Cuatro pueblos indígenas establecidos en la Sierra Nevada de Santa Marta tomaron la decisión conjunta de declarar en emergencia social, ambiental y cultural el macizo aislado de la Cordillera de los Andes, al sentirse amenazados por los proyectos de desarrollo y licencias mineras otorgadas por el Gobierno Nacional.

El Estado entregó un mecanismo de defensa para los pueblos con reserva forestal que son las consultas previas, pero en los últimos años un sin número de solicitudes han surgido para explotar la Sierra Nevada. De acuerdo con cálculos indígenas, hoy existen 395 proyectos minero-energéticos con títulos o a la espera de licencia para operar dentro de su territorio.

En consenso, arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos acordaron no sentarse más con las autoridades ambientales, ni con privados en los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena, porque están descontentos tras la cantidad de proyectos sobre los límites de la histórica Línea Negra, un trazado que desde 1974 delimita los territorios indígenas pueblos asentados en la sierra.

Tras una reunión de cuatro días en Chemesquemena, corregimiento al norte de Valledupar, quedó claro que los indígenas no están dispuestos a exponer más los territorios sagrados, donde nacen algunos de los ríos más importantes de la costa Caribe como son el Cesar, Guatapurí y Ranchería.

“A partir del análisis y lo que se ha evidenciado en los diferentes espacios de las autoridades indígenas, se cree conveniente que ya no se puede ir a las consultas previas si no existe la garantía mínima para proteger la cultura, la espiritualidad y la vida de los pueblos de la Sierra”, advirtió Gélver Zapata Izquierdo, coordinador de territorio de la Confederación Indígena Tayrona, CIT, y enlace entre occidente y las autoridades tradicionales de Nabusímake.

Dice que los mamos están preocupados porque los ríos se están secando y los alimentos cada día están más escasos y aumentando de precio.

“Pensamos que debe haber algo que nos permita atraer la mirada del gobierno en función del cumplimiento de los derechos de manera efectiva”, sostuvo el vocero.

Como representante de la lucha indígena, Zapata Izquierdo considera que los gobiernos de turno valoran más un sector productivo que explota los recursos naturales que un río en función de las comunidades y del equilibrio del medio ambiente.

“En Valledupar hay 28 titulaciones definidas, en Bosconia 18, en El Copey nueve, son una serie de titulaciones que se ha otorgado por parte del gobierno que van en detrimento del agua. El problema no es una represa, hay que conservar es el río”, sostuvo.

Además aseveró que son dos peticiones que harán los indígenas al Ministerio del Interior, Ambiente y Agricultura: claridad sobre los derechos de los indígenas y las posturas de cada pueblo frente a las consultas previas.

No hay marcha atrás en la decisión de los cabildos gobernadores, aseguran que no están en contra del progreso del país, ni con el presidente Juan Manuel Santos a quien le entregaron el bastón de mando en 2012 en una ceremonia simbólica en la Sierra.

“Tampoco podemos permitir que regiones enteras queden sin agua, sin ambiente limpio, por faltar el respeto a la naturaleza, por un gramo de carbón o cualquier otro recurso que quiere sacarse de la Sierra Nevada”, declaró Jaime Arias, cabildo gobernador Kankuamo.

En el Cesar hay aproximadamente 400.000 hectáreas con títulos mineros y 780.000 donde existe algún tipo de solicitud para explotar oro, cobre, carbón, material de arrastre, hierro, níquel y mármol, en la Sierra Nevada y en la Serranía de Perijá.

¿Qué está pasando?
Los representantes de unos 110.000 indígenas, habitantes de la Sierra, consideran que el Gobierno no está ejerciendo ningún filtro a la protección del medio ambiente, los recursos hídricos, y los más grave, que causan daño al ámbito tradicional de sus actividades culturales, religiosas y económicas, aunque el gobierno colombiano consideró oportuno delimitar de manera geográfica una zona de indiscutible influencia de aquellas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.

Jaime Arias, cabildo gobernador Kankuamo, indicó que los factores que llevaron a tomar la decisión son básicamente dos elementos: la sequía que afecta el territorio por efectos del cambio climático y que en los procesos de consulta previa no se han respetado sus derechos fundamentales.

“Lo que hemos visto es que se ha ido legitimando la profanación a nuestros lugares sagrados y la violación a nuestros derechos. Nos preocupa que en las consultas previas el Gobierno Nacional nos siente a dialogar con las empresas y no haya la participación efectiva de un órgano como garante de nuestros derechos”, declaró Arias.

El líder de la etnia kankuama advirtió que existe una “ausencia retirada de la Procuraduría General de la Nación” por eso piden al Gobierno establecer reglas claras para el juego, sin intermediarios.

Por su parte, el cabildo gobernador Kogui, José de los Santos Sauna, señala que cuando han dado vía libre a las consultas previas, les dejan un acta garantizando los derechos en temas sociales, ambientales, económicos y marinos, pero no se cumplen.

“Los territorios sagrados han sido vulnerados, por eso no se permite el acceso a realizar las consultas previas. Hay 400 consultadas previas en estudios y ya siete para darse, no se nos están garantizando nuestros derechos. Estamos a punto de riesgo y extinción de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada”, comentó el líder Kogui.

Argumenta que los koguis, wiwas, kankuamos y arhuacos, se sienten amenazados por la vulneración de sus derechos que van en aumento con n caso de que el Gobierno siga aprobando consultas previas.

Departamento golpeado
El director de la Corporación Autónoma del Cesar, Kaleb Villalobos Brochel, confesó que hay incertidumbre ante la decisión que los indígenas de la Sierra Nevada han tomado con relación a las consultas previas.

“Debo manifestar la preocupación que me asiste por la decisión de los pueblos indígenas en la Sierra, toda vez que afectan los procesos de desarrollo que se vienen llevando en la región”, manifestó el funcionario.

Entre los proyectos pendientes sobre la Sierra Nevada de Santa Marta hay varios a cargo de entidades como la Gobernación del Cesar, Corpocesar, la Alcaldía de Valledupar, la concesión Ruta del Sol, y privados que explotan material de arrastre en algunos municipios.

“Para nadie es un secreto que hay muchas obras del gobierno departamental y nacional, proyectos de interés que son fundamentales y esenciales para el desarrollo de Valledupar como es el embalse Los Besotes, algunas vías transversales que se están pensando para bordear la ciudad que requieren consultas previas, por lo que al tomarse esta decisión nos debe preocupar a todas las entidades que hacemos parte del Estado”, recalcó Villalobos Brochel.

Uno de los temas más latentes para la Corporación Autónoma Regional del Cesar es la consulta previa pendiente para el Plan de Ordenamiento de la cuenca del río Guatapurí. El director de la entidad es optimista y piensa que “como hay buenas relaciones, pienso que lo vamos a seguir tocando”.

Consultas sobre la Sierra
Álvaro Echeverri, director de consulta previa del Ministerio del Interior, refutó las cifras entregadas por las autoridades indígenas frente a 395 proyectos minero-energéticos con títulos o a la espera de licencia para operar dentro de su territorio.

El funcionario aseveró que en el momento solo hay por convocar 14 consultas previas y en desarrollo hay siete, que son solicitudes desde 2012 y 2013. Además, hay tres que ya se concertaron con empresas y se reanudarán después de que se adopte el protocolo de consulta previa.

Echeverrí coincide en que estos procesos necesitan revisión permanente. Anunció que luego de una reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se tomará una decisión frente a la solicitud de los mamos.

La consulta previa
Como mecanismo de protección del territorio indígena y de los derechos de las comunidades relacionados con él, tanto en el derecho internacional como en el derecho interno, se ha establecido que el mecanismo de protección idóneo para garantizar que con medidas o actuaciones del Estado o de particulares, no se ven afectados los intereses de los indígenas, es la consulta previa.

Debido al sentido particular que tiene para los pueblos indígenas la tierra, la protección de su territorio no se limita a aquellos que se encuentran titulados, sino que se trata de un concepto jurídico que se extiende a toda la zona indispensable para garantizar el pleno y libre ejercicio de sus actividades culturales, religiosas y económicas, de acuerdo como las han venido desarrollando de forma ancestral. El Estado tiene la obligación de proteger a las comunidades indígenas frente a las perturbaciones que puedan sufrir en el ejercicio de sus actividades en lo que han considerado su territorio ancestral, y debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar que conductas de particulares puedan afectar sus derechos.

Es una obligación de consulta previa cuando se van a realizar proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en el territorio indígena.

Por todo lo anterior hoy vuelve a recalcarse la Línea Negra, que es una zona de especial protección, debido al valor espiritual y cultural que tiene para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Los indígenas de la Sierra ocupan hoy dos resguardos creados en 1984. El Arhuaco con 195.900 hectáreas y el Kogui Malayo (Sánha) con 364.390 hectáreas.

La Sierra Nevada de Santa Marta es un macizo aislado de la Cordillera de los Andes, aproximadamente 16.400 kilómetros cuadrados.

La tradición oral indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta reconoce cuatro grupos originarios del macizo: Kogi, Sánha, Kankuama e Ika. Cada uno con su propio territorio y su lengua; pertenecientes todos a la familia lingüística Chibcha.

“Pienso que los temas ambientales deben estar por encima de cualquier diferencia que se pueda tener entre los pueblos y Estado”: Kaleb Villalobos.

“Nos preocupa que en las consultas previas el Gobierno Nacional nos siente a dialogar con las empresas y no hay la participación efectiva de un órgano como garante de nuestros derechos”: Jaime Arias.

Por Carlos Mario Jiménez
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