El Gobierno nacional parece decidido a repetir sus errores una y otra vez con el tema de la Sierra Nevada de Santa Marta: intervenir el territorio desde la capital del país, invocar la protección ambiental y la defensa de las cuatro etnias de la Sierra, y dejar que sean los departamentos, los municipios, los ciudadanos, las otras etnias no tenidas en cuenta, las negritudes y los sectores productivos quienes carguen con el costo de cada improvisación.
Eso fue lo que ocurrió con el Decreto 1500 de 2018, el cual fue anulado por un sendo fallo del honorable Consejo de Estado. Y ahora, con la Resolución 0280 de 2026 lo vuelve a hacer, con nuevas y más medidas restrictivas que, aunque cambien de nombre o disfraz jurídico, siguen generando efectos perjudiciales en este gran sector del país: inseguridad jurídica, parálisis económica e incertidumbre para los municipios de la Sierra, que mediante instrumentos inapropiados ven sus competencias cercenadas.
El problema nunca ha sido la protección de la Sierra. El problema ha sido la forma caprichosa, centralista y desordenada con la que el Estado insiste en intervenir.
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La nulidad del Decreto 1500 debió haber sido suficiente escarmiento. El Consejo de Estado fue claro: el Gobierno no podía rediseñar un territorio de semejante impacto sin mapa oficial, sin participación transparente y sin consulta incluyente. Lo que se cayó fue un acto expedido a ciegas, sin los soportes mínimos que exige una democracia seria.
Lo que se cayó fue la arrogancia de un Estado que creyó que podía ordenar el territorio por decreto y pedir obediencia después, y no por medio de leyes de ordenamiento territorial donde se pueden claramente definir competencias entre municipios, resguardos y departamentos, o mediante la expedición de la ley estatutaria de consulta previa.
Pero el Gobierno insiste en no aprender o se hace el loco; insiste. Insiste en profundizar restricciones. Insiste en construir figuras que afectan municipios enteros. Insiste en generar incertidumbre.
Insiste en actuar como si la solución estuviera en cerrar, prohibir, congelar y restringir, sin entender que detrás de cada decisión de ese tipo hay empleo que no llega, inversión que se va, proyectos que mueren antes de nacer y comunidades enteras obligadas a vivir de la incertidumbre.
Y ahí está el punto que en Bogotá prefieren ignorar: los municipios de la Sierra Nevada también existen. También tienen derecho al desarrollo. También tienen necesidades fiscales, sociales y económicas.
Aquí hay que decirlo sin rodeos: proteger la Sierra no puede convertirse en una excusa para frenar el desarrollo de Valledupar, Pueblo Bello, Manaure, Santa Marta, Ciénaga, Fundación, Dibulla, Riohacha y demás municipios del área de influencia.
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Proteger no puede ser sinónimo de asfixiar, y mucho menos por medio de normas de baja jerarquía constitucional. El vacío normativo ha sido llenado a punta de decretos débiles, directivas dispersas y decisiones judiciales que terminan sustituyendo al legislador.
Y cuando eso pasa, lo que reina no es la seguridad jurídica, sino el desgobierno.
La pregunta incómoda sigue sobre la mesa:
¿hasta cuándo piensa el Gobierno seguir sacrificando el desarrollo de los municipios de la Sierra para sostener un modelo de intervención territorial mal definido, expansivo y jurídicamente inestable?
Lo más grave es que cada vez que alguien denuncia esta situación, aparece el mismo reflejo oficial: presentar la crítica como si fuera un ataque contra los pueblos indígenas.
Y no. Esa es una trampa discursiva.
Una cosa es defender los derechos de los pueblos de la Sierra; otra, muy distinta, es aceptar que el Gobierno use esos derechos como escudo para justificar actos improvisados, técnicamente precarios y políticamente cómodos.
La Sierra Nevada de Santa Marta no puede seguir siendo administrada como una consigna ideológica ni como una vitrina de corrección política
Requiere seriedad institucional. Requiere técnica. Requiere participación real. Requiere consulta incluyente. Requiere reglas claras.
La insistencia del Gobierno en este camino no fortalece la Sierra: la tensiona. No pacifica el territorio: lo enfrenta. No genera armonía: profundiza el conflicto.
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Porque cuando el Estado no ofrece reglas claras, lo que crece es la confrontación: demandas, procesos, bloqueos y arbitrariedad.
Y al final, quienes pagan la cuenta no son los funcionarios en Bogotá, sino los municipios y sus habitantes.
La Sierra merece protección, por supuesto. Pero sus municipios también merecen desarrollo, seguridad jurídica, planeación y estabilidad.
Merecen un Estado que no improvise. Merecen un Gobierno que deje de castigar el futuro de la región.
Porque si algo ha quedado claro en estos años es que la Sierra no está siendo amenazada únicamente por factores externos.
También la amenaza un Estado que, en nombre de protegerla, termina cerrándole el camino al progreso.
Y eso también es una forma de ceguera.
