Este proceso que impactó en la ciudad salió a la luz pública en el mes de junio del 2021 cuando se realizaron las capturas de los implicados, pero podría tener un ‘revés’ si prospera una nulidad que interpuso la defensa para eliminar lo que hasta la Fiscalía ha logrado.
El sonado caso por el que son procesadas siete personas que presuntamente orquestaron un detrimento patrimonial en la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Valledupar, conocido como el ‘Cartel del comparendo’, podría venirse abajo por una solicitud de nulidad que realizaron en el pleito.
El recurso lo interpuso el abogado defensor, William García de Luque, argumentando que una de las funcionarias del CTI de la Fiscalía quien hizo parte de la investigación preliminar tenía una enemistad con la procesada, Letzzy Carolina González Oñate, viciando así el debido proceso.
“Toda esa información está deslegitimada porque la señora investigadora del CTI, Deysi María Idarraga Sosa, desde que recibió la denuncia anónima (del caso) y abrió con base en ella la noticia criminal sabía que ahí aparecía plenamente identificada como indiciada o denunciada Letzzy Carolina González Oñate, con quien tiene grave enemistad desde hace mucho antes, pero este hecho no le importó y por el contrario asumió el liderazgo de la investigación y recolectó la mayoría de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información que se usaría luego para privar de la libertad a González Oñate”, manifestó García de Luque.
Agregó que la investigadora habría actuado motivada por razones personales y no institucionales, por lo que pidió que se invalidará todo lo hasta ahora logrado en el pleito en contra de sus protegidas: Letzzy Oñate y la inspectora Julieta Margarita Hinojosa Daza.
De prosperar la petición, también podrían resultar beneficiados los demás procesados que son los funcionarios: Amparo de Jesús Estrada Arias, Odacyr Alberto Montenegro González y Margarita Rosa Cartagena Guerra, así como los particulares William José Redondo Mindiola y Tatiana Isabel Cuello Castilla.
LA INVESTIGADORA, RECONOCIÓ ENEMISTAD
EL PILÓN conoció una carta de la investigadora Deysi Idarraga con fecha del 17 de septiembre de 2020 que dirigió a la Fiscalía 12 seccional, representada por Gentil de León Mármol, en la que puso en conocimiento su retiro del caso por tener enemistad con Letzzy Oñate.
En el documento, la funcionaria aseguró que una vez realizado el recaudo de la documentación, que se hizo en los meses de julio y agosto de ese año, notó el nombre de la citada procesada, motivos por los que enseguida decidió pedir ser apartada del caso y la Fiscalía avaló la solicitud.
No obstante, la defensa en su petición insiste en que la investigadora conoció desde el inició plenamente quiénes eran los sindicados.
“ES UNA ESTRATEGIA DE LA DEFENSA”
Al respecto, este medio de comunicación contactó a fuentes cercanas a la investigación que aseguraron que la solicitud hace parte de una estrategia de la defensa.
“Es falso que la investigadora haya intervenido después de solicitar su desvinculación por motivos personales. Pero, también es falso que haya realizado una maniobra tendenciosa para perjudicar a algunos de los investigados. Todo lo que dice el abogado es una estrategia temeraria con ánimos de distraer la atención de las verdaderas razones de la captura de su cliente”, afirmó la fuente judicial.
EL CASO
Este proceso que impactó en la capital del Cesar salió a la luz pública en el mes de junio del 2021, periodo en el que la Fiscalía realizó las capturas de los implicados.
Según la investigación, los procesados concertaron para cobrar dinero a cambio de borrar comparendos, no subir órdenes judiciales frente a inmovilizaciones de vehículos y agilizar diligencias, entre otros.
Este proceso que impactó en la ciudad salió a la luz pública en el mes de junio del 2021 cuando se realizaron las capturas de los implicados, pero podría tener un ‘revés’ si prospera una nulidad que interpuso la defensa para eliminar lo que hasta la Fiscalía ha logrado.
El sonado caso por el que son procesadas siete personas que presuntamente orquestaron un detrimento patrimonial en la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Valledupar, conocido como el ‘Cartel del comparendo’, podría venirse abajo por una solicitud de nulidad que realizaron en el pleito.
El recurso lo interpuso el abogado defensor, William García de Luque, argumentando que una de las funcionarias del CTI de la Fiscalía quien hizo parte de la investigación preliminar tenía una enemistad con la procesada, Letzzy Carolina González Oñate, viciando así el debido proceso.
“Toda esa información está deslegitimada porque la señora investigadora del CTI, Deysi María Idarraga Sosa, desde que recibió la denuncia anónima (del caso) y abrió con base en ella la noticia criminal sabía que ahí aparecía plenamente identificada como indiciada o denunciada Letzzy Carolina González Oñate, con quien tiene grave enemistad desde hace mucho antes, pero este hecho no le importó y por el contrario asumió el liderazgo de la investigación y recolectó la mayoría de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información que se usaría luego para privar de la libertad a González Oñate”, manifestó García de Luque.
Agregó que la investigadora habría actuado motivada por razones personales y no institucionales, por lo que pidió que se invalidará todo lo hasta ahora logrado en el pleito en contra de sus protegidas: Letzzy Oñate y la inspectora Julieta Margarita Hinojosa Daza.
De prosperar la petición, también podrían resultar beneficiados los demás procesados que son los funcionarios: Amparo de Jesús Estrada Arias, Odacyr Alberto Montenegro González y Margarita Rosa Cartagena Guerra, así como los particulares William José Redondo Mindiola y Tatiana Isabel Cuello Castilla.
LA INVESTIGADORA, RECONOCIÓ ENEMISTAD
EL PILÓN conoció una carta de la investigadora Deysi Idarraga con fecha del 17 de septiembre de 2020 que dirigió a la Fiscalía 12 seccional, representada por Gentil de León Mármol, en la que puso en conocimiento su retiro del caso por tener enemistad con Letzzy Oñate.
En el documento, la funcionaria aseguró que una vez realizado el recaudo de la documentación, que se hizo en los meses de julio y agosto de ese año, notó el nombre de la citada procesada, motivos por los que enseguida decidió pedir ser apartada del caso y la Fiscalía avaló la solicitud.
No obstante, la defensa en su petición insiste en que la investigadora conoció desde el inició plenamente quiénes eran los sindicados.
“ES UNA ESTRATEGIA DE LA DEFENSA”
Al respecto, este medio de comunicación contactó a fuentes cercanas a la investigación que aseguraron que la solicitud hace parte de una estrategia de la defensa.
“Es falso que la investigadora haya intervenido después de solicitar su desvinculación por motivos personales. Pero, también es falso que haya realizado una maniobra tendenciosa para perjudicar a algunos de los investigados. Todo lo que dice el abogado es una estrategia temeraria con ánimos de distraer la atención de las verdaderas razones de la captura de su cliente”, afirmó la fuente judicial.
EL CASO
Este proceso que impactó en la capital del Cesar salió a la luz pública en el mes de junio del 2021, periodo en el que la Fiscalía realizó las capturas de los implicados.
Según la investigación, los procesados concertaron para cobrar dinero a cambio de borrar comparendos, no subir órdenes judiciales frente a inmovilizaciones de vehículos y agilizar diligencias, entre otros.