Reina un ambiente de tensión en la ciudadanía de Valledupar por el anuncio de la marcha que el pueblo arhuaco planea llevar a cabo el próximo 21 de diciembre y que podría extenderse por varios días en esta capital, la cual aspira congregar hasta 10 mil indígenas y bloquear las principales vías de acceso de la ciudad.

Independiente de las razones que los hermanos indígenas tienen para protestar, aquí llama mucho la atención varios aspectos que parecieran contradictorios frente a sus propios objetivos en razón a que no se puede reclamar nuestros derechos violando los derechos de los demás, en este caso, los de la comunidad de Valledupar que desea desarrollar con normalidad las novenas navideñas y demás festividades de fin de año.

¿Por qué una marcha de esas proporciones en Valledupar justo en esta fecha o temporada? es la pregunta que muchos nos hacemos y que pone sobre la mesa una serie de inquietudes y tensiones que reflejan las falencias que en los últimos tiempos ha venido registrando el Estado colombiano frente a su compromiso de garantizar el cumplimento de los derechos a todas las comunidades, incluidos los pueblos indígenas, en este caso los arhuacos de la Sierra Nevada.

Si bien el derecho a la protesta es un principio fundamental en cualquier democracia, la fecha y las circunstancias de esta manifestación no dejan de generar preocupación, tanto para los organizadores como para los habitantes y autoridades locales.

Se nos ocurre pensar que la fecha elegida por los arhuacos no es casual. Dicen nuestros historiadores que el 21 de diciembre tiene una resonancia simbólica para los pueblos indígenas, vinculada a su cosmovisión, tradiciones y espiritualidad. En el caso de los arhuacos, esta fecha representa un hito en el calendario sagrado de su pueblo, para ellos es el Día del Sol, lo que otorga un sentido profundo y trascendental a la marcha. Sin embargo, este tipo de convocatorias, aunque legítimas desde el punto de vista de los derechos indígenas, no siempre cuentan con una comprensión generalizada en la sociedad, lo que puede generar tensiones con aquellos que no comparten la misma visión, tal como está ocurriendo en estos momentos en Valledupar.

Así las cosas, la situación le plantea a las autoridades, tanto locales como nacionales, una enorme responsabilidad con dos puntos extremos: por un lado, permitirles a los arhuacos el justo reclamo por el reconocimiento de sus derechos, la protección de sus territorios y el respeto por sus costumbres ancestrales; pero por otra parte, tener la capacidad de diálogo con una sociedad que no siempre está dispuesta a entender la carga histórica y cultural de este tipo de manifestaciones. A la que además hay que garantizarle seguridad y control del orden público.

Es urgente encontrar soluciones frente a tan preocupante anuncio, estamos hablando de una movilización de 10 mil personas en Valledupar, una ciudad que no está acostumbrada a marchas de esta magnitud y que estará bajo la amenaza de bloqueo de calles y de sus vías de acceso, eso sin duda alguna podría paralizar la economía local, interrumpir la actividad diaria de miles de ciudadanos y generar posibles enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades locales.

Ese ambiente de tensión puede mitigarse con acciones previas por parte de las autoridades, las que además ayudarán a los gobiernos locales a no verse superados por la magnitud de la protesta.