El Gobierno nacional parece decidido a repetir sus errores una y otra vez con el tema de la Sierra Nevada de Santa Marta: intervenir el territorio desde la capital del país, invocar la protección ambiental y la defensa de las cuatro etnias de la Sierra, y dejar que sean los departamentos, los municipios, los ciudadanos, las otras etnias no tenidas en cuenta, las negritudes y los sectores productivos quienes carguen con el costo de cada improvisación.
Eso fue lo que ocurrió con el Decreto 1500 de 2018, el cual fue anulado por un sendo fallo del honorable Consejo de Estado. Y ahora, con la Resolución 0280 de 2026 lo vuelve a hacer, con nuevas y más medidas restrictivas que, aunque cambien de nombre o disfraz jurídico, siguen generando efectos perjudiciales en este gran sector del país: inseguridad jurídica, parálisis económica e incertidumbre para los municipios de la Sierra, que mediante instrumentos inapropiados ven sus competencias cercenadas.
El problema nunca ha sido la protección de la Sierra. El problema ha sido la forma caprichosa, centralista y desordenada con la que el Estado insiste en intervenir.
