Durante una primera jornada de observaciones realizada en Valledupar con el fin de analizar la nueva etapa de los falsos positivos en el subcaso Costa Caribe, las víctimas fueron escuchadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para conocer sus expectativas y peticiones frente a las versiones de los comparecientes. 

Estas se basan en los hechos que rodearon las ejecuciones extrajudiciales en los departamentos del Cesar y La Guajira entre los años 2004 a 2008. 

La JEP ha escuchado a 104 exintegrantes del Ejército Nacional, agentes estatales no integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles, entre ellos, 19 tenientes coroneles y 12 mayores, pero ahora el turno es para las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. 

LAS VÍCTIMAS 

La primera en presentarse al auditorio de la Universidad Popular del Cesar, UPC, con sede Hurtado, fue Paula Andrea Manjarrez Álvarez, hermana de Jair Antonio Manjarrez, asesinado el 15 de diciembre de 2006 por el Batallón Especial Energético y Vial N°2 ‘CR. José María Cancino’. 

“Por estos hechos atroces no están siendo mencionados o han sido llamados aún algunos por la JEP. Necesitamos saber quién dio la orden, quiénes estuvieron implicados en los hechos, no necesitamos que nos pidan perdón porque en mi caso mi hermano aún está desaparecido y no tenemos sus restos”, reprochó Manjarrez Álvarez. 

Cuestionó, también, cómo el Batallón Especial Energético y Vial N°2 tenía como misión custodiar la infraestructura vial y no lo hicieron, sino que cometieron ejecuciones extrajudiciales con ciudadanos inocentes como su hermano. 

“Que tengan una versión voluntaria transparente y queremos que entiendan el dolor de las víctimas. Sabemos que en las ejecuciones extrajudiciales aparecían las víctimas con sus documentos y aparecen como N. N., en especial el caso de mi hermano”, acotó Paula Manjarrez. 

Otras víctimas como Miriam Clara Cáceres, madre de la adolescente Nixa Marbelys Martínez, de 15 años, presentada como baja en combate en 2008, solicitó conocer la verdad sobre los motivos por los que los militares actuaron de esa manera. 

“El Ejército la trajo como guerrillera muerta en combate. Fue un momento muy duro. Tenía 15 años. Estaba en décimo grado. Era mi compañera, mi confidente, mi amiga”, contó Cáceres. 

La adolescente había salido de su casa en el barrio Sicarare de Valledupar a comprar unos guantes quirúrgicos a una droguería y no regresó más. Después de 19 días su cuerpo apareció muerto con disparos en la espalda y presentada como guerrillera por el Ejército.

Dairi Martínez, por su parte, mostró inconformidad con la poca información que presuntamente han aportado algunos de los comparecientes frente a la muerte de su hermano Gabriel Ulises Martínez Gutiérrez, asesinado por el Batallón Especial Energético N°2 Vial en el mes de septiembre del año 2007. 

LA JURISDICCIÓN 

En esta segunda fase del subcaso Costa Caribe, la Sala de Reconocimiento de la JEP investiga el fenómeno criminal de los falsos positivos que involucra a integrantes de cuatro unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional que son: el Grupo de Caballería Mecanizado N°2 ‘Cr. Juan José Rondón’, el Batallón Especial Energético y Vial N°2 y la Fuerza de Reacción Divisionaria. 

La investigación se concentra en 152 hechos victimizantes en los que habrían sido asesinadas 235 personas entre el periodo 2004 a 2008. 

“Para nosotros es muy importante que tengan presente su rol protagónico y central en esta y en todas las actuaciones ante la JEP, lo que nos permitirá la construcción dialógica de la verdad y la justicia restaurativa”, dijo el magistrado Óscar Parra. 

La segunda jornada de audiencia de observaciones la harán en San Juan del Cesar y Barranquilla.