La suerte del gobernador estará en manos del magistrado Mario Cortés Mahecha, quien deberá resolver si se debe o no retirar la medida de aseguramiento domiciliaria que tiene Luis Alberto Monsalvo.
Un nuevo intento por volver a las riendas del departamento del Cesar buscará la mañana de este miércoles el gobernador (r) Luis Alberto Monsalvo Gnecco en una audiencia programada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
En la diligencia resolverán una solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento que interpuso la defensa del mandatario representada por el abogado José Luis Barceló Camacho, reconocido por haber sido presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Aunque el abogado no atendió el llamado de este medio de comunicación, se conoció que la solicitud la hizo desde finales del pasado mes de mayo. Por eso, a través de un auto se convocaron a las partes procesales para el pasado 1 de junio y se reprogramó para el 15 de este mismo mes.
La suerte del gobernador estará en manos del magistrado Mario Cortés Mahecha, quien deberá resolver si se debe o no retirar la medida de aseguramiento domiciliaria que tiene a Monsalvo Gnecco apartado del cargo.
LOS INTENTOS DEL MANDATARIO
No obstante, esta misma petición anteriormente ya ha sido rechazada en varias oportunidades por el tribunal. La última vez fue el pasado mes de febrero.
En ese entonces la magistrada Susana Quiroz Hernández consideró que Monsalvo representaba una posible reincidencia frente a los hechos investigados, por lo que despachó desfavorablemente la revocatoria de medida de aseguramiento y el recurso de reposición que pidió la defensa.
Monsalvo Gnecco está privado de la libertad desde agosto del año pasado por una investigación en la que fue responsabilizado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado.
El proceso está a cargo del fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Ospino. Según la investigación, el gobernador favoreció en el 2015 a un grupo de personas en una contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, y generó un millonario detrimento patrimonial.
La suerte del gobernador estará en manos del magistrado Mario Cortés Mahecha, quien deberá resolver si se debe o no retirar la medida de aseguramiento domiciliaria que tiene Luis Alberto Monsalvo.
Un nuevo intento por volver a las riendas del departamento del Cesar buscará la mañana de este miércoles el gobernador (r) Luis Alberto Monsalvo Gnecco en una audiencia programada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
En la diligencia resolverán una solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento que interpuso la defensa del mandatario representada por el abogado José Luis Barceló Camacho, reconocido por haber sido presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Aunque el abogado no atendió el llamado de este medio de comunicación, se conoció que la solicitud la hizo desde finales del pasado mes de mayo. Por eso, a través de un auto se convocaron a las partes procesales para el pasado 1 de junio y se reprogramó para el 15 de este mismo mes.
La suerte del gobernador estará en manos del magistrado Mario Cortés Mahecha, quien deberá resolver si se debe o no retirar la medida de aseguramiento domiciliaria que tiene a Monsalvo Gnecco apartado del cargo.
LOS INTENTOS DEL MANDATARIO
No obstante, esta misma petición anteriormente ya ha sido rechazada en varias oportunidades por el tribunal. La última vez fue el pasado mes de febrero.
En ese entonces la magistrada Susana Quiroz Hernández consideró que Monsalvo representaba una posible reincidencia frente a los hechos investigados, por lo que despachó desfavorablemente la revocatoria de medida de aseguramiento y el recurso de reposición que pidió la defensa.
Monsalvo Gnecco está privado de la libertad desde agosto del año pasado por una investigación en la que fue responsabilizado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado.
El proceso está a cargo del fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Ospino. Según la investigación, el gobernador favoreció en el 2015 a un grupo de personas en una contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, y generó un millonario detrimento patrimonial.