Los afectados señalan que el predio pertenece al campesino Eduardo Ferreira, quien habría trabajado durante más de cuatro décadas para conseguir la propiedad. Sin embargo, actualmente la finca se encuentra en medio de un proceso relacionado con una investigación de extinción de dominio que inició contra el antiguo propietario del terreno, conocido con el alias de “Chonta”.
De acuerdo con la versión entregada por el hijo de Eduardo Ferreira a EL PILÓN, la finca de 32 hectáreas fue comprada en 2020 tiempo después de que el antiguo dueño fuera vinculado a investigaciones por presuntos nexos con el narcotráfico y el ELN. No obstante, aseguran que posteriormente el hombre fue absuelto de los cargos y regresó al país con una resolución judicial favorable.
“Mi papá le compró a él y por comprarle se metió en el problema. El señor está libre, sin deberle nada a la justicia, y aun así no han investigado bien eso y están quitando las tierras sin tener en cuenta que se actuó de buena fe”, expresó el familiar.
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La familia sostiene que el proceso administrativo avanzó pese a que, según indican, el antiguo propietario habría dejado constancias en videos y audios afirmando que su caso fue cerrado y que Eduardo Ferreira no debía verse perjudicado.
En medio de la polémica, los denunciantes cuestionaron lo ocurrido en una reciente reunión que organizó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, durante su visita al Cesar. Según la familia, aprovecharon el espacio para pedir explicaciones sobre la situación, sin embargo les solicitaron entregar sus teléfonos celulares para evitar grabaciones de lo conversado.
“Si todo se estaba haciendo con transparencia, ¿por qué no permitían documentar lo que se dijo?”, cuestionaron los afectados. La principal preocupación de la familia radica en que, presuntamente, la finca sería entregada a otras familias campesinas en el marco de la reforma agraria impulsada por el Gobierno nacional.
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“Mi trabajo de 47 años se está quedando en el piso, quedé sin nada”, manifestó Eduardo Ferreira en un video difundido en redes sociales, donde además hizo un llamado a la SAE, la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos para que revisen su caso.
La versión del director de la Agencia Nacional de Tierras
Por su parte, el director de la ANT, Felipe Harman, a través de un video publicado en sus redes sociales aseguró que el predio recuperado supera las 150 hectáreas y hacía parte del Fondo de Reparación, razón por la cual será destinado a beneficiar a más de 70 familias campesinas sin tierra en el Cesar.
“Era una finca relacionada con investigaciones por narcotráfico y presuntos vínculos con estructuras ilegales. Hoy pasa a manos campesinas como parte de la reforma agraria”, afirmó el funcionario.
Harman explicó que, según la información manejada por la entidad, la propiedad pertenecía a un hombre conocido con el alias de “Arias Chonta”, quien habría sido investigado por presuntos nexos con lavado de activos, narcotráfico y supuestas relaciones con las finanzas del ELN en el sur del Cesar.
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Asimismo, indicó que cuando funcionarios de la ANT llegaron al predio encontraron que este, pese a estar vinculado desde hace años al Fondo de Tierras, continuaba siendo ocupado presuntamente por “trabajadores del antiguo propietario”.
El director también aseguró que el terreno se encontraba en buenas condiciones agronómicas y que dentro de la propiedad había ganado de alto valor económico, elementos que, según manifestó, permitían proyectar el predio como una zona productiva para familias campesinas beneficiarias de la reforma agraria.
Mientras tanto, la familia Ferreira insiste en que el caso debe ser revisado por un juez y no mediante decisiones administrativas, argumentando que existen pruebas de que la compra se realizó legalmente y “de buena fe”.
“La reforma agraria debe servir para hacer justicia, no para cometer nuevas injusticias”, concluyeron los denunciantes.
Por: Michelle Moya / @Michellemoya22
