Durante un debate de control político en el Concejo de Valledupar, el secretario de Seguridad, Pablo Bonilla, expuso la frustración de las autoridades frente a la impunidad en los casos de robo de ganado. El funcionario advirtió que la justicia enfrenta un problema estructural en la judicialización de quienes cometen este delito en las zonas rurales.
Las cifras revelan el obstáculo legal que enfrenta la fuerza pública. De los 337 privados de la libertad que se encuentran actualmente en la Cárcel La Permanente, no hay una sola persona recluida por abigeato. Según explicó Bonilla, se han realizado 14 capturas en flagrancia por este delito, pero los implicados no pasan de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y ninguno llega a la Cárcel Judicial.
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“Se captura en el predio con los cuchillos, el hacha y se lleva a las autoridades. Estamos detrás de la Fiscalía General. Pero como se capturó sin haber matado la vaca, no hay abigeato. Para la calle en menos de 36 horas. A los 3 días vuelve la Policía y captura al bandido, con la vaca muerta, y la carne dentro del carro. Pero otra vez para la calle. ¿Qué hace la fuerza pública para que el sistema judicial castigue a esta gente?”, dijo el funcionario.
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Frente a esta barrera legal con los infractores reincidentes, la Administración municipal busca cambiar la estrategia. Bonilla confirmó que se están apoyando en un abogado externo para conectar los distintos procesos y entregar elementos a la Fiscalía que permitan investigar y judicializar a estas personas bajo la figura de concierto para delinquir, intentando que el sistema penal los mantenga tras las rejas.
