Desde que a finales del mes de marzo la Presidencia de la República declaró la emergencia sanitaria en el territorio nacional, las autoridades gubernamentales tuvieron que optar por medidas para mitigar el impacto social, sin embargo, en el proceso las administraciones se han visto cuestionadas por los entes de control por presuntas irregularidades en la contratación.

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Entre las que se encuentra la Gobernación del Cesar y las alcaldías de Chimichagua, Curumaní y Chiriguaná, las cuales tienen contratos en etapa de indagación preliminar por aparentes anomalías a la hora de obtener y entregar mercados de ayudas humanitarias a la población, entre otros aspectos.

El primer contrato cuestionado de la Gobernación  no está relacionado a enfrentar la emergencia de la covid-19. Se trata del proceso de contratación número SAMC-SGR-010-2020 con el que se pretendió adquirir banderas o símbolos patrios por una cuantía de $100.000.000.

El contrato se iba a llevar a cabo mediante la selección abreviada de menor cuantía establecida en la Ley 1150 de 2007 pero se dio por terminado anormalmente después de convocarse la licitación pública según lo indicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

Para la entidad de control hay una posible inconveniencia del contrato porque no guarda relación con la urgencia manifiesta para tratar la crisis por el coronavirus.

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Otras averiguaciones están centradas en la celebración y ejecución de un paquete de  contratos por $2.645.000.000 con la Fundación Visión Caribe, Fundación para el Desarrollo Social de los Colombianos, Fubsocial,  Fundación por un vivir mejor y Fundación Abiezer del Cesar.

El ente de control precisó que en una visita realizada el pasado 22 de abril por investigadores de la Regional Cesar “evidenciaron que las sedes de las fundaciones para el Desarrollo Social de los Colombianos, Visión Caribe, Por un Vivir Mejor, y Abiezer del Cesar, que tuvieron a su cargo la ejecución de cinco contratos para la entrega de 20.900 kits de mercado, estaban desocupadas o  funcionan en casas de familia, situación que genera dudas respecto a la capacidad de estos proveedores para ejecutar los negocios jurídicos”.

Precisamente, por estos contratos dirigidos a entregar mercados en los municipios de Chimichagua, Becerril, El Paso y Valledupar, fueron suspendidas por tres meses del cargo la secretaria General de la Gobernación del Cesar, Lorena Paola Hernández Dangond, y  la jefe de la Oficina de Riesgo y Cambio Climático, María José Páez Díaz.

 Estos hacían parte de 37 contratos que tuvieron que ser suspendidos en el proceso de liquidación por decisión de la Procuraduría General de la Nación, puesto que son objetos de revisión tras la vinculación a indagación preliminar del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco.

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Por otro lado, La Procuraduría indaga un posible sobrecosto en la adquisición de los mercados e irregularidades relacionadas con la capacidad e idoneidad de los contratistas.

Esto teniendo en cuenta que los mandatarios sí están en condición de contratar de manera directa en los parámetros establecidos Ley 80 de 1993 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

La normativa establece que la escogencia del contratista debe ser por licitación o concurso público, salvo en algunos casos como la declaración de urgencia manifiesta, tal como la decretó el Gobierno nacional por la pandemia del coronavirus.

DOS DIPUTADOS INDAGADOS

Entre los contratos  los diputados Petra Romero y Raúl Romero Rodríguez son investigados por presuntamente aprovecharse de la adquisición y entrega de mercados con intereses políticos.

Al respecto, Raúl Romero indicó que no entiende la vinculación a indagación previa porque él no ha realizado contratación con nadie ni es ordenador de gasto, así como tampoco entregó mercados por parte de la Gobernación del Cesar.

“Solicité las pruebas que sustentan las quejas o denuncias porque yo no soy ordenador de gastos. No voy hacer campañas políticas a estas alturas de la vida en la que faltan más de tres años para un nuevo proceso y tampoco he entregado mercados ni he acompañado a ningún alcalde o gobernador”, afirmó el diputado Romero Rodríguez.

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Explicó además que sí otorgó algunas ayudas humanitarias por su cuenta personal y sin necesidad de realizar publicidad en la entrega.

“Los que llegué a entregar (unos mercados) fue de mi bolsillo y de mis propios ahorros, entonces no entiendo a la Procuraduría que me señale de algo que no tiene razón de ser”, acotó Romero.

¿CÓMO VAN LAS AVERIGUACIONES?

EL PILÓN  conoció que aunque todos los procesos se encuentran en indagación preliminar, en uno ya se dio inicio a la evaluación de pruebas y en tres se analiza la aplicación del artículo 160 del Código Disciplinario Único de Colombia, que consiste en que se puede solicitar la suspensión del procedimiento administrativo, actos, contratos o su ejecución.

La evaluación de pruebas con compulsa de copias es sobre la posible irregularidad en la conducta del gobernador del departamento, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, frente a los convenios de la covid-19.

Su gestión está siendo analizada por posibles “malos manejos en la contratación y del  uso de recursos destinados por la Gobernación del Cesar para atender necesidades de la población”, de acuerdo a lo informado por la Procuraduría.

Otros convenios que están siendo examinados teniendo a consideración el nombrado artículo son dos: uno que trata de la celebración y ejecución de un contrato para la entrega de productos en grandes cantidades para ser incluidos en los mercados por valor de $776.077.918 y uno sobre el suministro de kits de mercados adjudicado a personas naturales con establecimientos de comercio o sociedades mercantiles por valor de $11.157.465.490.

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LAS ALCALDÍAS

La Alcaldía de Curumaní está bajo el ‘foco’ de los entes de control por el contrato suscrito por $252.000.000 para el suministro de 2.000 kits de mercados con destino a las comunidades vulnerables.

Aunque recientemente el alcalde del municipio, Henry Chacón aseguró que mediante oficio de la Contraloría conoció que las averiguaciones no están enfocadas por un posible sobrecosto, la Procuraduría sí lo indaga bajo ese parámetro.  Al igual que lo hace con la Alcaldía de Chiriguaná por un contrato de ayudas humanitarias por valor de $ 228.913.080.

Finalmente, la Alcaldía de Chimichagua también es investigada por aparentes irregularidades por sobrecostos en la adquisición de mercados y posibles inconsistencias en la etapa precontractual, contractual y poscontractual del convenio pactado por $25.159.984.