Ver al alcalde de los vallenatos, Ernesto Orozco, manifestar en sus redes sociales el mismo desespero que sentimos todos ante los abusos de Afinia, genera una empatía inmediata. Apelar al ingenio popular y recordar que el deficiente servicio “nos tiene locos” y “nos va a matar” retrata con fidelidad el sufrimiento de una ciudad sometida a constantes apagones y fluctuaciones.
Sin embargo, desde el tejido empresarial, comercial e industrial de Valledupar, debemos recordar con respeto pero con absoluta firmeza un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico. Los ciudadanos protestamos y nos quejamos, pero los gobernantes ejecutan. El tuit del mandatario no puede convertirse en su única actuación, sino en el punto de partida de una ofensiva institucional.
El comercio, el sector salud y la industria operan hoy bajo condiciones de extrema vulnerabilidad. Cuando la energía falla de manera imprevista, no solo se apagan los aires acondicionados bajo los inclementes 40 grados de nuestra tierra. Se caen las plataformas de pago imposibilitando las transacciones, se rompe la cadena de frío de los alimentos, se frenan en seco las líneas de producción industrial y se queman equipos cuyo costo de reposición golpea duramente la rentabilidad y coloca en riesgo a los pacientes.
Pero los apagones no son el único frente de batalla. Valledupar padece también una agresión silenciosa y cotidiana en la batalla contra su espacio público. Emdupar, empresas de servicios eléctricos, de telecomunicaciones y de gas intervienen nuestras calles y andenes para instalar o reparar redes, y las abandonan convertidas en cráteres.
Baches tapados con poco criterio técnico, remaches que duran días y terminan causando daño por años, superficies irregulares que se vuelven trampas invisibles para los motociclistas en la noche. A eso se suma un peligro aún más grave: los cables que caen de las redes aéreas y quedan tendidos sobre andenes y calzadas, convertidos en lazos mortales para peatones, ciclistas y motociclistas. No es exageración. Es el paisaje diario de nuestra ciudad.
Aquí, a diferencia de lo que ocurre con las tarifas eléctricas, el alcalde sí tiene competencia directa. El Decreto 1077 de 2015 y el Código Nacional de Policía le otorgan a la Alcaldía la facultad de exigir a cualquier empresa que intervenga el espacio público la correcta y oportuna reposición del pavimento, so pena de sanciones administrativas. Ninguna empresa tiene derecho a dejar una calle peor de como la encontró. La indolencia con la que algunas operadoras gestionan sus intervenciones no es solo una falta técnica, es un riesgo para la vida. Y cuando hay riesgo para la vida en el espacio público, el primer responsable de actuar es el alcalde.
Frente a esta realidad, la ciudadanía no necesita a un alcalde que se sume a la queja, sino a la primera autoridad del municipio activando con rigor las herramientas legales que la Constitución y la Ley 142 de 1994 le confieren. El alcalde no puede sancionar directamente a Afinia, es cierto, pero su capacidad de presión jurídica e institucional es posible si decide ir más allá de las redes.
La indignación debe traducirse en acciones concretas. El alcalde debe convocar con carácter vinculante a los Comités de Desarrollo y Control Social, articularse con la Vocalía de Control para fiscalizar cada plan de inversión que la empresa dice ejecutar en el Cesar, y radicar con el respaldo técnico de los gremios una denuncia formal ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, exigiendo auditorías e investigaciones inmediatas por el flagrante incumplimiento de los indicadores de continuidad y calidad del servicio.
La vía judicial también está abierta. La vulneración de los derechos colectivos a la seguridad, la salubridad y el acceso eficiente a los servicios públicos faculta a la Oficina Jurídica de la Alcaldía para interponer una Acción Popular que busque medidas cautelares concretas frente a lo que a todas luces parecen racionamientos disfrazados. No es una opción de último recurso, es una herramienta legítima que los ciudadanos y sus gobernantes tienen derecho a usar.
Desde los gremios y el sector productivo real que sostiene el empleo y la economía de Valledupar, extendemos una mano aliada al alcalde Ernesto Orozco. Estamos listos para aportar para desarrollar el censo de daños, los reportes de pérdidas económicas por los cortes, el registro de intervenciones viales inconclusas y el respaldo institucional que sea necesario.
Celebramos su sintonía con el sentir popular, pero le hacemos un llamado constructivo. Es la hora de pasar de la irreverencia digital al ejercicio pleno de la autoridad administrativa. Que las redes sean el eco de su gestión, no el reemplazo de ella. Valledupar no da más espera. Necesitamos luz, calles dignas, cables en su lugar… y, sobre todo, necesitamos liderazgo contundente.
