Los ciudadanos que violen los niveles de ruido contemplados en la Ley contra el ruido serán multados por las autoridades con valores de entre 15 y 20 millones de pesos.
Con la aprobación de la Ley contra el ruido en su último debate en el Senado de la República, son muchas las dudas que han surgido en la ciudadanía sobre el impacto que tendría esta iniciativa una vez pase a sanción presidencial. Una de estas es si dicha ley afectará el desarrollo de fiestas en los municipios del departamento e incluso el propio Festival de la Leyenda Vallenata al tratarse de actividades musicales que superan los decibeles regulares.
Ante este interrogante, Daniel Carvalho, representante a la Cámara y líder de esta iniciativa legislativa, respondió que: “Estoy convencido de que podemos tener fiesta, podemos tener carnaval, pero también podemos tener espacios de descanso. Eso es perfectamente compatible”. Acotando así que las festividades pueden realizarse si son consensuadas por la comunidad y no generan afectaciones en el entorno.
“No hay ningún problema si una vecindad quiere hacer una fiesta. El problema es que un solo vecino saque un parlante y dañe la calma de todo un barrio. Es muy diferente una fiesta colectiva, concertada, de una comunidad, a dos personas en una esquina con un parlante sin dejar dormir a la gente”, dijo el Carvalho.
De acuerdo con el representante antioqueño, entre las principales causas de contaminación acústica está el tráfico vehicular y su infraestructura, seguida por el tráfico aéreo o ferroviario y, finalmente, las actividades relacionadas con la industria, comercio y servicios. “Tomamos toda la normativa ya existente alrededor del ruido y la reorganizamos porque estaba dispersa y bastante confusa. También aclaramos las responsabilidades de las autoridades y una ruta de atención al ciudadano”, precisó Carvalho.
No obstante, algunos congresistas se mostraron en contra del proyecto porque advierten que esto podría afectar la realización de conciertos, festivales, verbenas, celebraciones en los pueblos, en los barrios, entre otras.
En ese sentido, el senador Juan Felipe Lemos advirtió que la ley podría generar obstáculos para la realización de actividades musicales masivas: “Estamos creando trámites adicionales que podrían dificultar la organización de estos eventos. Además, dejamos la decisión en manos de funcionarios locales, lo que puede introducir un alto grado de subjetividad”, puntualizó.
De acuerdo con la iniciativa, en la Política de Calidad Acústica, el Ministerio de Vivienda trabajará en lineamientos técnicos que aseguren el confort acústico en las edificaciones. En un plazo de 18 meses, deberá establecer estándares para el aislamiento acústico, el control del ruido y las vibraciones, promoviendo edificaciones que cumplan con los parámetros de calidad acústica establecidos.
Al igual que Minvivienda, otros ministerios también participarán en esta política. En el caso del Ministerio de Defensa y Justicia, la cartera diseñará procedimientos para medir y evaluar el ruido asociado con la convivencia ciudadana, con énfasis en acciones rápidas y efectivas para controlar su impacto.
Por otro lado, el Ministerio de Transporte revisará y actualizará las reglamentaciones en su ámbito para promover un transporte más silencioso y menos contaminante.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible será clave en esta nueva legislación porque en un plazo de 18 meses deberá definir los indicadores que representen la calidad acústica en el país, establecer procedimientos para medir el ruido, crear mapas de ruido y diseñar programas para reducir la contaminación acústica. Además, fijará niveles de prevención, alerta y emergencia, y desarrollará medidas generales para mitigar el impacto del ruido. Esta labor garantizará un marco técnico sólido para abordar el problema del ruido a nivel nacional.
Por su parte, el Ministerio de Salud actualizará las normas relacionadas con el ruido, asegurando que éstas protejan la salud de la población. También deberá realizar estudios sobre los efectos del ruido en la salud, incluyendo los costos económicos que esto representa para el sistema de salud.
En ese sentido, identificar cómo la contaminación acústica afecta a las personas en el espectro autista, y se impulsarán soluciones que les proporcionen condiciones de confort acústico para su bienestar y desarrollo.
Por Namieh Baute Barrios
Los ciudadanos que violen los niveles de ruido contemplados en la Ley contra el ruido serán multados por las autoridades con valores de entre 15 y 20 millones de pesos.
Con la aprobación de la Ley contra el ruido en su último debate en el Senado de la República, son muchas las dudas que han surgido en la ciudadanía sobre el impacto que tendría esta iniciativa una vez pase a sanción presidencial. Una de estas es si dicha ley afectará el desarrollo de fiestas en los municipios del departamento e incluso el propio Festival de la Leyenda Vallenata al tratarse de actividades musicales que superan los decibeles regulares.
Ante este interrogante, Daniel Carvalho, representante a la Cámara y líder de esta iniciativa legislativa, respondió que: “Estoy convencido de que podemos tener fiesta, podemos tener carnaval, pero también podemos tener espacios de descanso. Eso es perfectamente compatible”. Acotando así que las festividades pueden realizarse si son consensuadas por la comunidad y no generan afectaciones en el entorno.
“No hay ningún problema si una vecindad quiere hacer una fiesta. El problema es que un solo vecino saque un parlante y dañe la calma de todo un barrio. Es muy diferente una fiesta colectiva, concertada, de una comunidad, a dos personas en una esquina con un parlante sin dejar dormir a la gente”, dijo el Carvalho.
De acuerdo con el representante antioqueño, entre las principales causas de contaminación acústica está el tráfico vehicular y su infraestructura, seguida por el tráfico aéreo o ferroviario y, finalmente, las actividades relacionadas con la industria, comercio y servicios. “Tomamos toda la normativa ya existente alrededor del ruido y la reorganizamos porque estaba dispersa y bastante confusa. También aclaramos las responsabilidades de las autoridades y una ruta de atención al ciudadano”, precisó Carvalho.
No obstante, algunos congresistas se mostraron en contra del proyecto porque advierten que esto podría afectar la realización de conciertos, festivales, verbenas, celebraciones en los pueblos, en los barrios, entre otras.
En ese sentido, el senador Juan Felipe Lemos advirtió que la ley podría generar obstáculos para la realización de actividades musicales masivas: “Estamos creando trámites adicionales que podrían dificultar la organización de estos eventos. Además, dejamos la decisión en manos de funcionarios locales, lo que puede introducir un alto grado de subjetividad”, puntualizó.
De acuerdo con la iniciativa, en la Política de Calidad Acústica, el Ministerio de Vivienda trabajará en lineamientos técnicos que aseguren el confort acústico en las edificaciones. En un plazo de 18 meses, deberá establecer estándares para el aislamiento acústico, el control del ruido y las vibraciones, promoviendo edificaciones que cumplan con los parámetros de calidad acústica establecidos.
Al igual que Minvivienda, otros ministerios también participarán en esta política. En el caso del Ministerio de Defensa y Justicia, la cartera diseñará procedimientos para medir y evaluar el ruido asociado con la convivencia ciudadana, con énfasis en acciones rápidas y efectivas para controlar su impacto.
Por otro lado, el Ministerio de Transporte revisará y actualizará las reglamentaciones en su ámbito para promover un transporte más silencioso y menos contaminante.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible será clave en esta nueva legislación porque en un plazo de 18 meses deberá definir los indicadores que representen la calidad acústica en el país, establecer procedimientos para medir el ruido, crear mapas de ruido y diseñar programas para reducir la contaminación acústica. Además, fijará niveles de prevención, alerta y emergencia, y desarrollará medidas generales para mitigar el impacto del ruido. Esta labor garantizará un marco técnico sólido para abordar el problema del ruido a nivel nacional.
Por su parte, el Ministerio de Salud actualizará las normas relacionadas con el ruido, asegurando que éstas protejan la salud de la población. También deberá realizar estudios sobre los efectos del ruido en la salud, incluyendo los costos económicos que esto representa para el sistema de salud.
En ese sentido, identificar cómo la contaminación acústica afecta a las personas en el espectro autista, y se impulsarán soluciones que les proporcionen condiciones de confort acústico para su bienestar y desarrollo.
Por Namieh Baute Barrios