‘Instrumentos’ de la reforma rural según la ministra de Agricultura
"Es inconcebible que el departamento del Cesar, que fue el reinado del algodón, lo veamos abandonado y con una caída en la producción muy grande”, dijo la ministra de Agricultura el viernes en Valledupar.
Colombia ha tenido diferentes procesos de reforma agraria, entre estos los impulsados por Alfonso López Pumarejo en 1936; Carlos Lleras, en 1961, y César Gaviria en 1994.
En 1980 en el Congreso de la República se discutía la entrega de tierras a campesinos del departamento del Cesar por medio del desaparecido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora.
El proyecto de ley 85 que radicó el exrepresentante cesarense Efraín Quintero Araújo proponía un mecanismo al gobierno de Julio César Turbay para declarar “de utilidad pública e interés social” las fincas y terrenos que reunieran las condiciones “para el cumplimiento” del programa de Desarrollo Rural Integrado, DRI.
ENTREGA DE TIERRAS Y PROCESO DE PAZ
El proyecto contemplaba que dichas tierras fueran “parceladas y repartidas a familias campesinas a razón de 10 hectáreas por cada una, consideradas como una célula comunitaria”.
Más de cuatro décadas después, con el “fortalecimiento” de la democracia “la movilización rural demanda cambios en el desarrollo del campo”, indican estudios de la Universidad Nacional de Colombia, UNAL.
La ‘alma mater’ relaciona esa participación ciudadana con el Acuerdo de Paz de 2016 y su primer punto de implementación: la Reforma Rural Integral ‘hacia un nuevo campo colombiano’.
De acuerdo con el documento final, la redistribución de la tierra contribuirá a la terminación del conflicto en la medida en que “crea condiciones de bienestar en hombres y mujeres y ello contribuye a la construcción de paz estable y duradera”.
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UNA NUEVA ‘REFORMA’
Con esos antecedentes, el Gobierno nacional ha asegurado tener disposición para avanzar en una reforma rural, “pero aplicando las leyes que existen”, resalta la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López.
Una de ellas es la Ley 160 de 1994 “por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras”, entre otras disposiciones.
Desde su reciente visita a Valledupar, López explicó que redistribuir la tierra requiere tres instrumentos principales siendo la titulación el primero de ellos.
“Cuando se titula la tierra se cambia la informalidad por la legalidad”, expresó la economista. El segundo tiene que ver con otorgar terrenos que poseían los narcotraficantes.
Recientemente, el Minagricultura y el presidente entregaron una finca “que era símbolo del paramilitarismo” a familias de agricultores cerca de Montería, Córdoba.
PRODUCTIVIDAD DE LAS TIERRAS
Y el tercer instrumento es la entrega de las hectáreas con el objetivo de hacer productivos los terrenos subutilizados y garantizar, entre otras cosas, la seguridad alimentaria de la población, en palabras de la administración nacional.
Esa actividad agroindustrial requiere, según los expertos, créditos con el Banco Agrario, asistencia técnica, vías secundarias y terciarias, así como mayor educación para la población rural: ‘la dignificación del campo’.
Otra de las herramientas es la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, proyecto que fue aprobado en tercer debate en la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República.
El objeto de la iniciativa “es definir el marco constitucional para la resolución de controversias respecto a derechos de propiedad, posesión, ocupación, usufructo, servidumbre, uso y tenencia de la tierra”, se lee en la ponencia.
“Nos queda el tema de los baldíos que estamos a punto de mirar: qué dice una sentencia de la Corte que nos dirá qué haremos con ese tema”, puntualizó la ministra.
CESAR
Para la jefa de la cartera de Agricultura “es inconcebible que el departamento del Cesar, que fue el reinado del algodón, lo veamos abandonado y con una caída en la producción muy grande”.
No es la primera vez que el Gobierno hace alusión a “retomar la vocación productiva” del Cesar, un departamento en el que solo la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, registra más de 6.000 afiliados en este territorio.
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REDACCIÓN EL PILÓN