La decadencia sucesiva del principal hospital del centro del Cesar, hospital regional San Andrés, es el último golpe al sector salud del departamento. Las deudas hicieron insostenible al centro asistencial de segundo nivel de Chiriguaná y la Superintendencia de Salud debió intervenirlo. Desde 2016 en el centro del Cesar no hay un hospital que ofrezca los servicios de segundo nivel.

Pero ‘la mala hora’ no es una situación exclusiva del hospital de Chiriguaná, que registra pasivos de $25.000 millones de pesos. Dentro de la red de hospitales públicos del Cesar que la conforman 28 hospitales en los 25 municipios, hay otros seis centros de salud de primer nivel calificados en riesgo financiero, el paso previo a la intervención: los hospitales de La Gloria, Tamalameque, Becerril, Pelaya y el Idreec, que cuenta como Empresa Social del Estado. Riesgo financiero que nace de la corrupción y la mala gerencia en el manejo de los gastos, señalan expertos.

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“Es un tema gerencial. Lo que ha pasado es resultado de gerencias débiles que no han sido capaces de equilibrar sus gastos con sus ingresos. Le ingresa un peso y se gastan tres. Chiriguaná tiene un problema de gasto desde hace 12 años. Se ha venido advirtiendo a los hospitales: ojo con el recaudo, ojo con su producción, pero no cambian sus políticas”, aseveró el secretario de salud departamental, Jorge Juan Orozco.

Esa debilidad gerencial, explica el funcionario, limita los ingresos. Por ejemplo, en el caso de la facturación de los servicios. El hospital San Andrés de Chiriguaná cuenta con casi 30.000 inscritos en el régimen subsidiado, por los cuales la Nación gira alrededor de $850.000 anuales per cápita, dentro del régimen subsidiado.

Ese dinero es girado a las administraciones municipales, que lo envían a las Empresas prestadoras de Salud, EPS. Los hospitales luego de prestar los servicios deben facturar a las EPS para que estas les giren esos recursos por los servicios prestados. Sin embargo, los hospitales están fallando en la facturación.

“El gerente debe crear un buen sistema de facturación y un buen sistema de auditoría y radicar oportunamente las facturas en las EPS. Cuando el gerente rompe esa cadena de gestión va perdiendo el año porque prestas el servicio y no te lo pagan”, agregó el secretario de Salud.

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Por eso, las deudas de los hospitales crecen hasta hacer insostenibles a los centros de salud. Por eso, a corte del 31 de diciembre de 2018 la deuda de las EPS con la red hospitalaria alcanzó los $250.000 millones.

Incluso dos hospitales, Rosario Pumarejo de López de Valledupar y José David Villafañe de Aguachica, entran en el grupo de las entidades con mayores acreedores reportados en el departamento.

“Ellos (hospitales) tienen que estar radicando facturación los primeros 20 días del mes siguiente de prestado el servicio, pero no, duran meses sin facturar. Ellos dicen que las EPS nos tienen quebrados pero sus procesos de facturación tienen muchas deficiencias”, señaló Vera Cepeda, gerente de la Nueva EPS.

La raíz de las deficiencias de algunos hospitales está en su manejo político. Una vez llegan al cargo mandatarios municipales comprometidos deben pagar favores y los hospitales se convierten en fortines políticos. “A veces llegan personas sin preparación técnica”, agrega Cepeda.

“LAS EPS DILATAN”

El estudio semestral de la Asociación Colombiana de Clínicas y hospitales reveló que la deuda a los hospitales y clínicas por la prestación de servicios de salud llegó a los $10.1 billones, de los cuales el 59,1 % es deuda morosa, esto es mayor a 60 días con corte a diciembre 31 de 2018, en una muestra de 207 instituciones.

En ese mismo camino, el exgerente del hospital Marino Zuleta Ramírez de La Paz, Josué Gutiérrez, señaló que la crisis financiera de los hospitales en el Cesar y el país tienen un protagonista: las Eps.

“Cuando salí de la gerencia las EPS debían $4.200 millones. La pregunta es cómo se sostiene un hospital así, es muy difícil. También se acepta que en algunas instituciones hay corrupción y cuando uno quiere hacer las cosas bien a lo último toca renunciar”, señaló.

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Más allá del reconocimiento de los errores administrativos, los gerentes acusan que desde las EPS la política principal es dilatar los pagos. En un caso, contó un gerente, la EPS no destinó el dinero porque envió las facturas desde Servientrega y los de la EPS le dijeron que era 472, “que las enviara de nuevo”.

“Situación que empeora cuando liquidan las EPS y quedan con deudas con los hospitales. ¿Quién nos responde?”, expresó Josué Gutiérrez. En ese grupo de EPS bajo alguna medida de la Supersalud, sea intervención, proceso de liquidación, liquidadas y en venta, adeudan a los hospitales y clínicas $4,7 billones en el país.

En la otra posición, los directivos de las EPS aseguran que el manejo político de los hospitales impide la continuidad de los procesos. “En los hospitales, como son de manejo de los alcaldes, hay mucha rotación de los gerentes. La gente de facturación es la gente que más sale. Cuando alguien está aprendiendo a facturar cambian el personal y llega otro que no sabe. Yo he tenido hospitales como el de Manaure, que demoró un año sin facturar”, detalló Vera Cepeda, gerente de la Nueva EPS.

Además contó el caso del antiguo gerente del hospital de Tamalameque, que en tres años no facturó el cobro de los servicios prestados y hoy el hospital está en riesgo financiero. “La cartera que demandan los hospitales nunca concuerda con la realidad, porque presentan errores en la facturación”, agregó.

LA MANO DURA

En el Cesar la red hospitalaria está conformada por 28 hospitales, cuatro de ellos en Valledupar y dos en Aguachica. La red está programada para que en los puntos estratégicos, norte, centro y sur del departamento, haya un hospital prestando el segundo nivel de atención.

No obstante, los malos manejos del hospital San Andrés de Chiriguaná tienen al centro del Cesar sin segundo nivel desde hace casi dos años. Por eso, los pacientes de casi siete municipios deben viajar hasta Valledupar o Aguachica.

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Los otros cinco centros de salud declarados en riesgo financiero pueden repetir la historia del segundo nivel de Chiriguaná. Una vez los hospitales son declarados en riesgo financiero, el Ministerio de Salud pasa el reporte al Ministerio de Hacienda desde donde dirigen el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para saldar los pasivos. Todo indica que es el destino de los hospitales de los cuatro municipios declarados en riesgo.

“No nos han notificado pero creemos que los mandarán a construir el Programa de Saneamiento. Cuando se les ordene, nosotros como Secretaría brindamos asistencia técnica”, explicó el secretario. De no mejorar los comportamientos financieros de los hospitales, ingresa la Superintendencia de Salud a intervenir.

El trato de la Supersalud es diferente. Si el Ministerio de Hacienda no viabiliza los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero de los hospitales de La Gloria, Tamalameque, Becerril y Pelaya, la Supersalud podría tomar la decisión de intervenirlos de forma administrativa, retirando todo el personal gerencial o en caso más radical, una intervención de liquidación: se compran las carteras, el hospital como tal desaparece y enseguida se inicia la búsqueda de un tercero que preste el servicio, o en otra posibilidad se realiza una fusión.

“Son temas bastante delicados, pero son políticas de la Supersalud, no son ni del gobernador, ni del alcalde, ni el secretario de Salud, son políticas nacionales”, explicó el secretario de Salud departamental.

Es el caso del hospital de Chiriguaná, donde se inició una licitación pública para buscar un tercero que preste el servicio de segundo nivel, mientras que el primer nivel sigue en mano de la administración pública. Todo indica que el nuevo propietario será un privado. 
De las mejoras en las políticas gerenciales para el pago de los servicios prestados depende que los hospitales no caigan en el calvario de las intervenciones y por supuesto “acabar con la creencia que los hospitales son para dar empleo”, cerró el funcionario.

Por: DEIVIS CARO DAZA / EL PILÓN
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