Definitivamente a la gente nadie la entiende. Una de las críticas que se le hacía al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, era su estilo imponente y microeconómico; para bien o para mal, Uribe se metía en todo y en algunos escenarios aparecía como si el fuera un ciudadano más y nada tuviera que ver con los asuntos de Estado. Ese era su estilo…
Ahora, con Juan Manuel Santos, quien ha mostrado una forma distinta de gobernar, ha designado en la mayoría de los Ministerios personas con mucha autonomía y vuelo propio, y –además- un estilo de administración conciliador, pragmático si se quiere, y amigo de la concertación. Es otro estilo de gobierno…
En efecto, al Presidente Santos se la ha criticado que en varios actos de gobierno ha echado reversa, sin problemas. Así sucedió, para citar sólo algunos ejemplos, con el tema del salario mínimo de 2011, cuando se revisó el reajuste, por uno mayor, luego de conocidas las cifras finales sobre inflación. Igualmente, pasó con el paro camionero, de hace algunos meses, por la famosa tabla de fletes, y volvió a suceder – ahora – con el tema del proyecto de reforma a la educación superior.
En este tema los extremos son viciosos; no es buena la imposición unilateral de las posturas del gobierno, como tampoco el ritmo de un paso adelante y dos atrás, la concertación permanente, cuando esta no tiene sentido. Es cuestión de estilos…
No obstante, en materia de políticas públicas, y tratándose de un gobierno llamado de Unidad Nacional, en el cual están la gran mayoría de los partidos y movimientos políticos, con excepción del Polo Democrático y Progresistas, el partido de Gustavo Petro, el nuevo Alcalde de Bogotá, es válido escuchar a la sociedad civil, a los distintos sectores vinculados a un tema, con la debida anticipación y cuidado, con el fin de acordar lo que más le conviene al país, pensando siempre en el interés general y en políticas de mediano y largo plazo.
Sin embargo,  el caso de la propuesta de reforma  a la educación superior, objeto de debate, análisis y protestas, es una muestra de cierta improvisación por parte del gobierno. No hay duda de que el país requiere una reforma profunda, futurista y progresista en su sistema de educación superior. Esta necesidad es un imperativo social, cultural y hasta económico; y  el documento base, presentado por el gobierno, tiene muchos aspectos positivos; pero hubiera sido mejor discutirla antes, en primer lugar, con los rectores de las universidades públicas, y luego con las privadas, como también escuchar a los estudiantes de pre-grado, post-grados y a los egresados, y al sector empleador, antes de llevarla al Congreso de la República.
Pero, se hizo todo lo contrario, se socializó la propuesta, como se dice ahora, para luego llevarla al Congreso, como escenario de concertación. Este es el costo político que está pagando el Presidente Santos, y ahora se lo están cobrando, cuando ha decidido retirar el actual proyecto, para discutirlo más ampliamente y presentarlo el año entrante. En este caso se puede esperar, el que espera lo mucho, espera lo poco. Dice el adagio…
Si en otras ocasiones, por ejemplo con las reformas tributarias, se escucha, y con atención, al sector privado, y mucha de las observaciones de este son tenidas en cuenta. Igualmente se puede hacer con otro tipo de reformas; hasta cierto punto.
Es un deber del gobierno proponer, escuchar y facilitar una concertación en materia de políticas públicas,  y ojalá este proceso de haga de frente, de cara al país, por eso un proyecto de ley tiene cuatro debates y una reforma constitucional ocho, con el fin de darle la suficiente discusión a los temas. Luego, por escuchar, atender y concertar, no se le puede señalar a un gobierno de vacilante. El diálogo social, abierto, sobre los temas y su eventual concertación, hasta cierto límite, hacen parte de los principios del “buen gobierno”, que tanto ha pregonado la actual administración. Lo importante, en el fondo, es la calidad de las políticas públicas y la verticalidad para ponerlas en marcha.