A través del Decreto 277 de 2017, el Gobierno Nacional trazó el camino que deberán seguir jueces y fiscales para aplicar la Ley de Amnistía a los guerrilleros de las Farc que puedan gozar de ese beneficio.

La norma reglamenta el indulto al que tienen derecho los guerrilleros que aparecen en las listas oficiales de condenados o procesados por colaborar o pertenecer a esa guerrilla por delitos políticos como rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando o conexos.

Según la ley, los jueces podrán decretar la extinción penal de esos delitos y además de las multas e inhabilidades.

De esta manera, aplicarán la totalidad de los principios contenidos en el acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del fin conflicto, respecto a la amnistía, el indulto y otros mecanismos penales especiales diferenciados de extinción de responsabilidades y sanciones penales principales.

Para solicitar la amnistía, cada persona deberá entregar firmada un acta en la que se compromete a terminar el conflicto y no volver a utilizar sus armas. El decreto establece además, que el procedimiento completo desde la presentación de la solicitud hasta la decisión judicial, no podrá demorar más de 10 días.

En cuanto a las personas que hayan sido condenas por delitos no amnistiables podrán pedir la redosificación de la pena, lo que les permitirá acceder a la libertad condicional. Esta norma establece que libertad condicional aplicará también para todos los miembros de las Farc que fueron condenados por delitos no amnistiables o a quienes se les rechazó esa solicitud, siempre y cuando lleven por lo menos cinco años presos.

Así mismo, quienes hayan sido condenadas por delitos que no pueden recibir amnistía y que lleven menos de cinco años detenidos, serán trasladados a las zonas veredales, por parte del Inpec, y permanecerán allí hasta que entre en funcionamiento la Justicia Especial para la Paz.