Era una madrugada del nueve de febrero de 2005 cuando la tranquilidad que había en una vivienda ubicada en la vereda Pontón, del corregimiento de Atánquez, se vio interrumpida por la violencia.

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La pareja que ahí residía conformada por Hermes Enrique Montero, de 23 años, y Noemí Pacheco Zabata, de 13 años, fue sacada por sujetos no identificados. Al día siguiente aparecieron asesinados en el sector de El Paraíso, vestidos con botas y prendas militares y portando material bélico.

La inconformidad se apoderó del pueblo, sobre todo porque la menor se encontraba con dos meses de embarazo.

Horas después, presuntamente, miembros del Batallón La Popa manifestaron haber sostenido un combate a las 05:00 a.m., con militantes del Frente 59 de las Farc y haber dado de baja a la pareja wiwa. 

“Sobre este hecho, familiares y miembros de las comunidades de Pontón y El Cerro expresaron que Noemí Ester Pacheco Zabata y su esposo fueron previamente capturados en la comunidad de Pontón por tropas del Batallón La Popa y comentan que allí no hubo combates”, reza un informe entregado al Ministerio de Interior en el 2015.

Sin embargo, la historia de Noemí y su pareja es apenas una de los 162 casos documentados sobre ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron entre los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena.

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Este fue entregado en el mes de junio de 2019 en acto protocolario en el marco de  una visita del magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Óscar Parra Vera, en Valledupar. En el encuentro estuvo el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el comisionado de Derechos Humanos de la Organización Wiwa Yugumaín Bunuankurrua y Tayrona, además de las víctimas.

 “Fue construido con organizaciones, entre esas una que pertenece a los pueblos indígenas wiwa, otra del pueblo kankuamo y la organización campesina; se recolectaron más de 100 casos de asesinatos a campesinos e indígenas, pero a la fecha por la pandemia se ha estancado el avance al proceso. Hay por ahora cuatro casos seleccionados perteneciente al caso 003, los otros están en fila”, explicó Pedro Manuel Loperena, comisionado de Derechos Humanos de los indígenas, quien también es concejal de Valledupar. 

Pero las víctimas en el cesar son más. Según la JEP, el departamento concentra el 7,3 % de las por lo menos 6.402 personas que murieron ilegítimamente para ser presentadas como ‘bajas’ en combate en el territorio nacional entre los años 2002 y 2008.

En ese sentido, es el tercero con el registro de mayores casos en el país, por eso hace parte de las seis regiones que comenzará a indagar la JEP.

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“La afectación al pueblo indígena ha sido mucha. Llegar a asesinar a una menor, colocarle uniforme, botas y prendas privativas de las Fuerzas Militares es gravísimo porque no pagamos impuestos para que en vez de cumplir con el deber se haga fechorías. Ante los mecanismos de Derechos Humanos esto es gravísimo”, recalcó Loperena.

Precisó, además, que espera que el pueblo conozca la verdad y sea reparado, aunque ya existen varias declaraciones de altos y bajos mandos sobre lo sucedido.

POR: REDACCIÓN/ EL PILÓN.