Melitona Quiroz sale desde su casa en el barrio Centro de Becerril del Campo, centro del Cesar. Camina hasta el límite oriental del municipio junto a cultivos de palma en donde vive el octogenario Julio Quiroz, un indígena yukpa que adoptó el nombre de su compadre José Antonio Quiróz, en medio de un agradecimiento como sólo puede manifestarlo la costumbre indígena.

En el camino, Melitona saluda de reojo a algunos de sus vecinos, otros le hacen señal de saludo desde las puertas de sus casas y muchos no saben quién es ella, ni los años de encierro y silencio que vivió su familia hasta hoy. La hija de don José Antonio Quiroz Rivero, el agricultor, líder social y político oriundo de La Paz, asesinado un martes santo aquel 14 de abril de 1987 por ser miembro de la Unión Patriótica, UP.

Ahora que el Gobierno Nacional tuvo la precaución de redactar el punto 2, Participación política: Apertura democrática para construir la paz, antecedido en el Acuerdo Final por el de Reforma Agraria Integral, los miembros visibles de la UP asoman la cabeza con temor, aunque con esperanza. Para las familias que vivieron la tragedia del exterminio la cosa es diferente.

“Nació un nuevo partido legalizado con personería jurídica, llamado Unión Patriótica, independiente de su origen, todos creyeron en esa propuesta y además ven un propósito para encontrar el sueño de igualdad social que precisamente acogió mi padre, sus firmes convicciones lo llevaron allá”, dice Eda Quiroz Durán, la menor de los cinco hijos huérfanos de padre, al explicar los motivos por los cuales Toño Quiroz, como se le conocía entre sus coterráneos, concurrió al llamado de la Unión Patriótica en 1985, luego del proceso de paz que el presidente Belisario Betancourt llevó a cabo con la guerrilla de las Farc en ese entonces.

No pasaron dos años desde el nacimiento de la UP cuando ya el asesinato selectivo rondaba a los miembros del partido, desde que el líder político Leonardo Posada Pedraza, fue abatido el 30 de agosto de 1986 en Barrancabermeja. El 14 de abril de 1987, reunido con algunos amigos en la esquina del restaurante Los Guaduales, cayó Toño Quiróz asesinado con sevicia. En su cuerpo se encontraron más de 10 disparos de pistola. El 7 de septiembre de ese año, cumpliría 59 años.

“Le gustaba tanto la política, pero a nosotros nos tenía ajenos del peligro. A él lo paraban constantemente la policía, los militares llegaban a la casa a decirle que si la guerrilla se metía al pueblo el pagaría las consecuencias y de todo eso se enteraba la familia. En las noches se metían al patio y revolvían las materas, entraban a la casa y preguntaban por las armas, que jamás encontraron porque no teníamos armas”, cuentan Eda, Melitona, sus hijas, y Berta Durán, la viuda que soportó aquellos años.

Toño Quiroz fue asesinado meses después de ser elegido como concejal de Becerril y cuando pretendían ingresar su féretro al recinto de la corporación para el homenaje acostumbrado, encontraron que nadie en ese municipio quería relacionarse con los políticos de la UP y sus familiares. Ese día el ejército apresó a Jairo Urbina, presidente del Concejo de La Jagua, también de la UP, y todo esto fue reseñado en las páginas del Diario Vallenato, dirigido por la periodista Lolita Acosta, a quien también amenazaron por su labor informativa.

“Cuando ellos comienzan a hacer campañas, alianzas políticas, interesados en las comunidades, buscaban servir, garantizar la igualdad social, a través de un partido nuevo porque él antes pertenecía a un partido de tradición”, agrega Eda Quiróz.

La lucha por la educación rural

Cuando el cuerpo de Toño Quiroz fue detenido en la entrada del Concejo Municipal, olvidaron que había sido fundador del Movimiento Cívico Popular en Becerril, a través del cual se concibieron logros en materia social como la creación de una escuela que luego se convirtió en el Colegio Departamental Julio César Turbay Ayala.

“Fue miembro de la junta organizadora de las festividades de La Paletilla en honor a nuestros indígenas yukpas, allí ayudó a muchas personas entre esas a quien fue cabildo gobernador indígena Julio Quiróz”, narra Eda.

“Los de la UP, guerrilleros”, decían entonces y nadie se imaginó que esos señalamientos serían una lápida para sus vecinos que pensaban diferente. Días antes del asesinato de Toño Quiroz, su hijo mayor que tenía 14 años fue detenido ilegalmente por militares que lo golpearon y lo señalaban de “guerrillerito”. Esas versiones de tortura y homicidio quisieron presentarlas las hermanas Quiroz Durán ante la Defensoría del Pueblo, pero les pidieron que narraran su historia, el registro se frenó al escuchar “víctimas de las fuerzas del Estado”.

El despojo y “revictimización”

“Mi papá decidió apartarse del partido Conservador por la no trascendencia de lo que estaba ocurriendo y cuando nace una nueva propuesta ven en esto un propósito”, agregan las hijas de Toño Quiróz. Antes, durante y después del asesinato del concejal de la UP, todos recordaban y señalaban la “mancha” de pertenecer a dicho partido, pero olvidaron que venía del partido Conservador en donde se hizo visible entre los becerrileros, pacíficos y otros cesarenses. Este detalle del panorama político no sirvió para aclararle a nadie que Toño Quiróz no era un guerrillero en armas, o cómplice de delitos contra el Estado, como mucho menos sirvió esto para que la clase política tradicional conservadora hiciera la salvedad sobre la dignidad del concejal. Era una “cacería de brujas”, antecedida por la frase “por ahí anda el carro Renegado Blanco, carpado, del DAS”.

Toño Quiroz y familia eran propietarios de 10 hectáreas de tierra en donde sembraban tomate, maíz y otros productos de pancoger y también tenían ganado, pero la persecución no respetó la propiedad y no se limitó a “borrar” de la escena política a los objetivos.

“En el 86 nos invadieron la tierra que teníamos, por pensar diferente y ser miembros de la UP, hoy esos predios se llaman La Candelaria”, agregan. Por supuesto nadie ha pagado nunca a las dueñas, que sí están tituladas.

La desaparición sin justificación ni respuestas

Al salir de la casa del yukpa Julio Quiroz, Melitona llega en medio de un lodazal ocasionado por el aguacero en las calles destapadas, al hogar de María Carrascal Miranda, esposa de Luis Manuel Simanca Sampayo, en una travesía por Becerril buscando a las familias de las víctimas, militantes de la UP.

Simanca Sampayo fue Inspector rural del corregimiento de Estados Unidos, antes de aquel 24 de septiembre de 2003 cuando fue desaparecido. A esas alturas de la historia de Colombia, ya habían asesinado a dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 3.500 de sus militantes, aunque algunas fuentes señalan que la victimas superan los cinco mil. Desde que Luis Manuel desapareció no se ha sabido nada de su de su existencia.

“Cuando él desaparece ya la UP estaba desmoronada, eso ya no existía aquí, solo algunos de ellos quedaban. A los que vienen saliendo lideres nuevos de la UP les digo, esta fue la última muerte de la UP aquí”, dice María resignada, aunque jamás ha visto los restos de Luis Manuel.

“El salió en bestia desde Estados Unidos hasta La Victoria y de ahí a La Jagua, allí lo agarraron. Yo creo en los versionistas que lo pasaron para Codazzi y “Cebollita” manejaba ese territorio”, manifiesta María al referirse a quien desapareció a su marido, el jefe paramilitar Luis Carlos Marciales Pacheco que hoy está preso en la cárcel de Cómbita.

“Yo me ofrecí para ir a hablar con ‘Cebollita’ y ellos (Gobierno) me dicen que no porque yo no soy abogada”, agrega María.

Años antes de su desaparición, Luis Manuel Simanca Sampayo fue fundador de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Progreso, jurisdicción de Becerril. Su familia hoy lamenta la pérdida irreparable, inexplicable en cuanto a los detalles del suceso pero no las causas, pero están orgullosos de la labor social que durante años ejerció Simanca Sampayo, desde que salió de su tierra Sudán, Bolívar.

Los Quiróz Durán y los Simanca Carrascal, familias de las víctimas de la UP apoyan el proceso de paz, cómo la salida al conflicto, las garantías de nunca, jamás, vuelva a ocurrir en Colombia lo que ellos vivieron en carne propia, hechos que solo imaginan desde el afán de las ciudades.

“Íbamos huyendo por una rastrojera porque por un lado no podíamos salir porque estaba el ejército y por el otro estaba la guerrilla. Era la vereda Las Mercedes, La Jagua, en donde dejamos tirado el ganado y la tierra”, dice María Carrascal Miranda, esposa de una víctima de la UP.

Andrés Llamas Nova / EL PILÓN