Después de conocerse que los exmilitares que reconocieron los ‘falsos positivos’ del Batallón La Popa no pagarían cárcel como sanción restaurativa, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, hizo la primera notificación sobre el caso con pertinencia étnica a los pueblos indígenas de los departamentos del Cesar y La Guajira. 

El encargado fue el magistrado Oscar Parra, quien dialogó con los pueblos wiwa y kankuamo de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como con las comunidades indígenas de San Juan del Cesar y Los Haticos, en La Guajira, con miras a las sanciones restaurativas que se impondrán. 

“Con esta notificación se inició un diálogo con las víctimas para explorar escenarios restaurativos y proyectos de sanciones propias para los máximos responsables de los crímenes de guerra y lesa humanidad que ocurrieron aquí”, manifestó Parra. 

En esta resolución entregada hay un pronunciamiento judicial sobre los 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas que perpetró el Batallón de Artillería N°2 La Popa entre los años 2002 a 2005. 

“El hecho de que la JEP haya venido a La Guajira para notificarnos la resolución me parece un acto de buena fe. Que hayan llegado hasta nuestro territorio nos facilitó aclarar inquietudes y lo que sigue en el proceso”, dijo Jesús Oñate, miembro wiwa.