Hace pocos días vimos profusamente en redes y medios de comunicación tradicionales que habían detenido a un hombre de 64 años, en posesión de 22 botellas plásticas llenas de licor artesanal, conocido en Montería, lugar de los hechos, como ‘ñeque’, y en nuestros lares como ‘chirrinche’ o ‘churro’. La acción policial se presentó como un gran operativo, en el que se evitó la comercialización del ilegal producto, poniendo a salvo de una potencial intoxicación a la comunidad monteriana.

Al día siguiente se conoció que la Fiscalía General de la Nación imputó al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, por irregularidades en un contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE, firmado en el año 2015. La imputación da cuenta de por lo menos nueve inconsistencias, como falta de Estudios Previos, prepliegos amañados y deficientes, y presuntas omisiones de requisitos en las diferentes etapas del proceso de contratación.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia consideró que se había cometido los delitos: contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado. Destacando tres puntos: sobrecostos en los alimentos, mala calidad en las raciones y el valor del peculado. El monto tasado producto de las cuestionadas actuaciones asciende a $3.172’808.072. En el que se valoró cada kilogramo de hígado de res a $65.460, afirmación que de inmediato movió las redes sociales con memes, caricaturas y todo tipo de comentarios jocosos para recrear semejante exabrupto.

En el caso del gobernador muy seguramente no pasará nada porque la subjetividad del sistema de justicia colombiano hasta ahora lo ha favorecido, curiosamente así es, mientras que al humilde vendedor de churro le esperan largos días de confinamiento, atendiendo a la clasista sociedad que judicializa los delitos de bagatela cometidos por los más vulnerables, mostrándolos como un éxito del aparato punitivo del Estado, al tiempo que por complicaciones estructurales del mismo evita sancionar los delitos más elaborados, propios de quienes ostentan una condición social, económica o política de prominencia.     

La presentación del anciano infractor ante cámaras lo dice todo, pero surgen reflexiones que, sin condenar a priori a nadie, sí cuestiona la selectividad de la justicia colombiana. Teniendo en cuenta que uno de los fines de la privación de la libertad es que el sujeto investigado no siga cometiendo delitos, ¿cómo se explica que a unos ciudadanos se les prive de la libertad, por el peligro que representan para la sociedad al seguir delinquiendo (vender ñeque), mientras otros siguen en libertad y se les permite continuar ejerciendo funciones públicas por las cuales se les está cuestionando penalmente (firmar contratos PAE)? 

Mantener la inequidad en el derecho procesal sería casi como revivir la teoría de la Escuela de Criminología Positivista defendida por el médico siquiatra y criminólogo italiano Cesare Lombroso, quien buscó los orígenes de la criminalidad en la forma, rasgos físicos y biológicos del delincuente. La concepción del delito es el resultado de tendencias innatas, de orden genético y fisonómico de los infractores habituales. Teniendo en cuenta también factores externos importantes como el clima, densidad poblacional, grado de instrucción, posición económica, religión, etc.Muy posiblemente, en la impunidad selectiva de nuestro sistema judicial comienzan nuestros males, los cuales explotan en marchas, bloqueos y todo tipo de desmanes, los cuales repudiamos como métodos de protesta, así simpáticamente a algunos les guste cuando se desarrollan en regímenes contrarios a su ideario político, caso Venezuela y ahora Cuba. En todo caso, lo importante es que no olvidemos el principio de justicia que debe tutelar a las sociedades civilizadas, como elemento imprescindible para facilitar su convivencia. Un abrazo.

@antoniomariaA