Las denuncias por la presunta infracción cometida recientemente contra el balneario Hurtado de Valledupar no cesan. Ya se empezaron a revelar los primeros datos que determinarían el daño e impacto ambiental que ocasiona la planicie de cemento que fue construida, sin autorización, en el cauce del río Guatapurí.

De acuerdo a un informe que emitieron los miembros del Foro Ambiental del Cesar, con estas ‘fechorías’ cometidas por particulares, más de 1.000 metros de longitud y 2 metros de ancho le han sido ‘arrebatados’ al río Guatapurí tanto en la margen derecha como en la izquierda. 

“Se han venido adelantando obras artesanales de manera soterrada y a la luz de todo el mundo para disponer de área y ubicar sillas, mesas y carpas para atender a los visitantes que llegan a disfrutar del balneario Hurtado”, expone el documento.

Asimismo, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, manifestó que adelantaron una visita técnica al lugar y encontraron que las obras realizadas sobre el lecho del río no han sido autorizadas, por lo tanto, tomarán las medidas correspondientes para iniciar el proceso investigativo y sancionatorio. 

“Los hechos nos demuestran que cada día está más cerca la posibilidad de ver amenazada la cuenca del río Guatapurí y la garantía de poder seguir disfrutando de un lugar como el Balneario Hurtado, y de las aguas abundantes y cristalinas de la corriente de agua superficial icono del municipio, el cual garantiza el abastecimiento de agua potable a la población de Valledupar y de algunos municipios que forman parte del actual área metropolitana”, puntualiza el informe del Foro.

“DESARTICULACIÓN INSTITUCIONAL”

Una de las grandes quejas diarias es que, según los ambientalistas y población en general, las autoridades competentes no ejercen sus funciones en pro del bienestar y la conservación de los recursos naturales de la ciudad. De igual manera, la falta de conciencia ciudadana y sentido de pertenencia han ‘permitido’ que las afectaciones a estas riquezas incrementen y se ‘salgan de control’. 

“Es una realidad que la desarticulación institucional de las autoridades competentes (Corpocesar, Gobernación del Cesar, Alcaldía de Valledupar, entre otros), los escasos recursos financieros, la debilidad en la planificación para priorizar y ejecutar las acciones, sumado a la poca participación y conciencia ciudadana hacen que se incrementen los conflictos ambientales”, concluyó el colectivo.

Ketty Jannith Gutiérrez Maestre/EL PILÓN 

[email protected]