Se conocieron por parte de la Fiscalía nuevos detalles de la investigación que tiene en líos judiciales a un exconcejal y tres contratistas del municipio de La Jagua de Ibirico. Además, la entidad anunció que son tres los contratos que involucraron a los ahora imputados.

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Según el ente, el exedil Wilson Arias Angarita y los contratistas Dellys Margoth Amara Rangel, Dommmy Antonio Ríos Suárez y Doris Inés Jiménez Sánchez, se apropiaron de $45 millones  de recursos del Concejo Municipal, en el marco de tres contratos y una propuesta que presuntamente realizó el exconcejal anteriormente nombrado

 El primero fue por un valor de $16´307.000 con el que adquirían desayunos, almuerzos, refrigerios y cenas para las sesiones de la Corporación pero que terminaron beneficiando supuestamente a los amigos del exedil Arias Angarita,  quien fue presidente del Concejo Municipal entre el periodo 2016 -2019.

“Un segundo contrato analizado fue el suscrito para el suministro de una cena navideña para los concejales. Las presuntas irregularidades tendrían que ver con que el presupuesto era de $5´000.000, pero al parecer el monto ascendió a 20´000.000, cifra que no estaba autorizada”, dijo la Fiscalía.

El tercer contrato fue por  $20´352.000 y tiene relación a una jornada recreativa mediante el cual supuestamente presentaron soportes falsos de haberse realizado y no se materializó.

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Estos hechos fueron denunciados por la exconcejal Geraldine Andrea Vera Ortiz, quien indicó que en las sesiones ordinarias del  mes de noviembre del año 2018 se llevó a cabo una reunión en el despacho del presidente del Concejo municipal, Wilson Arias Angarita, en la que hablaron del presunto entramado de corrupción.  

“Según una denuncia (…) el presidente de la Corporación habría propuesto distribuir entre los cabildantes unos recursos destinados para capacitación y buscar unos certificados que demostraran que sí habían tomado los cursos. Sin embargo, ante el desacuerdo de una de las integrantes de la corporación, se dio conocimiento a las autoridades”,  aseguró el ente investigador.

Presuntamente para justificar la capacitación buscaron un certificado de una empresa privada con la cual pudieron sustentar el dinero y así poder dividir por partes equitativas.

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Aunque los cuatros involucrados ya fueron presentados a audiencias preliminares y dejados en libertad, deberán seguir respondiendo por el proceso penal por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.