Más de seis meses después de que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar ordenara medidas urgentes en la acequia La Solución, habitantes de los barrios Álamos 2, Álamos 3 y María Camila Sur denunciaron que el Municipio no ha cumplido de manera efectiva el fallo y que el paso vehicular sobre la calle 20B entre carreras 31 y 32A sigue representando un riesgo diario para peatones y conductores.
El juzgado le ordenó al Municipio cerrar y señalizar los tramos en riesgo, instalar sistemas de contención provisionales y realizar estudios técnicos en un plazo máximo de 30 días, pero, según la comunidad, las acciones han sido mínimas y no corresponden a la gravedad del deterioro de la estructura.
Deterioro y desidia
“Yo paso por aquí todos los días para ir a la universidad y uno siente miedo; el puente se ve cuarteado, los muros están vencidos y no hay una señalización que advierta el peligro como lo ordenó el juez”, contó Diana Romero, residente de Álamos 2.
Juana Luna, habitante de María Camila Sur, quien cruza la zona varias veces al día, también cuestionó la falta de obras de fondo: “La acequia sigue igual, cada vez más dañada, y parece que la administración solo reacciona cuando hay denuncias en redes o en la prensa”.
Líderes barriales recordaron que el fallo se profirió en el marco de una acción popular promovida por el estudiante de Derecho Luis Alfonso Chamorro Martínez, en la que se advirtió el riesgo de colapso del puente y de los muros laterales, y recalcaron que la desatención de la Alcaldía prolonga una amenaza que ya completa más de una década. “La justicia ya habló, ahora le corresponde a la administración cumplir. No queremos más mesas técnicas ni excusas; exigimos que se ejecute el plan técnico y se garantice la seguridad de la comunidad”, señaló uno de los voceros comunitarios.
Desacato del fallo
Los habitantes anunciaron que, si persiste el incumplimiento, pedirán a las autoridades judiciales y de control que inicien incidentes de desacato y otras acciones para obligar al Municipio a acatar el fallo y proteger los derechos colectivos de quienes viven y transitan en el sector.
