Doce exintegrantes del Batallón de Artillería N.° 2 La Popa comenzarán formalmente a cumplir, desde el próximo 15 de agosto, las sanciones propias impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate en la Costa Caribe. La fase de ejecución contempla seis proyectos restaurativos y 114 actividades, varias de ellas con impacto directo en Valledupar, Cesar y La Guajira.
La fecha marca el inicio formal de las primeras sanciones restaurativas que entran en ejecución en Colombia, luego de que la Sección de Apelación dejara en firme la sentencia contra los 12 comparecientes de la fuerza pública y otra sentencia contra siete exintegrantes del antiguo Secretariado de las Farc-EP. En el caso de La Popa, la decisión judicial combina restricciones efectivas a los derechos y libertades con trabajos, obras y actividades de contenido reparador o restaurador, conocidos como TOAR.
Restricciones y monitoreo
Desde el 15 de agosto, los sancionados deberán cumplir horarios, residir en los lugares definidos para desarrollar los proyectos y atender restricciones de movilidad. Para desplazarse fuera de los territorios autorizados o salir del país deberán contar con autorización judicial, según las reglas establecidas por la JEP.
