La aguda crisis que afronta Venezuela tiene tres aristas fundamentales, la política, la económica y la social, con una gran imbricación entre ellas tres. Desde 1999 empezó a gestarse en Venezuela lo que denomina acertadamente el sociólogo argentino O´Donnell la “democracia delegativa” o de “baja intensidad”, que llevó a los venezolanos a delegar todo el poder de decisión en las manos de un líder mesiánico, carismático y providencial, como lo fue en vida Hugo Chávez Frías. Y ello fue posible por el desencanto del pueblo y su desapego a la institucionalidad, a consecuencia de la corrupción rampante y el desprestigio de la política y de los políticos tradicionales.

El “socialismo del siglo XXI” que preconizó Chávez y profundizó Maduro ha conducido a Venezuela a un callejón sin salida y ha trocado a Venezuela en un Estado fallido. De hecho, Venezuela ocupa el puesto 117 entre 167 países calificados por The Economist Intelligence Unit y Ecoanalitica en el Índice de democracia, con una puntuación de 3.87 sobre 10.

Es bien sabido que la política es la expresión concentrada de la economía, no se pueden separar la una de la otra, pretender separarlas sería como intentar aplaudir con una sola mano. La economía sigue la suerte de la política y esta, la de aquella. La política económica durante el largo período de la llamada “revolución Bolivariana” ha sido un desastre, pues lejos de superar las dolamas que agobiaban a la economía a consecuencia de su total dependencia del petróleo, se acentuaron. Sus exportaciones de crudo representan el 96 % de las exportaciones totales y de allí que mientras el precio del mismo superaba los US $100 el barril, la bonanza de los petrodólares alcanzaba para dar y convidar. Pero esta es sólo una cara de la moneda.

Como bien dijo Warren Buffet, “cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo” y eso pasó con Venezuela. Después de exportar crudo a US $246.50 el barril en junio de 2008, su precio llegó a rozar los US $25 en enero de 2016, para luego repuntar en el 2017 hasta alcanzar el precio promedio de US $52.10 el barril, muy lejos de los añorados US $1002.

Este descalabro de la industria petrolera en cabeza de la estatal PDVSA ha arrastrado a la economía, hundiéndola en una profunda recesión, en la que se combina una caída del crecimiento del PIB del 15 % en el 2017 con una hiperinflación sin par en el hemisferio de 2.616% (¡!), según el FMI, el único país en el mundo con inflación de cuatro dígitos. Se estima que Venezuela ha perdido 40 % de su PIB en los últimos 4 años, durante los cuales se ha venido destruyendo su aparato productivo. El férreo control de precios por parte del Gobierno, la intervención del mercado y las medidas confiscatorias que se han tomado sólo han servido para provocar el desabastecimiento de los productos básicos y el saqueo del comercio por parte de turbas enardecidas para hacerse a ellos. Esta espiral alcista ha dado al traste con el poder adquisitivo del Bolívar “fuerte”, al punto que la tasa conocida como Dicom, ahora la única oficial, que se cotizaba en agosto de 2017 a 4.146.13 bolívares por Euro, pasó ahora a transarse, con el “Nuevo Sistema de Cambio Complementario”, por disposición del Banco Central, a 30.987.5 bolívares (¡!).

LA CRISIS HUMANITARIA

Los estragos sociales de esta debacle política y económica no se hicieron esperar y como siempre quienes llevan la peor parte son las poblaciones más vulnerables. Aunque según cifras oficiales el desempleo en 2017 bajó al 6 %, frente al 7.5 % del año anterior, estas cifras contrastan con las del FMI, según las cuales el desempleo en Venezuela pasó del 18.1 % en 2016 a 21.4 %, según sus proyecciones. El envilecimiento de las finanzas del Estado corre parejo con la pauperización del grueso de su población, siendo la clase media la que ha llevado la peor parte, debido a la precarización de su ingreso y a la pérdida del poder adquisitivo de este. Es como si se hubiera producido un aplastamiento colectivo, bajo el peso de la mediocridad del crecimiento de la economía y la falta de oportunidades, lo cual se traduce en un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, siendo la falta de acceso a la salud el más crítico. Ello explica el incontenible éxodo de familias enteras desde Venezuela hacia Colombia, el cual tuvo su primera manifestación en agosto de 2015 cuando el Presidente Maduro resolvió por sí y ante sí, unilateralmente, cerrar la frontera con Colombia pretextando conjurar un supuesto complot urdido contra él desde Colombia. En esa ocasión más de 2.000 colombianos residentes en Venezuela fueron expulsados o forzados a abandonar el país que los había acogido en momentos en los que Colombia registraba el mayor número de desplazados, por cuenta de la violencia que azolaba al país.

Según cifras oficiales 2.5 millones de colombianos cruzaron la frontera con Venezuela, huyendo despavoridos de su propio país en procura de amparo y socorro. Pero a medida que la crisis económica y social se profundiza en Venezuela el número de personas que la abandonan en busca de refugio en Colombia o llegan en tránsito hacia otros países limítrofes, es mayor. En este sentido los últimos dos años fueron particularmente críticos, a tal punto que el flujo migratorio de venezolanos hacia Colombia, según Migración Colombia, supera los 550.000, lo cual representa un incremento del 110 % entre los años 2016 y 2017. Eso es una barbaridad. Y esa cifra está lejos de la real realidad, pues corresponde sólo aquellos que han sido objeto de registro y el número de los que han ingresado ilegalmente puede ser el doble. Y no es para menos, dado que a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera se sabe de la existencia de más de 280 pasos a través de los cuales hacen su tránsito hacia Colombia personas y mercancías de contrabando bajo la mirada complaciente de funcionarios corruptos que hacen parte de bandas organizadas que medran a la sombra de la ilegalidad. Es de anotar que esta avalancha de migrantes hacia nuestro país no está integrada solamente por venezolanos, que en un porcentaje aproximado al 60 % tienen vínculos con Colombia y los colombianos, sino también por colombianos residentes en Venezuela que ahora está de vuelta, estimándose en un 35 % del total de quienes ahora deambulan por las calles de las ciudades, atiborran los semáforos y convierten sus parques en improvisados campos de refugiados. Los siete departamentos de Colombia que comparten frontera con Venezuela se están viendo a gatas para atender esta calamidad pública, pues no están preparados para asumir semejante responsabilidad. Y el Gobierno Nacional está llegando tarde a atenderla, en momentos en que esta marea humana se ha salido de control, previéndose que lejos de amainar la situación tiende a agravarse a medida que agudiza la crisis en Venezuela.

El Gobierno Nacional tiene que entender que la problemática en las fronteras no es un asunto fronterizo del cual se puede desentender. Aunque tarde, el Gobierno Nacional terminó pellizcándose y entendiendo la magnitud de esta crisis humanitaria, como la calificó el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y en atención a ello convocó una Cumbre para tratar de darle respuesta a la misma. Al hacerlo el Presidente Juan Manuel Santos manifestó que “Colombia nunca había vivido una situación como la que está viviendo hoy en esta materia”. Admitió, además, que algunas de las medidas que se habían tomado se tornaron ineficaces, especialmente la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), que debían portar los venezolanos que entraban en procura de alimentos y productos básicos y luego retornaban a su país. Tal instrumento se le salió de las manos a las autoridades, pues de 30.000 venezolanos que era la población objetivo, el mismo terminó acreditando a un millón 500 mil. Por ello se determinó congelarla, limitando su beneficio a quienes ya la portan. Se dispuso, además, la creación de una fuerza especial, integrada por 2.120 más de soldados y agentes de policía que tendrá por encargo el control de los pasos fronterizos por donde transitan los ilegales.

De ahora en adelante los venezolanos que se encuentren en territorio colombiano y no cuenten con el Permiso Especial de Permanencia (PEP) tendrán que legalizar su situación, al tiempo que quienes ingresen deberán sellar su pasaporte. Estas medidas, si funcionan, sólo tienen el cometido de evitar que sigan entrando más personas por el conocido “camino verde”, pero no se ocupa de quienes ya están en el país. Esta medida se complementa con la conformación del Grupo Especial Migratorio (GEM), del cual harán parte la Policía Nacional, Migración Colombia, el ICBF y la DIAN, que se ocupará de hacer respetar los espacios públicos, como parques, calles, andenes y terminales de transporte, en donde pululan los migrantes a falta de centros de acogida o albergues temporales. De estos últimos sólo se sabe que por cuenta de las Naciones Unidas se instalará en las inmediaciones de Cúcuta un Centro de atención al migrante con capacidad para atender 2.000 personas y nada más. Vemos, entonces, con preocupación que el Plan de contingencia que se esperaba desde la frontera, tan distante de Bogotá que es en donde se toman las decisiones, para enfrentar la enormidad de esta crisis terminó reducido a un Plan de contención del flujo migratorio y nada más. Implementarlo será la misión encomendada al exdirector del Das, Felipe Muñoz, a quien designó el Presidente Santos para gerenciarlo. Estas medidas podrán ser necesarias, pero son claramente insuficientes para enfrentar esta problemática tanto en su magnitud como en su complejidad, ahora que la crisis ha tocado fondo. Se quedaron cortas.

Por Amylkar D. Acosta Medina.