El principio del fin de Jhon Jader Escorcia Bonet, de 21 años, comenzó con una propuesta de trabajo. Unos hombres lo contactaron para recoger café en el corregimiento de Santa Clara, ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, y él aceptó sin pensarlo demasiado. 

Su prioridad se centraba en ayudar económicamente a su madre con quien vivía en zona rural de Fundación, Magdalena, y a su pequeño hijo que apenas comenzaba a vivir la vida. Sin embargo, ninguno de los dos ideales pudo concretarlo.

El destino se empeñó en llevarlo por un camino distinto de la mano de aquellos hombres que solamente buscaban cumplir un trato: un material de guerra a cambio de víctimas. 

Pero Jhon Jader Escorcia, obviamente no lo imaginaba, pese a crecer en medio del conflicto armado, el proceso del café continuaba siendo una labor propia de los jóvenes que crecían con pocas oportunidades en el campo colombiano.

Además, junto a él partió Carlos Alberto Castro Aguirre, de 21 años, Esnel Matute Ibáñez, Wilson Darío Ruíz Arboleda y Luis Javier Molina Gutiérrez.

No obstante, los hombres paramilitares terminaron conduciéndolos a la vereda Cuesta Plata del municipio de Pueblo Bello, Cesar, donde estaban esperándolos un grupo del Ejército del Batallón de Artillería N°2 La Popa de la Décima Brigada del Ejército Nacional. 

No había finca ni café sino una zona propicia para simular un falso combate cuyas víctimas fueron los cinco jóvenes asesinados el 30 de junio del año 2004. 

El entonces teniente Carlos Yovanny Medina Bayona, comandante del grupo ‘Bombarda’, recibió los resultados del falso operativo, puesto que unos días antes accedió a entregar a los paramilitares un material de guerra a cambio de las víctimas. 

“[S]sencillamente (…) el material que nosotros tenemos (…) les sirve al armamento de ellos, o sea si yo (…) le suministro una granada de calibre 7,62 a ellos, es porque tienen ametralladora 7,62, si yo le suministro munición de 5,56 a ellos, es porque tiene fusiles AK 5,56 eso les sirve”, reza la versión voluntaria de Carlos Yovanny Medina Bayona entregada el 17 de diciembre de 2018.

El material de guerra entregado se legalizó en el ‘combate’ que justificaron para presentar a las víctimas como guerrilleras. Los cadáveres fueron trasladados en helicóptero desde la vereda Cuesta a la sede del Batallón La Popa y después los llevaron a la morgue de Valledupar para hacer el levantamiento.

Esa era una estrategia para evitar que las demás autoridades escudriñaran en la escena del crimen. “Trasladaron los cuerpos para que ni la Fiscalía, ni el CTI, ni los jueces de instrucción penal militar acudieran al sitio en el que se habían presentado los supuestos combates. Con ello se lograba encubrir las verdaderas circunstancias de las muertes y entorpecer la labor de la justicia”, consideró la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en un auto de imputación. 

Además, evitaron que la Fiscalía de turno realizara a los cuerpos una prueba de absorción atómica que pudiera identificar si en sus manos tenían residuos de disparos por el supuesto enfrentamiento generado.

La noticia del ‘extraordinario’ resultado salió en el diario EL PILÓN el 2 de julio de 2004. La muerte de los cinco jóvenes fue registrada con otra persona más que reportaron como muerta en combate en hechos aislados. 

En esta se indicó que en el operativo incautaron una subametralladora, un mortero hechizo, dos revólveres, dos granadas de mano, dos fusiles, entre otros. 

LA FAMILIA SE ENTERARON POR EL PILÓN DE LA MUERTE 

Los cadáveres permanecieron como no identificados y fueron sepultados en el cementerio nuevo de Valledupar. 

Mientras tanto la familia de Jhon Jader Escorcia Bonet lo dieron por desaparecido en Fundación. La primera noticia llegó por un habitante de la región que se acercó a decirles que al joven lo había matado el Ejército. 

No lo podían creer. Rocío Escorcia emprendió la búsqueda de su hermano y años después comprobó la información que le habían dado sobre su muerte.  A sus manos llegó un periódico de este medio de comunicación del 11 de septiembre de 2007 en el que se enteró que Medicina Legal había reconocido 28 cuerpos. 

El diario lo obtuvo por medio de unos primos que residían en la capital del Cesar. El anuncio en la nota periodística lo hacía el entonces director de Medicina Legal, Carlos Murillo, quien explicó que el reconocimiento lo hicieron por unas muestras que tomaron a los cadáveres antes de ser sepultados como N.N. 

“Me vine a Valledupar, llegué a Medicina Legal y allá me dijeron que debía ir al cementerio y acá me dicen que los restos era imposible obtenerlos porque se los habían llevado al cementerio nuevo, no tenía esperanza y regresé a Medicina Legal para preguntar sobre quién le había dado muerte a mi hermano, diciéndome que tenía que ir al batallón”, recordó Rocío Escorcia.

La versión de su hermano guerrillero no la creyó, así que la mujer emprendió la ruta judicial no solo para reclamar los restos de Jhon Jader Escorcia sino también para recuperar su dignidad. 

Lo primero lo consiguió en el año 2016 al reclamar el cuerpo de Jhon Jader de una fosa común y lo segundo lo logró el reciente 18 de julio cuando en una audiencia los militares del batallón reconocieron que su hermano no era guerrillero. 

“Él (Jhon Jader) estaba en busca de qué hacer para comprar la leche del niño (el hijo). Se presentaron unos señores a ofrecerle una oferta de trabajo y así fue que se lo llevaron con los demás”, puntualizó Escorcia. Las demás víctimas permanecen en una fosa común del Jardines del Ecce Homo a donde fueron pasados tras permanecer en una bóveda en el cementerio nuevo de la ciudad. 

LOS INVOLUCRADOS 

Estos hechos fueron reconocidos por el militar Carlos Yovanny Medina Bayona ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. La Fiscalía General de la Nación procesó a los exparamilitares Gabriel Ocampo Guette y Olson Humberto Muñoz por los asesinatos. 

Por Marllelys Salinas / EL PILÓN 

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