El pasado miércoles inició la intranquilidad de los propietarios de 322 predios en todo el país, que serían investigados por orden de la Contraloría, lo cual generó una polémica que luego se acalló con publicaciones de un presunto error. Se trata de una información emitida por un funcionario de la Contraloría, mas no por el Contralor General de la Nación.

Como era de esperarse, el senador Álvaro Uribe Vélez, quien se vio involucrado junto a otros políticos más, señaló la información del ente de control como un ataque de la izquierda, donde enlodaban su nombre y el de otros propietarios de predios rurales que figuraron en la lista de vinculados a terrenos que la Ley 160 de 1994 estipula como ilegales.

Antes de afirmar si la investigación sobre los 322 predios, es viable o no, cabe precisar que hay dos escenarios con una línea de tiempo que dividen las etapas de legalidad e ilegalidad. Así lo afirmó Rubén Darío Carrillo, miembro de la Lonja Raíz de Valledupar, quien recordó que con la Ley 160 (por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones), cambió el tratamiento de los baldíos nacionales, que son tierras del Estado.

Carillo explicó que antes de 1994 el Estado hacía adjudicaciones de parcelas que eran de la Nación, a través del Incora o compraba fincas de particulares y en el Cesar hay varios ejemplos de ello y las dividían en parcelas para adjudicarlas a sociedades de campesinos para la producción, cuyos beneficiarios durante cinco años no podían ceder ni vender esta propiedad, pero luego de este tiempo, eran libres de mantenerla o venderla, aunque el propósito de Estado era que los campesinos la mantuvieran para la producción.

Además recordó que posterior al cumplimiento de los años de tenencia, el Incora entregaba la propiedad al campesino y los terratenientes en diferentes sectores del país compraron tres, cuatro o todos los predios deseados para crear unidades agrícolas sin ninguna limitación.

De igual forma, señaló que en el año 1994, la regla de juego cambió, porque ya a los terratenientes se les fijó un límite de predios en hectáreas y si eran sobrepasados incurrían en acumulación ilegal de terrenos baldíos, así los predios fueran comprados. Esto quiere decir que la acumulación de predios antes de 1994 no es ilegal, como sí lo era comprar tierras que un día fueron baldíos luego de ese año.

Rubén Darío Carrillo considera que la Contraloría se apresuró en emitir la compulsa de copias, ya que el contralor delegado en este tema debía revisar el inventario de predios que el Incora y posterior Incoder adjudicaron antes de 1994 y que hoy varias de estas propiedades aparecen a nombre de una sola persona.

“Con calma debían estudiar y establecer un inventario y no enviar nombres para causar impacto, ya que es una información fácil de verificar; para ello está la tradición del predio. En la misma sentencia la Corte Constitucional declaró constitucionales los numerales 9 y 14 del artículo 72 que dice que para que se dé acumulación debe estar expresamente dicho en la resolución que ese lote no puede acumularse con otro lote, y eso no existe en estos casos.

Eso no se tuvo en cuenta y se terminó por afectar el buen nombre de tantos empresarios y tantas personas que salieron en ese listado. En estos casos no se cometieron delitos y se envió un mensaje al país equivocado, de que los ricos se iban a quedar con la tierra de los pobres, cuando eso no es verdad”, precisó.

Sobre el polémico informe la Contraloría, el abogado y consultor en temas agropecuarios, Indalecio Dangond, dijo que “se envió una información existente pero que salió de mandos medios estos y reafirmó que estos son predios que no son materia de investigación y lo único que hicieron fue crear un pánico ante una posible apropiación ilegal de terrenos baldíos”.

El exsuperintendente de Notariado y Registro y actual presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez García, también cuestionó ante los medios nacionales que la compulsa de copias que hizo la Contraloría General  y que habría otros intereses para su divulgación.
“Es un total refrito, ya se había mandado al antiguo Incoder y no entiendo por qué el funcionario de la Contraloría ahora compulsó las copias”, aseguró.

Vélez García agregó que con este informe se puso en la picota pública el nombre de muchas personas cuando en el 97 por ciento de esos casos no hay posibilidad de acumulación porque la Corte Constitucional en sentencia de la ley dijo claramente “que solo se aplica la acumulación cuando la adjudicación de los baldíos se dé después de agosto de 1994, y el 97 por ciento de esos predios se adjudicaron antes de 1994 y por eso no hay ninguna posibilidad de iniciar ninguna investigación”.

El inicio de la investigación

La solicitud de investigación surgió en el 2012 cuando la Contraloría General de la República recibió denuncias por parte de los congresistas Neber Arias Castillo, Jorge Robledo Castillo e Iván Cepeda Castro sobre la posible concentración de tierras con antecedentes de baldíos en distintas regiones del país.

De acuerdo con sus competencias, este organismo de control ordenó realizar dos actuaciones especiales, cuyo resultado fue presentado al país en su momento.

El equipo de trabajo que realizó estas actuaciones estuvo liderado por el contralor delegado para el sector agropecuario de ese entonces, y contó con la participación de funcionarios y contratistas de esta Delegada.
La actual administración de la Contraloría General de la República dio inicio a distintas actuaciones tales como indagaciones preliminares y apertura de antecedentes, con el objeto de verificar la posible incidencia fiscal advertida en dichos informes.

Se concluyó que no existía mérito para considerar un detrimento patrimonial o daño fiscal derivado de las transacciones privadas que conllevaron a la eventual acumulación de propiedad rural por encima de los topes permitidos por la Ley y se decidió archivar el proceso.

A pesar del cierre de las investigaciones fiscales, y como se suele hacer en estos casos, correspondió a la Contraloría trasladar a la Agencia Nacional de Tierras la información recopilada, a fin de que este organismo verifique si existió vulneración o acumulación indebida de unidades agrícolas familiares o enajenaciones efectuadas por adjudicatarios originales sin el lleno de sus requisitos legales, y si considera iniciar los casos judiciales dirigidos a anular las ventas de predios de origen.

Posteriormente, se dio traslado a la Procuraduría General de la Nación para el caso de funcionarios que hayan incumplido con sus deberes en este asunto, y a la Fiscalía General de la Nación para la eventual falta en que hubieran podido incurrir los particulares respecto a los mismos hechos.

Los expertos en temas de tierras concluyen que este informe posiblemente hizo parte de un deseo de generar escándalo y polémica al hallarse involucrados nombres de personas de la esfera política

Por Adriana Palomo