El Tribunal Administrativo del Cesar admitió el incidente de desacato interpuesto por la Procuraduría Ambiental de Valledupar contra el municipio de Valledupar por el incumplimiento de la sentencia que ordenó la construcción de la escombrera municipal que erradicaría el problema ambiental y de salubridad que generan las basuras en las calles de la ciudad. 

Hay que recordar que el Tribunal le ordenó al municipio construir la escombrera en un término de 12 meses, cumplido este tiempo, el sitio para la disposición final de los residuos sólidos sigue sin concluirse. 

A pesar de que el ente territorial ha realizado algunas gestiones para establecer unos sitios provisionales de disposición final de los residuos, “no ha adoptado una medida de carácter definitivo y efectiva dirigida a proteger los derechos e intereses colectivos relacionados con el ambiente y la protección del espacio público”, señaló El Tribunal.

RÍO DE ORO Y SAN DIEGO

Hablando de temas y políticas ambientales, San Diego y Río de Oro no se quedan atrás, debido a que recientemente la Procuraduría General de la Nación les ordenó a estos municipios implementar, en un término de 30 días, sus Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS.

“La Procuraduría General de la Nación, actuando bajo su pauta misional de defensa del medio ambiente, interpuso a través de la Procuraduría Agraria y Ambiental de Valledupar varias acciones constitucionales tendientes a lograr que los municipios del departamento del Cesar cumplan con su obligación legal de actualizar e implementar sus Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

En ese contexto, el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar, a través de sentencias dictadas los días 1 y 2 de agosto del año en curso, acogió las pretensiones de la Procuraduría e impuso a los municipios de Río de Oro y San Diego, Cesar, el acatamiento de su deber legal de implementar y actualizar el PGIR”, señaló Camilo Vence de Luques, procurador judicial, ambiental y agrario de Valledupar.