El pasado 20 de mayo el Laboratorio por la Igualdad y el Desarrollo Sostenible, LIDES, institución constituida por personalidades de tendencia social demócrata que en las últimas semanas se ha dedicado a generar y debatir ideas sobre la mejor manera de aliviar los adversos fenómenos de la pandemia del coronavirus, promovió un conversatorio virtual sobre las finanzas territoriales.

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En ese evento tuve oportunidad de compartir análisis con Olga Lucía Acosta y con Amílkar Acosta, reconocidos expertos sobre estas materias. Mientras que mis contertulios se dedicaron a poner de presente la pronunciada caída de los ingresos de los entes territoriales (municipios y departamentos) y a comentar sugerencias para que ese hecho no precarice aún más la situación social en las regiones, a mí me correspondió ocuparme de las debilidades que hoy tiene el sistema de finanzas territoriales, con o sin pandemia.

Análisis cuya apretada síntesis gustosamente aquí comparto con los lectores de EL PILON. Señalé en el evento que las finanzas territoriales son débiles por lo escaso de sus recursos, porque la legislación hoy existente no señala de manera clara, expedita y directa cómo asignar esos recursos y porque las normas limitan de manera indiscriminada la autonomía de las entidades territoriales para fijar las prioridades del gasto.

Ejemplifiqué esa primera debilidad señalando que los gobernadores y alcaldes tienen cuatro fuentes de recursos para financiar sus gastos: el Sistema General de Participaciones, SGP, el Sistema General de Regalías, SGR, los recursos propios y el endeudamiento, cuando es el caso. El hecho cierto es que la asignación que se hacen de tales recursos es desordenada y fragmentaria ya que la legislación aplica en particular a cada uno de ellos y no a su totalidad, como debería ser el caso. Caricaturicé ese estado de cosas anotando que gobernadores y alcaldes ejecutan el gasto público sacando esos recursos de cada uno de esos cuatro bolsillos sin tomar en consideración, porque así lo establecen las normas legales, lo que se hace con los otros.

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La segunda debilidad del sistema de finanzas territoriales consiste en que se legisla de manera homogénea para regiones económica, técnica y culturalmente muy diferentes, y ejemplifiqué diciendo que, en lo básico, la legislación del SGP es la misma para Bogotá que para un municipio de veinte mil habitantes.

El tercer problema es que también la legislación es homogénea al distribuir los recursos de las regalías, con independencia del municipio en donde se generan y del valor que tiene en cada uno de ellos. Se legisla igual para distribuir las regalías que produce el carbón en La Jagua de Ibirico, que son más de $400 mil millones de pesos al año, que en el municipio que genera cinco millones de pesos anuales por la explotación de una cantera para materiales de construcción.

Terminé mis anotaciones diciendo que además de procurar el alivio de la situación actual de la precaria situación de las regiones, es indispensable legislar para remediar esas carencias estructurales del sistema de finanzas territoriales, para lo cual se deberán redefinir sus bases mediante:

1) la creación de un fondo único para el gasto territorial, al cual concurran en igualdad de condiciones los recursos del SGP, los del SGR, los recursos propios y los del endeudamiento cuando sea el caso.

2) Establecer prioridades diferenciales de gasto de acuerdo con las condiciones económicas y sociales de los territorios.

3) Establecer un grado de autonomía también diferencial de acuerdo con esas características.

4) aprovechar la reglamentación legal del Acto Legislativo 05 de 2019 reformatorio del SGR para introducir algunas de las anteriores ideas en la legislación, empezando por eliminar el engendro de los OCAD y la detallada función de supervisión del Departamento Nacional de Planeación, DNP, sobre el gasto territorial.

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Decisión esta última que facilitaría que la tarea primordial de esta última entidad fuese estudiar y orientar la creación de instrumentos de política pública para que departamentos y municipios se dediquen a fortalecer su base productiva y, por ende, a crear más y mejores empleos en sus territorios.

De esta suerte, finalicé diciendo, que el DNP volvería a las ideas primigenias que dieron origen a su creación y ayudaría, por ejemplo, a los habitantes de Pueblo Viejo, el pequeño municipio del Magdalena cercano a Ciénaga, al fortalecimiento de su base económica sin que técnicos del nivel central de la administración tengan que dedicarse a determinar cuál es la tasa de rentabilidad monetaria de la remodelación del cementerio de ese poblado para juzgar si se ejecuta o no dicho gasto.

Lo cual presento aquí no como un ejemplo abstracto, sino como la demostración plena de lo absurdo y estrambótico que es que el poder central supervise y dirija hasta esos extremos el gasto territorial.

Por: Antonio Hernández Gamarra