Eran las 10 de la noche del 24 de octubre cuando Alberto Mario Ariño Tarriba, un joven abogado de 25 años, salió como todos los viernes de dejar a su novia en casa tras compartir un día con ella. Tomó su motocicleta, ajustó el casco, el chaleco reflectivo y emprendió el camino desde Candelaria Norte hacia su vivienda, ubicada en la unidad campestre Las Marías, vía Valledupar-La Paz. Nada fuera de lo común. Nada que anunciara que aquella sería su última ruta.
Valledupar parecía tranquila. El clima fresco de octubre soplaba sobre la avenida, los árboles apenas se movían, y el camino conocido para Alberto Mario era también, en apariencia, seguro. Pero a pocos kilómetros, un grupo de motociclistas había convertido el tramo en una pista improvisada, una más de esas “rodadas” clandestinas que se citan por WhatsApp como si se tratara de encuentros inofensivos.
Ese cruce de destinos —el de un joven que respetaba las normas y el de quienes las ignoran sin medir consecuencias— terminó siendo mortal.
“Se está tardando más de lo normal”: el presentimiento de una novia
Laura Guerra, su compañera sentimental, lo recuerda todo con precisión. Recuerda la cena, el helado, el gesto cariñoso con el que él quiso despedirse antes de ir a reconciliarse con una tía. Recuerda también la ubicación en tiempo real en su celular, la que siempre activaban por seguridad. “Se montó en la moto, me dijo que me amaba, me dio un beso y que nos veíamos mañana si Dios se lo permitía”, relató.
Minutos después de la despedida, algo no cuadraba. “Me di cuenta de que se estaba tardando más de lo normal”, relata Laura. La aplicación lanzó una alerta de exceso de velocidad y, de inmediato, el corazón se le comprimió. Llamó una, dos, tres veces… Alberto Mario no contestó.
Cuando sonó el teléfono, no era él. Era la mamá de Alberto.
—¿Mario está contigo?
La respuesta de Laura fue un golpe helado: no, él ya debía estar llegando a su casa.
Al otro lado de la línea, la frase que lo cambió todo:
—Acaba de ocurrir un accidente frente a Las Marías… y creen que es él.
La escena: motos tiradas, jóvenes heridos y una ciudad sin control
Lo que encontraron los familiares en la Clínica Alta Complejidad, luego de un recorrido desesperado por varios centros de salud —pues había sido ingresado como NN— fue un diagnóstico devastador: Alberto Mario estaba en estado crítico a causa de un shock interno. Una hora después, cayó en código rojo. A la una de la madrugada de aquel 25 de octubre, los médicos confirmaron lo que nadie quería escuchar: había muerto.
Las versiones que llegaron desde el sitio del siniestro eran aún más indignantes. Sus familiares y amigos cuestionan que, en la escena, permitieron que otros motociclistas —involucrados en el choque múltiple— se llevaran la moto, pertenencias e incluso el celular de Alberto Mario, que su cuerpo fue movido y que hubo fotografías filtradas que evidenciaban manipulación.
Su amiga y colega, Sara Montero, lo describe como un ser humano correcto, “Mario era de los que decía que la vida no hay que vivirla rápido, sino bien”, recuerda ella. “No tomaba riesgos innecesarios, no aceleraba porque sí, no le gustaban las imprudencias. Por eso duele tanto que lo hayan arrebatado de una manera tan absurda”.
En redes comenzaron a circular comentarios insinuando que Alberto Mario participaba en los piques ilegales. “Una injusticia”, dice su novia. “Él usaba casco, chaleco, cumplía las normas. Nunca pasaba por las rutas donde se hacían esos piques”.
Quienes lo conocieron lo describen como un hombre dedicado, responsable, cuidadoso. Un abogado de sensibilidad social que trabajaba por población vulnerable en la corporación Opción Legal. Un soñador que hablaba de emprender, de tener su propio restaurante, de crecer sin depender de nadie.
“No había una sola razón para que estuviera allí metido”, asegura su amiga y colega, Sara Montero. “Él defendía derechos ajenos, ahora le fallaron a él los suyos”.
Un problema que ya había cobrado otras dos vidas en 2025
La muerte de Alberto Mario no fue un episodio aislado. Con él, ya son tres los jóvenes fallecidos este año en Valledupar por hechos asociados a piques ilegales en motocicleta. El 5 de agosto, dos jóvenes murieron en la Avenida Sierra Nevada en un incidente marcado por imprudencias y versiones encontradas.
Jathza José Monsalvo Carrillo, de 17 años, cayó gravemente herido. Su primo lo llevó al Hospital Eduardo Arredondo Daza, donde murió minutos después. Su familia afirma que no participaba en piques, aunque algunas versiones lo señalan.
Ayberzon Javier López Ortega, de 20 años, venezolano y perteneciente a la etnia wayuu, falleció en la Clínica Laura Daniela tras una fractura craneoencefálica. Testigos indicaron que realizaba maniobras riesgosas cuando chocó contra el otro vehículo.
Tres muertos en menos de cuatro meses. Tres historias truncadas por la misma práctica ilegal. Tres familias devastadas.
“Estamos trabajando en el plan barricadas”: secretario de Seguridad y Convivencia
Consultado para esta crónica, el secretario de Seguridad y Convivencia de Valledupar, Pablo Bonilla, afirmó que la Policía y el Ejército vienen ejecutando el Plan Barricadas, una estrategia para frenar los piques ilegales en la ciudad. “Consiste en ubicarnos en puntos estratégicos de la ciudad donde este personal que le gusta hacer piques lo están haciendo”, indicó, precisando que estos puntos incluyen las salidas hacia La Paz, la nueva avenida que conecta con ese municipio y el ingreso al aeropuerto por el anillo vial.
Añadió que, al notar la presencia de las autoridades, los participantes suelen moverse a otros lugares y organizarse mediante “chats de WhatsApp”. Bonilla recordó que las sanciones van desde la inmovilización de la motocicleta hasta multas por incumplir normas de tránsito, y lamentó el fallecimiento de Alberto Mario, motivo por el cual —dijo— “estamos tomando estas medidas desde la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, el Ejército y la Secretaría de Tránsito”.
La dimensión jurídica: responsabilidad que va más allá del conductor
En el año 2019, el Consejo Superior de Política Criminal analizó la llamada “Ley Antipiques”, que buscaba sancionar con prisión, de dos a cuatro años, a quienes promovieran o participaran en esas carreras clandestinas. El concepto fue desfavorable: se argumentó que no existía evidencia empírica ni jurídica suficiente para crear un nuevo delito y que el Código Penal ya ofrecía herramientas para sancionar esas conductas. Se decidió, entonces, que bastaba con considerarlas “alteración del orden público”.
El abogado de la familia, Camilo Vásquez, asegura que la falta de regulación agrava todo. “La ley Antipiques nunca fue sancionada. Son actividades que parecen una simple infracción de tránsito, pero derivan en delitos: perturbación al orden público, afectación a las vías e incluso concierto para delinquir”.
Para Vásquez, los responsables no son solo los motociclistas. También el Estado. “La administración sabía de estas rodadas. Había denuncias, videos, horarios. Aun así, no hubo control. La ciudad se siente desprotegida”.
Sueños truncados y una familia marcada
Alberto Mario era hijo único. “Un joven lleno de vida”, repiten quienes lo conocieron. Su familia aún intenta entender cómo alguien tan cuidadoso terminó pagando con su vida la irresponsabilidad ajena.
Para su novia, su madre, sus amigos y colegas, el duelo no es solo tristeza: es indignación. Sienten que no solo murió en un accidente, sino en un contexto de fallas institucionales que pudieron evitarlo.
“A Mario no solo lo mataron los piques ilegales”, insiste Laura. “A Mario lo mató el Estado al no actuar, al no controlar, al permitir que estas cosas sigan pasando”.
Una ciudad que no puede seguir siendo pista de carreras
El caso está en manos de la Fiscalía. Hay testimonios, cámaras por analizar, videos. Pero también miedo, especulaciones y silencio. Vásquez, aseguró que la identificación de los responsables del accidente avanza, aunque ha sido un proceso complejo. “Hasta el momento se está haciendo ese trabajo, porque no ha sido fácil tratar de identificar a estos criminales”, dijo, al explicar que el hecho dejó múltiples heridos y que varias personas fueron trasladadas a centros médicos, lo que permitió obtener algunas pistas.
La familia prepara acciones legales contra el Estado. Los allegados exigen justicia. Los vecinos piden control. Los ciudadanos temen que mañana la víctima sea otro joven inocente.
Los piques ilegales se han convertido en una amenaza directa al derecho a la vida y a la seguridad ciudadana. Y cuando el bien jurídico de la vida y la convivencia urbana se ven amenazados, el Estado tiene el deber constitucional de intervenir. “Pero aquí no intervino nadie”, lamentó la familia.
La muerte de Alberto Mario Ariño no puede quedar convertida en una cifra más. Valledupar registra 53 muertes por accidentes de tránsito en lo que va del año, una estadística que crece mientras las familias siguen enterrando a sus hijos por causa de la imprudencia. Desde EL PILÓN, a través de la campaña “La imprudencia cobra vidas. Conduce con responsabilidad – #NiUnaMás”, hacemos un llamado urgente: que esta tragedia no pase desapercibida, que sirva para detener esta curva mortal que sigue en aumento. Tomemos conciencia antes de que otro nombre se sume a la lista. Porque ningún pique ilegal, ningún instante de adrenalina, vale más que la vida que hoy llora una familia entera.
