Durante su más reciente visita a la capital del Cesar, usuarios y representantes de centros asistenciales le presentaron el panorama oscuro del sector en el departamento al superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel.

En el reciente encuentro del superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, con los usuarios y gerentes de hospitales del Cesar quedó evidenciado el desespero de los usuarios que siguen con los mismos problemas de hace varios años, como la demora en las remisiones y autorizaciones de cirugía.

En la reunión del jueves con el superintendente hubo llanto, impotencia y desesperación por parte de los usuarios porque las EPS además de las fallas mencionadas en el párrafo anterior, en muchas ocasiones no entregan las fórmulas completas por inexistencia de los medicamentos en los dispensarios.

El superintendente conoció quejas desde malos procedimientos en embarazos hasta complicaciones de una hipertensión sin la atención adecuada que condujo a los pacientes a la muerte. La mayoría de quejas fueron contra Coomeva, que en el departamento del Cesar solo tiene 40 mil usuarios.

Otro rosario de quejas se presenta por parte de los propietarios de las clínicas, a quienes no les permitieron reunirse con el superintendente, porque el encuentro solo estaba programado para usuarios y hospitales.
Álvaro Portilla, médico especialista y dueño de la Clínica Erasmo de Valledupar, explicó que el sector privado de salud también está en crisis y requiere atención del Gobierno.

“Hemos llegado a una situación penosa, primera vez en la historia de la clínica no tenemos con qué pagar a nuestros empleados y a los proveedores y el número de pacientes atendidos no ha disminuido. Estamos trabajando a pérdidas porque nadie nos paga y los organismos de control no hacen nada. Esto no es un fenómeno reciente sino que se ha venido acumulando período tras período presidencial, porque el problema de la salud es decisión política”, recalcó Portilla.

Agregó: “En Colombia la salud se ha tratado con criterio capitalista, las EPS se las entregaron a capitalistas, a fondos de inversión que manejan la salud como un negocio y no de carácter social, por eso esas empresas tienen recursos exorbitantes como ya pasó con Saludcoop que tenía inversiones en todas partes menos para los pacientes, porque son empresas con ánimo de lucro y ese es el problema que existe, porque las EPS no pueden tener ánimo de lucro, sino que deben estar al servicio de la sociedad no al servicio de las EPS”, afirmó Portilla.

La esperanza del sector está en la Superintendencia que con una nueva ley va a tener dientes con qué sancionar a quienes no cumplen de manera adecuada su rol en el sistema.

“El otro problema es que tenemos una Superintendencia en Bogotá, cuando nosotros generamos la atención en la facturación en el Cesar y los problemas debemos resolverlo acá. La Superintendencia de Salud debe estar descentralizada, nosotros no podemos seguir viajando cada semana a una entidad burocrática porque la evidencia está ahí, que ha pasado casi un cuarto de siglo y la Superintendencia no ha resuelto nada”, afirmó el médico especialista.

Y es que si por el lado del sector privado llueve, por el sector público no escampa. Las EPS al igual que a los privados les demoran los pagos y en muchos casos les hacen recobros injustificados. Así lo aseguró el gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza, Jhony Rojas Rangel, escogido como vocero por 27 hospitales del departamento, quien además precisó que las EPS no liquidan los contratos sino que les hacen otrosí, dejando los saldos a favor de las IPS sin cancelar.

“Lo que más nos afecta es el tema de liquidación de contratos, algunas EPS del año 2012 a la fecha no han querido liquidar los contratos asumiendo que no es procedente porque a través de otrosí que vienen generando todos los años el contrato se prorroga inmediatamente y no se puede liquidar y la otra cosa que nos afecta letalmente a las empresas sociales del estado es que los saldos son a favor de los hospitales y por tal razón ellos no desean liquidar los contratos”, dijo Rojas Rangel.

En el caso del Hospital Eduardo Arredondo de Valledupar están a la espera de 900 millones que le debe solo Comfacor, sin incluir lo que le deben otras EPS, lo que dificulta la ejecución de los proyectos presupuestados.
El Hospital Camilo Villazón de Pueblo Bello está en una situación parecida, según Rojas Rangel, porque el año pasado a esa institución Dusakawi no le hizo contrato y tampoco le ha cancelado la totalidad de servicios prestados. El Hospital San Andrés de Chiriguaná está ad portas del cierre, la situación es más delicada que el resto de centros asistenciales.

LLUEVEN LAS QUEJAS

Por mala atención la EPS que tiene más quejas en el Cesar son: Coomeva, Médico Preventiva y Nueva Eps, según quedó evidenciado en la reunión con la Superintendencia de Salud.

“Me voy con muchas preocupaciones sobre lo que está pasando con Coomeva; el 80 % de las quejas que recibo en el Cesar son de Coomeva, en una población que nosotros estimábamos que era cercana a los 73 mil usuarios, pero la gerente nos dice que son 40 mil, lo que me preocupa aún más, porque con tan poca población deberían tener un mejor trato para sus usuarios”, aseguró Aristizábal Ángel.

MESAS DE TRABAJO

Para buscarle una salida a la crisis, el superintendente de Salud se comprometió a realizar mesas de trabajo en Bogotá con las empresas que más le deben a la red pública y privada del Cesar, que son: Comfacor, Emdisalud, Saludvida, Comparta, Nueva EPS, Coomeva y Asociación Barrios Unidos de Quibdó.

¿BUENA O MALA LA LEY 100?
Para el médico Álvaro Portilla la Ley 100 no es mala como muchos aducen, el problema es que no la han manejado con sentido humanístico, sino con un criterio perverso de darle el control de la salud a los políticos.
“El espíritu de la Ley 100 es un espíritu necesario, que necesita cobertura de toda la población, los que pueden pagar pagan que es el régimen contributivo y los que no, pues está el subsidiado, pero los dos fueron secuestrados en Colombia”, aseguró Portilla.
Debido a la crisis que hoy afronta el sector, considera este médico especialista que se debe despolitizar la salud y entregarle el manejo de las EPS a gremios que nada tengan que ver con los políticos y al servicio se le ponga sentido humanizado.

Por Sandra Santiago / EL PILÓN