicó una investigación que hablaba de un presunto ‘Cartel de Parqueaderos’. FOTO: Cortesía.

¿Cayó el carro de Martha en el ‘Cartel de los parqueaderos’?

El abogado decide visitar el segundo parqueadero de propiedad de la sociedad ‘Depósitos judiciales del Cesar S.AS’ ubicado en la carrera 19 nro. 44-125, esta vez, acompañado de dos policías que, en sus palabras, “sirvieron de testigos de que entramos y revisamos y no estaba el carro por el que nos están cobrando estacionamiento”.

El jurista concluyó que el carro no estaba en ninguno de los parqueaderos. Pero no solo eso. La idea de que el carro estaba en movimiento cobró fuerza. Por eso, decidió entrar al SIMIT, una plataforma web que con la cédula muestra las infracciones pendientes de la persona. Allí encontró (El Pilón también pudo verificar) que el 27 de julio del 2017 le fue impuesto un comparendo al auto de la señora Martha Amaya de placa CVO234 por “Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”, en las calles de Medellín. El comparendo tenía un valor de 368 mil pesos.

PREPARAN DENUNCIAS PENALES

Según el representante legal, esa es la prueba reina de que el carro estaba siendo usado a pesar de que la ley lo prohíbe. “Conozco casos donde ponen a rodar los vehículos alquilados o los venden. Esto le está pasando a mucha gente, no solo a nosotros. Agarran, inmovilizan los carros y después lo rentan. Es simple: le quitan el kilometraje y nadie se entera” dijo el denunciante. Por su lado, el hermano de la propietaria fue más directo y señaló que el carro estaba andando en Medellín y por eso, no permitieron que lo vieran. “Tenemos la constancia de las infracciones. Estamos casi seguro que están andando el carro y ganando dinero con él.

Y encima nos cobran parqueadero”. En la pre-factura, cobran los 12 meses del año 2017 por un valor exacto de 5.712.000 de pesos.

Ante esto, el abogado Valentín Sevilla prepara una denuncia con las pruebas recolectadas en su visita a los parqueaderos, en contra de la sociedad ‘Depósitos Judiciales del Cesar S.A.S.’ por presuntamente haber cometido los delitos de hurto agravado, estafa y abuso de confianza.