El inicio de actividades relacionadas con el trabajo en este año 2023 trajo consigo incertidumbre y una gran preocupación para todas esas personas que laboran mediante contratos por prestación de servicios y cuyas vinculaciones laborales vencieron en diciembre de 2022.

La incertidumbre se debe a que, antes de finalizar el año 2022, el presidente Gustavo Petro aseguró que esa figura de contratos por prestación de servicios se acabará en su gobierno, tras considerar que va en contra de los derechos de los trabajadores.

La situación se acentúa más en las entidades públicas o empresas del Estado que son las mayores empleadoras mediante esta modalidad y que la mayoría de sus funciones las desarrollan personal vinculado a través de este tipo de contratos.
Sin embargo, pese a que se conoció una circular que en resumen prohibía o limitaba el tiempo o duración de los contratos por prestación de servicios, al parecer eso no se aplicaría de forma inmediata, debido a que la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, dejó entrever que ese proceso sería para implementarlo más adelante y no ahora.

“Lo que nosotros estamos planteando a través de la reforma laboral, vamos a estructurar una forma de contratación que efectivamente saque de nuestro escenario este proceso de tener unas contrataciones que seccione derechos de trabajadores y trabajadoras, vamos a hacer un proceso de transición para ir poco a poco avanzando hacia la formalización laboral”, dijo en su momento la ministra.

Lo cierto es que en este momento no se sabe a ciencia cierta cuál será la decisión o mecanismo definitivo para suplir todas las necesidades contractuales que se requieren al inicio de la presente vigencia fiscal.

El tema ha generado polémicas en muchos sectores por la forma precipitada como el presidente Gustavo Petro hizo el anuncio, muchos consideran que faltó un estudio previo muy bien fundamentado y que además previera las soluciones en el inmediato plazo para evitar la parálisis de la mayoría de funciones de la cosa pública.

Entidades como la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar del Cesar, solo para mencionar estos dos casos, se verían seriamente afectadas por esa situación si se tiene en cuenta que durante la vigencia 2022 estas celebraron más de mil 500 contratos por prestación de servicios entre personal técnico y del nivel profesional para poder cumplir con su labor misional.

El asunto no deja de ser un trauma tanto para el empleador como para el empleado, por un lado, la parálisis institucional y, por otra parte, está el hecho de que esa cifra de contratos a la que hacemos referencia equivale a igual número de personas que hoy estarían viendo enredadas sus oportunidades laborales y detrás de ellas otro número más que de manera indirecta dependen de sus ingresos, lo cual indica que se le está poniendo un freno a la cadena productiva que de allí se deriva. Igual situación se estaría presentando en el sector privado.

Como se puede ver, más allá de los propósitos o buenas intenciones del Gobierno nacional en el sentido de buscar mejores condiciones laborales para la gente, estamos frente a una situación de hondo calado económico en el inmediato plazo que paradójicamente afecta el derecho al trabajo, la cual amerita de una salida o solución urgente.