Ver al alcalde de los vallenatos, Ernesto Orozco, manifestar en sus redes sociales el mismo desespero que sentimos todos ante los abusos de Afinia, genera una empatía inmediata. Apelar al ingenio popular y recordar que el deficiente servicio “nos tiene locos” y “nos va a matar” retrata con fidelidad el sufrimiento de una ciudad sometida a constantes apagones y fluctuaciones.
Sin embargo, desde el tejido empresarial, comercial e industrial de Valledupar, debemos recordar con respeto pero con absoluta firmeza un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico. Los ciudadanos protestamos y nos quejamos, pero los gobernantes ejecutan. El tuit del mandatario no puede convertirse en su única actuación, sino en el punto de partida de una ofensiva institucional.
El comercio, el sector salud y la industria operan hoy bajo condiciones de extrema vulnerabilidad. Cuando la energía falla de manera imprevista, no solo se apagan los aires acondicionados bajo los inclementes 40 grados de nuestra tierra. Se caen las plataformas de pago imposibilitando las transacciones, se rompe la cadena de frío de los alimentos, se frenan en seco las líneas de producción industrial y se queman equipos cuyo costo de reposición golpea duramente la rentabilidad y coloca en riesgo a los pacientes.
