Como una falsa alarma por secuestro fue calificada por las autoridades del Cesar la desaparición del candidato al Senado Andrés Vázquez Vargas, del Partido Conservador Colombiano, quien reapareció por sus propios medios en el municipio de Pelaya luego de más de 24 horas de incertidumbre.
El caso generó conmoción en el sur del departamento, pues ante la versión inicial de un posible plagio se activó una recompensa de hasta 50 millones de pesos y un amplio despliegue de la Fuerza Pública. Sin embargo, tras la reaparición del aspirante, las autoridades confirmaron que no existió evidencia de secuestro ni comunicación de algún grupo armado ilegal.
El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, fue enfático: “No hubo candidatos secuestrados en el departamento del Cesar”. Según explicó, Vázquez llegó caminando hasta su vivienda y manifestó a un familiar que nunca salió de Pelaya. Aunque aseguró que estuvo “retenido ahí mismo”, no entregó detalles sobre quiénes lo habrían tenido ni bajo qué circunstancias.
Movilización institucional por una hipótesis no confirmada
La desaparición, reportada en horas de la madrugada, encendió las alarmas debido a antecedentes de secuestros en la región. De inmediato se realizaron consejos de seguridad y se desplegaron operativos con participación de la Policía, el Ejército, el Gaula y la Fiscalía General de la Nación.
Las acciones se concentraron en Pelaya y municipios cercanos, mientras se mantenía activa la recompensa oficial. No obstante, con el regreso del candidato y la falta de pruebas que sustentaran un plagio, el caso dio un giro total y fue descartado como secuestro.
Investigación por posible falsa denuncia o alarma pública
Aunque no se configuró el delito de secuestro, la Fiscalía designó un fiscal especializado para esclarecer lo ocurrido, teniendo en cuenta que se activaron recursos operativos y económicos del Estado a partir de una alerta que finalmente no fue confirmada.
Las autoridades analizan si hubo información errónea o contradictoria que haya inducido a la activación de protocolos de alto nivel. De comprobarse irregularidades, podrían derivarse responsabilidades penales relacionadas con denuncia falsa o generación de pánico.
El caso ha dejado preocupación en el departamento, no solo por el impacto en la percepción de seguridad, sino por el desgaste institucional que implicó atender una situación que, hasta el momento, no presenta evidencias de un secuestro real.
