Continúan los pronunciamientos en contra del bochornoso hecho de violencia registrado el pasado 29 de abril en que al parecer está involucrado un Concejal de Valledupar, que es señalado de haber agredido físicamente a su exsuegra esmeralda Hernández.
A través del siguiente comunicado a la opinión pública, la campaña Párala Ya! Nada justifica la violencia contra las mujeres, se pronunció sobre el escandaloso caso y rechazó todo tipo de agresión hacía la mujer:
La Campaña ‘Párala ya! Nada justifica las violencias contra las mujeres’, que impulsan la Fundación Carboandes, ONU Mujeres, PNUD, Círculo de Periodistas de Valledupar y la Red de Voceras y Voceros, se permite comunicar a la opinión pública las siguientes consideraciones frente a las violencias contra las mujeres, a raíz de los casos que se han venido conociendo, y en el marco del hecho registrado esta semana en el que, presuntamente, está involucrado el concejal de Valledupar, José Guillermo Yamín Castro:
1. Los aliados de esta Campaña manifestamos nuestro rechazo e indignación frente cualquier acto de violencia contra las mujeres ocurrido tanto en ámbitos privados como públicos. Como manifestación de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, las violencias contra las mujeres son un hecho que nos produce vergüenza. Reiteramos: nada justifica las violencias contra las mujeres.
2. En Colombia, los derechos de las mujeres han sido reconocidos como derechos humanos dentro de la Constitución Política, al tiempo que se han ratificado tratados internacionales en esta misma materia, por tanto, el Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de garantizarlos en cualquier ámbito y bajo cualquier circunstancia. Así mismo, las violencias contra las mujeres son consideradas como una violación a los derechos humanos, en particular a su derecho a una vida libre de violencias, tipificado como tal a través de la Ley 1257 de 2008, reglamentada en el ámbito jurídico en diciembre de 2011.
3. Hacemos un llamado al reconocimiento de las violencias contra las mujeres -físicas, psicológicas, sexuales, patrimoniales y económicas- como un asunto público. Esto implica que deben dejar de seguir siendo tratadas como asuntos privados a resolver por particulares. Recomendamos tomar medidas efectivas para sancionar, prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres y reparar los efectos ocasionados, tal como lo promulga la Ley 1257 de 2008.
4. En particular, tomando en consideración el cargo público que como concejal ostenta el mencionado, recordamos que su deber es velar por el cumplimiento y garantía de los derechos humanos y salvaguardar la Constitución Política de Colombia.
5. Sugerimos a la Fiscalía General de la Nación, celeridad en las investigaciones para que estos casos no queden impunes y las mujeres víctimas accedan de manera integral a la justicia, derecho fundamental de cualquier persona. Al igual, garantizar las condiciones de seguridad para las mujeres denunciantes.
6. A la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, les recomendamos realizar el apoyo y seguimiento a estos casos de tal manera que todos los entes competentes garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y se surta el procedimiento para investigar y sancionar, si hay lugar a ello.
7. A los medios de comunicación hacemos un llamado a que hagan seguimiento a los casos y a que llamen la situación por su nombre: violencias contra las mujeres, tal como lo reconoce la Ley 1257 de 2008.
8. A las entidades públicas y privadas, en especial de los sectores de justicia, educación, salud y trabajo, recomendamos la adopción de políticas públicas junto con la implementación de los decretos reglamentarios de la Ley 1257 de 2008, de tal forma que se lleven a cabo acciones de sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres.
