Aproximadamente 800 familias en condición de vulnerabilidad asentadas en la urbanización Porvenir pretenden se repita la historia que llevó a la Corte Constitucional a conceder el derecho fundamental a la vivienda digna de interés social a los invasores de un predio privado en Valledupar en 2011.  

Para el año en mención, las familias desplazadas por la violencia, compuestas por alrededor de 1600 niños y 1400 adultos, se asentaron de manera pacífica en el predio La Sabana Uno, propiedad de Alberto Pimienta Cotes, ante la ausencia de soluciones a sus problemas de vivienda por parte de las autoridades locales, según afirmaron en su momento los quejosos. 

En ese entonces, cerca de 800 familias instauraron una tutela para reclamar el derecho fundamental a una vivienda, fallada a favor por la Corte mediante la Sentencia T-946 de 2011, la cual ordenó a la autoridades municipales, departamentales y nacionales garantizar el acceso a una unidad de vivienda de interés social y, a su vez, también dejó claro que el predio invadido debía ser devuelto a su dueño.

Así las cosas, el fallo de la Corte establece la condición que para ser beneficiarios de las viviendas de la urbanización Porvenir,  los invasores del predio La Sabana Uno, que hoy comprende las zonas de Los Guasimales, Altos de Pimienta, Brisas de la Popa y Bello Horizonte II, al noroccidente de Valledupar, deben abandonar estas viviendas a fin de garantizar los derechos a la propiedad privada al propietario del lote. 

Sin embargo, una de las principales razones que ha obstaculizado el debido proceso para la entrega de las unidades de viviendas de interés social a los beneficiarios es que la mayoría de las personas han vendido las casas o se han ido para otras ciudades, según la información suministrada por Fonvisocial. 

NUEVOS INVASORES 

A raíz de esta situación, las casas hoy día se encuentran habitadas por personas que se autoreconocen como desplazadas por la violencia y que reclaman al Estado el acceso a una vivienda digna. 

“Han pasado 11 años desde que la Corte falló a favor de los invasores del predio La Sabana Uno y en el gobierno del exalcalde Augusto (Ramírez) Uhía se construyeron las viviendas, pero han pasado más de cinco años y los beneficiarios no han querido recibir las casas”, dijo Javier Guerra, líder de la comunidad. 

“Por lo anterior, muchos habitantes que no tienen casa como yo, decidimos ocupar estos predios y vivirlos. La mayoría de las viviendas están ocupadas, las personas tienen allí los enseres. Las limpiamos porque cuando llegamos las encontramos enmontadas, sin techo, sin energía eléctrica y sin baterías sanitarias porque se las habían robado”, agregó Guerra. 

DESALOJO 

El líder dijo además que ante la presencia de las instituciones gubernamentales, la comunidad realizó un censo que arrojó la presencia de 2.000 personas entre ellos 866 menores de edad con el fin de que las autoridades locales protejan los derechos fundamentales cuando decidan reiniciar las labores de desalojo. 

“Nosotros exigimos el mismo derecho constitucional que reconoció la Corte a través de la Sentencia T-946 de 2011, puesto que la mayoría de las personas que aquí habitan somos desplazados, situación que nos hace acreedores de una vivienda de interés social”, sostuvo Guerra. 

QUEREMOS UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

Por otra parte, Raiza Alameda, otra habitante, aclaró que la intención de los residentes de la urbanización Porvenir no es apropiarse de manera ilegal de las casas, sino que piden a la administración municipal ser beneficiarios de un proyecto de vivienda de interés social. 

“Nosotros hace un mes y medio que estamos viviendo en estas  casas que las conseguimos en muy mal estado, las limpiamos y las estamos cuidando. Nosotros no pedimos que nos las regalen pero sí que nos ayuden con un método de pago para comprarlas e irlas pagando a cuotas”, subrayó Alameda. 

De las 800 unidades de vivienda de interés social de la urbanización Porvenir, hasta la fecha, la Alcaldía ha entregado 266 casas a los accionantes de la tutela en 2011. 

“NO HEMOS SIDO NEGLIGENTES”

Sol Liñán, gerente de Fonvisocial, indicó que están a la espera de un pronunciamiento por parte del Juez Cuarto del municipio de Valledupar que defina los lineamientos para continuar con la entrega de las viviendas dado que los propietarios de las casas no aparecen. 

“El municipio no ha sido negligente en hacer las entregas de estas casas. Pero estamos esperando que el Juez Cuarto nos indiqué a qué personas que viven en el predio Sabana Uno debemos entregarlas”, acotó Liñán. 

Entre tanto, los nuevos reclamantes del derecho a la vivienda exigen se les asigne las unidades ante la ausencia de los beneficiarios de la Sentencia T-946 de 2011.

KAREN LILIANA PÉREZ / EL PILÓN 

@karenperezcol