Más de año y medio ha transcurrido desde que inició la novela de los 16 exconcejales de Valledupar con la Procuraduría General de la Nación.

Ahora se abre un nuevo capítulo y es que todo indica que los 16 excorporados rechazarán la propuesta de conciliación  hecha por la Procuraduría (ya la rechazaron ocho de ellos, según comentan) e irán a las vías judiciales reclamando una reparación mayor ante “los daños económicos y morales causados” por la decisión de la Procuraduría de suspenderlos e inhabilitarlos para ocupar cargos públicos por 12 años, sanción que se conoció en diciembre de 2018.

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Pero ¿cómo inició todo? El 28 de febrero de 2017 Omar Contreras fue elegido contralor de Valledupar. En esa sesión, Contreras logró 16 votos a favor, dos concejales votaron en blanco y uno se ausentó por excusa médica.

Señalando que Omar Contreras estaba inhabilitado por haber ejercido como defensor regional del pueblo el año anterior, la Procuraduría Regional del Cesar lo sancionó e inhabilitó por 12 años, seis meses antes también había sancionado a los 16 exconcejales que votaron por él.

Luego, en segunda instancia, en mayo del 2019, se confirmó la decisión y en octubre se ejecutó dicha inhabilidad y los 16 concejales debieron salir del recinto y ceder sus sillas a los compañeros que seguían en las listas. Además, en un comienzo, la sanción significaba casi el fin de las carreras políticas de todos.

DECISIÓN DE LA CORTE

Pero en diciembre del año pasado la serie dio un giro. A través de la Sentencia SU-556/19, la Corte Constitucional decidió dejar sin efectos la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad de la elección de Omar Contreras, porque esta, aseguró la Corte, “vulneró los derechos del señor Omar Contreras al debido proceso y de acceso al desempeño de funciones de cargos públicos al declarar la nulidad de su elección pues al momento de su elección no se encontraba inhabilitado”.

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Enseguida, como un juego de dominó, al no estar inhabilitado Contreras, también quedaría sin piso jurídico la sanción impuesta sobre los 16 exconcejales. Desde entonces los corporados, explicaron varios de ellos, han insistido para que la Procuraduría General borre del sistema la inhabilidad, sin embargo, sigue vigente.

“El acto administrativo que nos inhabilitó tomó firmeza el día 10 de octubre del 2019. La única forma de reversarlo es con una solicitud de revocatoria directa y con un acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Ya la revocatoria directa se solicitó a principios del año, pero la Procuraduría General no ha dado respuesta a esa solicitud”, comentó Leo Mestre, exconcejal y abogado.

 En este, Mestre fue citado el lunes 11 de mayo por la Procuraduría 47 Judicial para la audiencia de conciliación con la misma entidad. Ese día, como quedó registrado en el acta, el representante del ente de control propuso al concejal, como parte de la conciliación, la revocatoria de las sanciones impuestas más el pago resarcitorio del valor de las sesiones que no asistieron desde que se ejecutó la inhabilidad. Entre noviembre y diciembre fueron 19 sesiones, por lo tanto la Procuraduría ofreció $8.012.281, propuesta que el excorporado rechazó.

“Le dijimos al procurador judicial y al abogado de la Procuraduría que estaríamos dispuestos a hacer una conciliación parcial que consistiría en que nos retirara el reporte del sistema de inhabilidades y que las demás pretensiones se  debatieran en un escenario judicial, en este caso el Juzgado Administrativo de la ciudad de Valledupar. Pero la Procuraduría no accedió porque ellos aseguran que no hicieron ningún daño porque señalan que ellos solo tomaron una decisión basados en una jurisprudencia del Consejo de Estado”, agregó Mestre.

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Fue así como tomó la decisión de tomar la vía judicial, esto es, demandar a la Procuraduría General exigiendo la reparación por los daños morales y económicos causados por la inhabilidad y sanción interpuesta en diciembre del 2018. 

Similar decisión tomó el exconcejal por el partido Liberal Yesith Triana. “Como es de ley antes de la entrada a la demanda, la Procuraduría está haciendo una conciliación. La Procuraduría ofrece quitar la inhabilidad y dar $8 millones de indemnización. Nosotros no estamos aceptando: todos los que han llamado no han aceptado. Preferimos irnos a la demanda. No están reconociendo ni todos los daños materiales ni tampoco los daños morales que ocasionaron a nosotros y  a nuestros familiares; además que nos resarzan nuestros derechos políticos”, señaló Triana.

A esas quejas se suma que ninguno de los 16 exconcejales, casi todo con aspiraciones de reelección, pudo participar en las elecciones regionales de octubre del 2019.

A ellos  se sumó el exconcejal Carlos Picón quien aseguró que se hará una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y también una de reparación directa.  Para este jueves estuvo citada la exconcejal Gloria Ovalle, quien explicó que de presentarse similar propuesta, también la rechazaría.

“Prácticamente la propuesta es una extorsión. Ellos no quieren resarcir el error tan grande que cometieron con nosotros y no lo quieren aceptar. Gracias a Dios salió el fallo de la Corte Constitucional y ellos desde enero debieron de oficio revocarnos la sanción: Omar Contreras no se encontraba inhabilitado”, señaló Ovalle.

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REPARACIÓN MILLONARIA

La demanda de nulidad y restablecimiento de derecho, explicaron abogados, como se lee, consiste en la nulidad del acto administrativo que sanciona a los exconcejales y el restablecimiento de derecho que es la parte resarcitoria, compuesta por los perjuicios morales y los servicios materiales.

Los perjuicios materiales tienen una división, según el Código Civil, en daño emergente y lucro cesante. El daño emergente corresponde a los gastos que se incurre en el proceso y el lucro cesante lo que se dejó de ganar, en este caso los $8 millones de la sesiones.

La parte más interesante, explican los exconcejales, son los perjuicios morales, que es el daño psicológico que sufre el afectado y los familiares. Ya el Consejo de Estado estableció unas tablas y dice que para determinados familiares se pueden indemnizar o reparar hasta cierto monto.

En ese punto, los excorporados preparan una lista de familiares que consideran fueron afectados por la decisión. Según Leo Mestre, en su caso particular solicitó que se repararan a 13 familiares, alrededor de 1.300 salarios mínimos legales vigentes. 

Todo indica que los otros compañeros solicitarán reparaciones similares. Así, la suma demandada a la Procuraduría podría superar hasta los $10.000 millones, según comentó uno de los que presentará demanda. A ellos, seguramente, se sumaría el excontralor Omar Contreras.

Así las cosas, inicia un nuevo capítulo en la novela de los 16 exconcejales de Valledupar con la Procuraduría, pero en este caso cambian los papeles, porque el acusado será el ente de control.

Por: Deivis Caro / EL PILÓN