De acuerdo a los reportes emitidos por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz, Indepaz, el departamento del Cesar no es un territorio donde predominen en los últimos años las masacres como la ocurrida recientemente en el municipio de Río de Oro, pero sí es un caldo de cultivo de violaciones de derechos humanos frente a las labores que adelantan los líderes sociales. 

En 2022, el departamento registró el asesinato de cuatro líderes sociales y una sola masacre ocurrida en el municipio de La Jagua de Ibirico donde mataron a mansalva a tres jóvenes. 

Las voces de los líderes que se apagaron fueron las de José Luis Quiñónez Villafañe, asesinado en el municipio de Tamalameque donde llevaba un proceso de reclamación de tierras; Uladi Emiro Vega García, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cimarrón del municipio de Río de Oro; Teófilo Acuña y Jorge Tafur, ambos asesinados por hombres armados en San Martín donde lideran procesos de restitución de tierras. 

Los escenarios de los crímenes son territorios en los que, según las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, predominan los grupos al margen de la ley o los hostigamientos. 

Además, desde el 2017 el ELN ha consolidado su accionar criminal en 91 municipios de varios departamentos del país, entre esos el Cesar. “Se encuentran dentro de los procesos de expansión, tránsitos permanentes o en disputa con otras fuerzas armadas (legales o ilegales)”, analizó Indepaz. 

No obstante, hay dirigentes que continúan luchando por las causas sociales ante el riesgo inminente de amenazas. 

“Muchas han sido las quejas y requerimientos que tienen los líderes sociales en el departamento del Cesar, por lo tanto, nosotros a través de la dependencia de recepción de trámites y quejas recibimos a diario requerimientos por parte de ellos que ponen de presente las amenazas u hostigamientos a los que son sometidos. Y para todos ellos nosotros activamos la ruta de protección con las entidades respectivas a fin que se les brinde protección”, manifestó José Rafael Hernández, defensor del pueblo Cesar. 

El panorama se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional donde en el 2022 asesinaron a 179 líderes sociales, así como también 70.267 personas sufrieron desplazamientos y 58 fueron víctimas de minas antipersonas. 

LAS MASACRES 

El año pasado hasta el primero de diciembre, Colombia vivió 91 masacres con 289 víctimas, 1 sucedida en el Cesar. Y durante el 2021 el país presentó 96 masacres con 338 víctimas, 2 ocurrieron en el Cesar, específicamente en los municipios de Pailitas y La Gloria. 

Ahora, en el inicio del 2023, el municipio de Río de Oro, sur del Cesar, fue escenario de la primera masacre ocurrida en el territorio nacional. 

Hombres armados acabaron con la vida de cuatro personas que se encontraban en el estadero de razón social ‘El Pentágono’ localizado sobre una vía que conduce al municipio de Ocaña, Norte de Santander. 

Las víctimas son Rodrigo Grimaldo Meza, propietario del estadero, su esposa Marlen Villamizar Rozo, el ciudadano Edwar Vaca y su esposa Mildred Ortiz Pérez. Todos fueron asesinados en estado de indefensión con arma de fuego y arma blanca.

“El departamento no es propiamente un territorio que se caracterice por tener gran número de masacres porque la dinámica social no ha sido así, de todas maneras, lo que hacemos nosotros frente a estas situaciones es focalizar la población que puede tener ese escenario de riesgo, como los líderes sociales”, puntualizó Hernández.

El foco de mayor violencia frente a homicidios colectivos el año pasado se concentró en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Arauca y Nariño. 

Mientras que, en la costa Caribe predominó en las regiones del Atlántico con 5 masacres, y el Magdalena y La Guajira con 4 masacres cada departamento.