Dos investigaciones que se encuentran desde hace años en la Fiscalía tienen como protagonista al gerente Gerardo Gutiérrez Pumarejo, representante de la firma Gutiérrez Pumarejo & Cia Ltda., indiciado por el posible delito de fraude procesal en Valledupar. 

El primer proceso se relaciona sobre la manera como unas áreas de sesión ubicadas en el Conjunto Rosario Real Primera Etapa fueron cedidas al municipio el 4 de febrero del año 2013 y luego arrebatadas el 11 de enero y 7 de abril del año 2017. 

La última decisión surgió luego que en el 2016 un ciudadano interpusiera una acción popular mediante la cual reprochó que a pesar de que los predios fueron cedidos al municipio no podían ser usados por la comunidad en general por encontrarse en el conjunto residencial. 

Por tanto, recurrieron a la cancelación de las escrituras, acto que fue reprochado por el ciudadano Efraín Alberto Fuentes, uno de los propietarios de los terrenos dentro del citado conjunto.

Así las cosas, mediante un oficio dirigido a la Fiscalía General de la Nación se alegó que los predios fueron quitados al municipio sin ninguna asamblea del Concejo Municipal como debió hacerse. 

“Evidentemente para hacer la devolución de las áreas comunes se tenía que hacer la asamblea y someter a votación. Eso no se hizo y el proceder del señor Gerardo Gutiérrez fue anular esas escrituras”, manifestó Alfonso Mario Boneth García, abogado de Efraín Alberto Fuentes. 

Precisó también que los predios habrían sido cedidos a cambio de beneficios tributarios, aunque en la documentación conocida por EL PILÓN se habla de entrega ‘gratuita’. 

Los procedimientos se dieron entre los periodos administrativos de los exalcaldes de Valledupar, Fredy Socarrás y Augusto Daniel Ramírez Uhía. 

EL OTRO CASO 

Otra investigación surgió por la realización del Acta 001 de una asamblea extraordinaria que presuntamente hicieron el 20 de septiembre del año 2011 con el fin de limitar el uso del suelo en el Conjunto Rosario Real de la ciudad. 

“Mi cliente finalmente tenía dos lotes donde pretendía hacer un proyecto, un edificio. Recibió el pago de cinco apartamentos y cuando va a la curaduría a solicitar licencia se la niegan, advirtiendo que el Acta 001 limitaba a hacer edificaciones, hecho que sucede posterior al que el señor Gerardo Gutiérrez ya tuviera un edificio en el Conjunto Rosario Real”, explicó el abogado Boneth García. 

El acta habría sido impulsada por Gerardo Gutiérrez como representante de la firma Gutiérrez Pumarejo & Cia Ltda., una hermana de éste como secretaria y otros copropietarios del conjunto residencial. 

No obstante, algunos de ellos  han manifestado no reconocer la firma plasmada en el documento. Es el caso de los ciudadanos Ernesto José Amaris, Jorge Maciel Salinas, Mayte Fajardo, Whoiner Alfaro, Mario Segundo Varela, Naybe Quintero, Nini Johana González y Wilguen Ricardo Morales, entre otros, mientras que otro grupo significativo falta por interrogar para que las autoridades realicen un examen grafológico. 

“En septiembre de 2021 se le envió a la Fiscalía los datos, nombres, teléfonos y direcciones de todas las personas. Se le viene pidiendo a la Fiscalía que haga el actuar correspondiente frente al proceso, aquí hay nueve personas que dicen que esa no es su firma”, puntualizó el abogado Alfonso Mario Boneth García, abogado de Efraín Alberto Fuentes. 

Además, el caso ha pasado por manos de varias fiscalías como la 5 especializada y la 28 seccional. 

LAS AUTORIDADES 

El director de fiscalías Cesar, Ronald Calderón Vieco, indicó que mediante un informe ejecutivo conoció que están a la espera de materializar unas órdenes judiciales para avanzar en las investigaciones. 

“Hay una prueba importante que es la grafológica que no se ha podido realizar por varios motivos, pero uno de los más importantes es porque el grafólogo encargado, el perito que se tiene aquí, tiene mucho trabajo y es la única persona que realiza esa serie de peritajes, además tiene a su cargo otras secciones”, contó Calderón Vieco. 

Agregó que también hay una sobrecarga laboral que hace dilatar más los procedimientos. 

“Sin esas le queda muy difícil a la fiscal tomar una decisión, lo que sí puedo asegurar es que del informe que ella entregó se tienen órdenes de policía judicial durante todo este año, ella desde que le asignaron el caso realizó las órdenes, realizó una en el mes de marzo”, manifestó Calderón Vieco. 

EL PILÓN intentó contactar a Gerardo Gutiérrez, pero hasta la culminación de este artículo no respondió el llamado.