20 noviembre, 2018

Las demandas injustificadas de Odebrecht

La muerte del ingeniero Jorge Enrique Pizano ha amplificado las denuncias sobre las irregularidades de Odebrecht en Colombia, un tema que había pasado en un segundo plano en la agenda pública nacional, pero revivió con las publicaciones de Noticias Uno que reveló grabaciones de Pizano poniendo en conocimiento del abogado  Néstor Humberto Martínez, antes de […]

La muerte del ingeniero Jorge Enrique Pizano ha amplificado las denuncias sobre las irregularidades de Odebrecht en Colombia, un tema que había pasado en un segundo plano en la agenda pública nacional, pero revivió con las publicaciones de Noticias Uno que reveló grabaciones de Pizano poniendo en conocimiento del abogado  Néstor Humberto Martínez, antes de que este fuera designado Fiscal General, los millonarios sobornos de la multinacional brasilera que involucraban a funcionarios del alto gobierno. 

Luego de una semana de reacciones en las que el fiscal no ha dado argumentos valederos para justificar haberse quedado de brazos cruzados ante semejante caso de corrupción, Noticias Uno recordó en su emisión dominical que desde abril de 2016 hay una demanda de 700 mil millones en contra de la Nación por parte de la multinacional, que argumenta  que hubo problemas sociales  con la protestas y se imposibilitó adquirir los predios para la Ruta del Sol 2, lo cual generó los retrasos e incumplimientos para la construcción de la vía que debía conectar Bogotá con la Costa Atlántica. 

Pero lo grave del caso es que hay informaciones de que esa demanda se organizó con pagos irregulares y sobornos, al mejor estilo Odebrecht; uno de los extrabajadores de la concesionaria que desarrollaba el proyecto, reveló que se compraban protestas en algunas poblaciones por las que pasa la Ruta del Sol 2, especialmente en Aguachica, para justificar retrasos y luego demandar a la Agencia Nacional de Infraestructura. 

Las protestas patrocinadas generaban división en la comunidad por las obras en ejecución y así justificar sus incumplimientos para poder demandar a la Nación. Una acción verdaderamente criminal que está en conocimiento de la Fiscalía y debe ser investigada. 

Las denuncias también revelan que con apoyo de fuerzas militares se utilizaban equipos para la interceptación de comunicaciones digitales y telefónicas con el propósito de hacer montajes judiciales contra miembros de la comunidad opositores a la Ruta del Sol. “Desde el mes de diciembre de 2013 contrataron a un exdetective del DAS, empezaron a realizar interceptaciones de teléfonos incluyendo algunos líderes de la comunidad incluso aseguro que la oficina hecho usadas funcionaba desde las instalaciones del Consorcio Ruta del Sol en Aguachica, desde la sala de inteligencia del Ejército ubicada en el contenedor del campamento”, revela el informe. 

Lo paradójico de este proceso, es que el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, órgano ante el cual el ingeniero Jorge Enrique Pizano entregó su testimonio sobre las irregularidades de Odebrecht en febrero de este año, deberá definir en los próximos días está demanda interpuesta por la concesionaria Ruta del Sol 2. El Estado colombiano debería contrademandar por las afectaciones ocasionadas por esa compañía al desarrollo del país y además se debe avanzar en los procesos disciplinarios y penales para meter en cintura a todos los corruptos salpicados en el escándalo Odebrecht.

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