A partir de hoy el diario EL PILÓN contará las historias de las víctimas que dejó la violencia propiciada por los ‘falsos positivos’ en el departamento del Cesar.
“No tiene cédula, no tiene papeles, viene vestido así (…) entonces ¿qué hago?”, dijo el cabo Pedro Andrés Cubillos al hablar por radio con su superior, el subteniente Elkin Burgos Suarez, jefe del pelotón ‘Dinamarca 2’, adscrito al Batallón de Artillería N.2 La Popa, ubicado en Valledupar.
El superior respondió: ‘Mátenlo’. El hombre retenido, frente al cabo, quizá no sospechó su fatal destino, lo movieron a unos tres kilómetros del retén donde estaba y cumplieron la orden entregada.
Disparos provenientes de soldados del pelotón aniquilaron el cuerpo del humilde agricultor, quien vestido con un pantalón azul y una camisa beige salió de su casa en Pueblo Bello siendo aproximadamente las 8:00 de la mañana del 23 de febrero del año 2004.
Después lo cambiaron con un pantalón camuflado, un pasamontaña, una camisa gris, un par de botas pantaneras, dos brazaletes del ELN, una mochila con explosivos, una escopeta calibre 12 milímetro y un revólver calibre 38.
El resultado, aunque ficticio, estaba listo para ser presentado a la opinión pública: habían dado de baja a un subversivo en combate. El comunicado de prensa de la institución prontamente se convirtió en noticia en los medios de comunicación, entre esos el diario EL PILÓN que tituló: “Muerto presunto eleno, en combates con el Ejército”.
La nota salió ubicada debajo de otra que registraba la visita de la primera dama de la nación Lina Moreno, esposa del entonces presidente Alvaro Uribe, que llegó de visita a Valledupar para inaugurar un programa para la paz.
El resultado operacional en el oficio de prensa lo dio en aquel tiempo el comandante de la unidad militar, el coronel Juan Carlos Figueroa Suárez, según el archivo de este medio de comunicación. La versión oficial indicó que el supuesto guerrillero no poseía documentos y había sido dado de baja en la vereda Cuesta Plata donde también decomisaron armamento.
La morgue del cementerio de Valledupar reportó el cuerpo como N.N., pero un día después volvió a salir en la prensa identificado como Joaquín Contreras Romero.
Detrás del rostro del hombre, de 40 años de edad, recordado por labrar la tierra, estaba una familia que lo había dado por desaparecido. Sin embargo, al encontrarlo sin vida y tildado de guerrillero no titubearon para denunciar que estaban ante una infamia.
A Joaquín Contreras lo habían visto por última vez cuando salió hacia la finca de la familia para buscar los alimentos del día. “Nosotros vivíamos a la salida del pueblo, en la última casa del barrio Lomita Blanca. De ahí salió mi hermano para la finca que teníamos a las 8:00 a.m., para buscar una verdura y una yuca para hacer el almuerzo. Fue la presa más fácil que les pasó”, manifestó Marcial Contreras, hermano de la víctima.
Agregó que el caso de Joaquín Contreras Romero es producto de la planificación que manejaban los militares para realizar las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como falsos positivos. “Todos los días (Elkin Burgos) pasaba por el frente de mi casa con su tropa, todas las mañanas bajaba y todas las tardes subía”, puntualizó Contreras.
Por este caso, el subteniente (r) Elkin Leonardo Burgos Suárez rindió versión el 31 de octubre de 2018 para confirmar la retención ilegal y posterior muerte del agricultor. Además, también la confirmó los testimonios de Luis Felipe Contreras Mercado, Darío Alfonso Contreras Hernández y de Rudolfo Tovar Gómez ante la Fiscalía 65 Especializada de Derechos Humanos.
Por el crimen de Joaquín Contreras la Justicia Penal Militar se abstuvo de abrir una investigación penal y 7 años después de los hechos y trámites ante la justicia castrense se asignó la competencia a la Fiscalía General de la Nación. Finalmente, el caso fue estudiado por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
El subteniente (r) Elkin Leonardo Burgos reconoció que dio la orden de matar al agricultor con el fin de recibir beneficios a cambio de resultados operacionales.
“Fui presionado por el comando del batallón en dar resultados operacionales, reconozco públicamente de tratar de alimentar un ego militar, recibir una condecoración por dar resultados operacionales, quizás como lo ofrecían los comandantes del batallón que después de 7 bajas le daban a uno la medalla gris, quizás después de 7 resultados seríamos candidatos a un viaje al Sinaí, quizás las prebendas que ofrecía el comando del batallón como descansos, comidas, festejos”, aseveró Burgos Suárez.
Marllelys Salinas / EL PILÓN
A partir de hoy el diario EL PILÓN contará las historias de las víctimas que dejó la violencia propiciada por los ‘falsos positivos’ en el departamento del Cesar.
“No tiene cédula, no tiene papeles, viene vestido así (…) entonces ¿qué hago?”, dijo el cabo Pedro Andrés Cubillos al hablar por radio con su superior, el subteniente Elkin Burgos Suarez, jefe del pelotón ‘Dinamarca 2’, adscrito al Batallón de Artillería N.2 La Popa, ubicado en Valledupar.
El superior respondió: ‘Mátenlo’. El hombre retenido, frente al cabo, quizá no sospechó su fatal destino, lo movieron a unos tres kilómetros del retén donde estaba y cumplieron la orden entregada.
Disparos provenientes de soldados del pelotón aniquilaron el cuerpo del humilde agricultor, quien vestido con un pantalón azul y una camisa beige salió de su casa en Pueblo Bello siendo aproximadamente las 8:00 de la mañana del 23 de febrero del año 2004.
Después lo cambiaron con un pantalón camuflado, un pasamontaña, una camisa gris, un par de botas pantaneras, dos brazaletes del ELN, una mochila con explosivos, una escopeta calibre 12 milímetro y un revólver calibre 38.
El resultado, aunque ficticio, estaba listo para ser presentado a la opinión pública: habían dado de baja a un subversivo en combate. El comunicado de prensa de la institución prontamente se convirtió en noticia en los medios de comunicación, entre esos el diario EL PILÓN que tituló: “Muerto presunto eleno, en combates con el Ejército”.
La nota salió ubicada debajo de otra que registraba la visita de la primera dama de la nación Lina Moreno, esposa del entonces presidente Alvaro Uribe, que llegó de visita a Valledupar para inaugurar un programa para la paz.
El resultado operacional en el oficio de prensa lo dio en aquel tiempo el comandante de la unidad militar, el coronel Juan Carlos Figueroa Suárez, según el archivo de este medio de comunicación. La versión oficial indicó que el supuesto guerrillero no poseía documentos y había sido dado de baja en la vereda Cuesta Plata donde también decomisaron armamento.
La morgue del cementerio de Valledupar reportó el cuerpo como N.N., pero un día después volvió a salir en la prensa identificado como Joaquín Contreras Romero.
Detrás del rostro del hombre, de 40 años de edad, recordado por labrar la tierra, estaba una familia que lo había dado por desaparecido. Sin embargo, al encontrarlo sin vida y tildado de guerrillero no titubearon para denunciar que estaban ante una infamia.
A Joaquín Contreras lo habían visto por última vez cuando salió hacia la finca de la familia para buscar los alimentos del día. “Nosotros vivíamos a la salida del pueblo, en la última casa del barrio Lomita Blanca. De ahí salió mi hermano para la finca que teníamos a las 8:00 a.m., para buscar una verdura y una yuca para hacer el almuerzo. Fue la presa más fácil que les pasó”, manifestó Marcial Contreras, hermano de la víctima.
Agregó que el caso de Joaquín Contreras Romero es producto de la planificación que manejaban los militares para realizar las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como falsos positivos. “Todos los días (Elkin Burgos) pasaba por el frente de mi casa con su tropa, todas las mañanas bajaba y todas las tardes subía”, puntualizó Contreras.
Por este caso, el subteniente (r) Elkin Leonardo Burgos Suárez rindió versión el 31 de octubre de 2018 para confirmar la retención ilegal y posterior muerte del agricultor. Además, también la confirmó los testimonios de Luis Felipe Contreras Mercado, Darío Alfonso Contreras Hernández y de Rudolfo Tovar Gómez ante la Fiscalía 65 Especializada de Derechos Humanos.
Por el crimen de Joaquín Contreras la Justicia Penal Militar se abstuvo de abrir una investigación penal y 7 años después de los hechos y trámites ante la justicia castrense se asignó la competencia a la Fiscalía General de la Nación. Finalmente, el caso fue estudiado por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
El subteniente (r) Elkin Leonardo Burgos reconoció que dio la orden de matar al agricultor con el fin de recibir beneficios a cambio de resultados operacionales.
“Fui presionado por el comando del batallón en dar resultados operacionales, reconozco públicamente de tratar de alimentar un ego militar, recibir una condecoración por dar resultados operacionales, quizás como lo ofrecían los comandantes del batallón que después de 7 bajas le daban a uno la medalla gris, quizás después de 7 resultados seríamos candidatos a un viaje al Sinaí, quizás las prebendas que ofrecía el comando del batallón como descansos, comidas, festejos”, aseveró Burgos Suárez.
Marllelys Salinas / EL PILÓN