Las múltiples denuncias de comerciantes y la ciudadanía en general sobre presuntas irregularidades en el proceso de imposición de fotomultas en la ciudad, tuvo como resultado que la Cámara de Comercio de Valledupar se pronunciara sobre el tema y haya enviado un informe al alcalde municipal, Ernesto Orozco, sobre “el daño económico” que está recibiendo la ciudad con estas sanciones que presuntamente rayan en la ilegalidad. 

Así lo dio a conocer José Luis Urón, presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, quien manifestó que la empresa de economía mixta a cargo de la expedición y recaudo de los comparendos “no tiene idoneidad” debido a que presuntamente la constituyeron en Barranquilla “35 días antes de ganarse el contrato”. 

Por tal motivo, argumentó que es necesario que la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía “metan el ojo a unos negocios” entre particulares y el municipio porque puede haber faltas en el principio de legalidad y confianza legítima. Acotando así que el ejercicio que desempeña esta Alianza Público Privada, APP, debería ser ejecutado por la Secretaría de Tránsito Municipal y “no por terceros”. 

“No somos enemigos del orden, somos enemigos de los abusos. La calle 11 y la calle 12 están a punto de convertirse en un desierto. Los empresarios, los compradores, cuando escuchan que viene la patrulla de tránsito, es como si dijeran que vienen las Autodefensas, todo el mundo corre y sale a esconderse. Eso ha dañado la economía en ese sector de la ciudad”, dijo Urón. 

El estudio de movilidad 

De acuerdo con Urón, en la ciudad es imperativo la realización de un estudio de movilidad para que se determinen de manera correcta las zonas azules y sitios dispuestos para el parqueo en los sectores comerciales. De igual forma puntualizó que dicho estudio no lo debe hacer una empresa de economía mixta, sino una particular como por ejemplo una universidad del país. 

“Se debió educar a la gente como hizo Mockus en Bogotá y después empezar a funcionar con el negocio. Tal y como lo ha dicho la Superintendencia de Transporte, esas funciones públicas no deben ser delegadas a particulares. Para eso la Oficina de Tránsito tiene su planta de personal”, manifestó Urón. 

Agregó que en reiteradas ocasiones han planteado el mal ejercicio de la imposición de las fotomultas y el abuso por parte de algunos “servidores públicos” de manera pacífica, pero si “nos toca llevarlos a los estrados judiciales lo haremos sin importar quién sea el dueño de este negocio, así como lo hicimos con la Concesión de Tránsito cuando Fredy Socarrás”. 

Al respecto se refirió que en la mencionada concesión hubo un detrimento patrimonial que lo certificó a través de una auditoría la Universidad de Medellín, por lo que están dispuestos desde la Cámara de Comercio a tomar las acciones necesarias para que se realicen las investigaciones pertinentes sobre el procedimiento para la imposición de fotomultas.

La socialización 

La imposición de fotomultas debe cumplir con una serie de previsiones legales y estudios para su funcionamiento establecidos en la Ley 1843 de 2017, la cual regula la instalación y puesta en marcha de los sistemas y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones. De acuerdo con Urón dichos estudios no fueron realizados. 

“Se volvieron locas las patrullas de tránsito para aportar sus ingresos. Durante la ejecución del contrato se habla de que deben recaudar $50.000 millones, pero no hicieron el ejercicio que requiere el artículo octavo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que era socializar este proyecto que impacta la ciudad”, explicó el presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar. 

En ese orden de ideas, aseguró que el Observatorio Económico de la Cámara de Comercio le envió un informe al alcalde municipal en el que se detalla el daño económico que está recibiendo la ciudad “por los abusos de la Secretaría de Tránsito a través de la empresa de economía mixta”. 

Como también preocupación sobre el hecho de que no se sabe cómo está la ciudad frente a los ingresos que ha recibido el municipio por concepto de fotomultas, las cuales “son ilegales porque se debía hacer una socialización primero”. 

El comercio 

Comerciantes de la calle 11 y 12 de la ciudad de Valledupar han manifestado a través de diferentes medios de comunicación que les han impuestos fotomultas por presuntamente bajarse de sus vehículos “a descargar mercancía” y que los pagos de las multas que rondan los $572.520 les está afectando económicamente. 

Al respecto, Urón Márquez, precisó que tienen reportes de comerciantes de esa zona que están buscando locales en otros sectores de la ciudad para mudar sus negocios, sin embargo, Urón afirma que esa alternativa sería “trasladar el problema porque la patrulla va a ir a donde haya movilidad y la informalidad en el parqueo”. 

“El municipio debe hacer el estudio de movilidad y definir con claridad los parqueos. Así mismo, tramitar un acuerdo en el Concejo que permita la implementación de incentivos tributarios para aquellos empresarios que abran las puertas a parqueaderos en la ciudad, y reglamentar el ingreso de vehículos al centro”, comentó Márquez. 

Explicó que por la exposición de las denuncias de los comerciantes sobre el proceso de imposición de multas, la naturaleza de la empresa de economía mixta a cargo del recaudo e inconsistencias en el proyecto, “hay personas que se pueden sentir afectadas y puede ponerse en riesgo la seguridad de quienes hemos alzado la voz”. 

“A nosotros no nos da miedo pedirle a las autoridades que se realicen las investigaciones que den a lugar y que se haga el estudio de movilidad pertinente. Nosotros lo que estamos defendiendo es el principio de legalidad, confianza legítima y por los derechos de la ciudadanía en general”, afirmó Urón. 

La Procuraduría 

Cabe recordar que en agosto del presente año, la Procuraduría General de la Nación solicitó al secretario de Tránsito y Transporte de Valledupar, Alberto Daza Sagbini, información sobre el procedimiento manual para la imposición de multas, sus debidos estudios y las socializaciones a la población con sus respectivas evidencias acerca de la fotodetención y cultura ciudadana.

El ente de control hizo el requerimiento con el propósito de constatar que en la ciudad el procedimiento para la imposición de multas cumple con las previsiones legales, y cuenta con los debidos estudios para su funcionamiento.

Así como también conocer si los medios usados para detectar infractores cuentan con la autorización de seguridad vial como está establecido en la ley y, si no, se debe indicar las razones.

El oficio del ente de control también puntualiza que el Ministerio Público pretende obtener datos sobre la empresa que lleva a cabo la expedición y recaudo de los comparendos, en los que se especifique “el vínculo de estos con la administración municipal”.

Por Redacción EL PILÓN