La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la realización de una Audiencia Pública de Verificación los días 24 y 25 de julio en Valledupar, Cesar, en el marco del juicio dialógico contra 12 exintegrantes del Batallón de Artillería La Popa, acusados por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en la región de la Costa Caribe.
Esta audiencia es un paso necesario para determinar si se cumplen las condiciones para imponerles sanciones propias, tras haber reconocido su responsabilidad y aportado verdad.
Verificación de condiciones para sanciones propias
La audiencia forma parte del proceso judicial del Subcaso Costa Caribe – Caso 03, que investiga crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2005 en el norte de Cesar y sur de La Guajira. En total, 15 militares fueron imputados, pero solo 12 reconocieron su responsabilidad y aceptaron someterse a la justicia transicional, mientras que los otros tres enfrentan procesos adversariales tradicionales.
El objetivo de esta diligencia es “verificar si los imputados han cumplido con las condiciones de contribución a la verdad y reparación, requisitos indispensables para acceder a las sanciones propias contempladas en la Ley 1922 de 2018 y en el artículo 92(e) de la Ley Estatutaria de la JEP”, explicó la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SeRVR) de la JEP.
En este espacio público, las víctimas, autoridades indígenas kankuama y wiwa, representantes judiciales y comparecientes se encontrarán para evaluar conjuntamente el cumplimiento de los compromisos asumidos. Además, se prevén encuentros preparatorios y un espacio privado de diálogo entre víctimas y comparecientes para fortalecer el proceso restaurativo.
Mesas técnicas para garantizar viabilidad y financiación
Previo a la audiencia, la JEP realizó entre el 3 y 4 de julio en Bogotá cuatro mesas técnicas con la participación de 26 entidades del Gobierno nacional, departamental y municipal, con el fin de definir la viabilidad, financiación y sostenibilidad de nueve proyectos restaurativos que serán parte integral de las sanciones propias.
Estas mesas técnicas “no son una reunión exploratoria ni un espacio de concertación política: se trata de una actuación judicial con efectos directos en la sentencia”, advirtió la magistrada ponente del subcaso, Ana Manuela Ochoa. “Estamos ad portas de una sanción. Si no se logran los cometidos, si no cumplimos como Estado con este Acuerdo, es muy difícil que podamos tener paz en este país. Estamos fallándole al país como Estado”, agregó.
Los proyectos restaurativos, construidos a partir del diálogo con víctimas y comunidades, buscan contribuir a la reparación del daño a través de acciones concretas como la reconstrucción de memoria, el fortalecimiento comunitario, garantías de no repetición y recuperación de espacios significativos.
Proyectos restaurativos priorizados
Entre las iniciativas que podrán formar parte de las sanciones propias destacan el Centro de Armonización Mildred Montero, ubicado en el corregimiento La Mina, Valledupar, y destinado al buen vivir del Pueblo Indígena Kankuamo. Este espacio busca fortalecer la reconstrucción cultural y social de esta comunidad afectada por el conflicto. Asimismo, se encuentra el Centro Integral y de Memoria OMONAPA, enfocado en el Pueblo Wiwa, que funcionará como un lugar para preservar la memoria histórica y promover procesos de reparación para esta comunidad indígena.
En el ámbito cultural, se contempla la Casa Cultural Nelson Enrique Romero, perteneciente al Consejo Comunitario José Prudencio Padilla, que servirá como un espacio para la promoción de la identidad y la memoria colectiva de esta población afrodescendiente.
Para honrar la memoria de las víctimas, se proyecta el Parque Memorial Albeiro Flórez y Edgar Beltrán, en el Consejo Comunitario Kusuto Ma-Gende, un lugar público dedicado a la conmemoración y reflexión sobre los hechos ocurridos.
También se incluyen las Casas multipropósito “Sanando Memorias, Reconstruyendo Vidas”, que se ubicarán en los departamentos de Cesar y Magdalena, con el propósito de ofrecer espacios para la reparación social y comunitaria. Como parte de las acciones de memoria colectiva, se desarrollará un Plan de memorialización en la región Caribe, que busca articular diversas iniciativas en los territorios afectados para fortalecer la memoria histórica y la garantía de no repetición.
Un proyecto emblemático es el Mausoleo en memoria de las víctimas de desaparición forzada en Cesar, que se construirá en el cementerio Jardines del Eccehomo, en Valledupar, y funcionará como un sitio de homenaje y reconocimiento permanente a las personas desaparecidas.
En materia productiva, se prevé el fortalecimiento productivo rural y urbano en la Costa Caribe, con iniciativas que buscan mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades afectadas. Finalmente, el Proyecto productivo multipropósito “Sembradores de Amor y Paz”, ubicado en el Consejo Comunitario Kusuto Ma-Gende, se orienta a generar oportunidades de desarrollo sostenible y reconciliación a través de actividades productivas comunitarias.
Estas iniciativas fueron diseñadas con base en las propuestas y expectativas expresadas por las víctimas acreditadas y articuladas con las capacidades institucionales para su implementación.
Un proceso judicial con enfoque restaurativo
El juicio contra estos 12 exmilitares, quienes actuaron en el Batallón La Popa entre 2002 y 2005, busca no solo sancionar a los máximos responsables sino también garantizar la reparación integral y la no repetición de estos crímenes atroces. En total, se les atribuye responsabilidad en 135 asesinatos presentados falsamente como bajas en combate.
La magistratura recordó que es deber del Poder Ejecutivo “garantizar las condiciones materiales, institucionales y presupuestales para la implementación efectiva de las sanciones propias”, y que los resultados de las mesas técnicas serán incorporados al expediente judicial con efectos directos en la sentencia.
Esta audiencia de verificación será el paso final antes de emitir la sentencia, en la que se evaluará si las sanciones propias son viables, monitoreables y sostenibles, y si contribuyen efectivamente a la verdad, la reparación y la seguridad jurídica tanto para víctimas como para comparecientes.
Por: Redacción EL PILÓN
