Esta posición toma fuerza entre algunos miembros del sector luego de la desaparición Juan Felipe Ustáriz, abordado por delincuentes en su finca de Camperucho, jurisdicción de Valledupar.

A raíz del caso del ganadero Juan Felipe Ustáriz, quien el pasado domingo al parecer fue raptado violentamente de su finca ubicada en la vereda Camperucho, zona rural del Valledupar, algunos ganaderos del departamento del Cesar contemplan la posibilidad de armarse para salvaguardar su integridad.

Así lo dio a conocer una parte del gremio ganadero que siente un “desolador” panorama de seguridad en la región a causa de los grupos armados, delincuencia común que afecta las actividades del sector agropecuario.

Según el ganadero, Miguel Villazón Quintero, la falta de presencia del Estado en los sectores de la provincia y sobre todo en el campo ha propiciado que la delincuencia los encuentre desprotegidos, a tal punto de poner en peligro su humanidad.

“Estamos supremamente preocupados porque la seguridad en la región es muy grave este caso del ganadero Juan Felipe Ustáriz nos está dando un campanazo de alerta a todos los ganaderos con el agravante de que no podemos tener armas para defendernos. Hoy los delincuentes tienen las armas… Exigimos a las autoridades un mayor control en las carreteras, la persecución de las bandas delincuenciales, porque parece por las características que el caso conocido fue delincuencia común y si es guerrilla entonces mucho más grave. Entonces es nuestra protesta como ganaderos.

“Yo no digo que formemos un grupo como las Convivir, pero si por lo menos, así como el Estado da un salvoconducto para poder portar las armas, la idea es que nos las deje portar para la legítima defensa, sobre todo para ir a los campos o fincas porque ni la Policía o Ejército alcanzan a dar protección en las fincas”, expresó Miguel Villazón, integrante de la junta directiva de Corporación de Ferias y Exposiciones Ganadera de Valledupar, (Corfedupar) y Federación de Ganaderos del Cesar, (Fedegan).

Para esta parte del sector ganadero la idea toma fuerza luego de los últimos acontecimientos en el departamento: el pasado 10 de enero delincuentes raptaron a la campesina Ana Sofía Vargas Bernal de 70 años de edad, cuando llegaba junto con su esposo a su finca ubicada en el corregimiento de La Vega, jurisdicción de Chimichagua; además del ataque violento del que el domingo reciente fue víctima el ganadero Juan Felipe Ustáriz Gonzáles.

“Frente a los hechos que se han presentado en el territorio nacional, especialmente en el departamento con el secuestro de Chimichagua y caso del gran amigo y compañero Juan Felipe Ustariz. Asimismo se le solicita a las autoridades civiles, a los altos mandos militares y de Policía restablecer la seguridad en el departamento con los retenes militares que anteriormente teníamos en los puntos estratégicos ya conocidos, con la finalidad de devolverles la seguridad y la tranquilidad a los ciudadanos, especialmente a los ganaderos y campesinos del Cesar”, expresó Jaime Murgas Arzuaga, integrante de la junta directiva de Corfedupar, tras dar a conocer que precisamente estos argumentos fueron presentados ayer ante una reunión de la directiva en la que formalmente se pidió mayor protección al sector ganadero.

Murgas Arzuaga explicó además que es necesario poner sobre el tapete el tema del porte de armas teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional no gestiona estrategias tendientes a garantizar la seguridad en general de la comunidad.

“Nosotros consideramos que frente a la ola de delincuencia que vivimos, especialmente frente a los secuestros y ola de abigeato que hay en el campo colombiano, que el Gobierno Nacional debe establecer nuevamente un decreto que permita el porte legal de armas… Pedimos que examine esa situación porque los hechos violentos que están ocurriendo a lo largo y ancho del país demuestran que la delincuencia anda campante armada frente a una población desarmada, víctima de los delincuentes. Entonces el Gobierno debe examinar la situación, que la medida sea favorable para quienes portamos armas con salvo conducto, que lo podamos seguir haciéndolo sin necesidad de acudir a salvo conductos especiales muy restringidos que se le dan a algunas empresas o personas que les exigen una cantidad de requisitos”, puntualizó Jaime Murgas.

Sin embargo, pese a lo dolidos que están con la situación de Juan Felipe Ustáriz, otros miembros del gremio piensa que el porte de armas debe ser usado de acuerdo a las necesidades de cada ciudadano bajo los parámetros legalmente establecidos.

Oscar Daza Laverde, presidente de la Junta Directiva de Fedegan, informó que las armas de fuego deberían ser utilizadas por las personas que en su momento demuestren ante las autoridades militares de la necesidad que tienen para portarlas.

EL CASO JUAN FELIPE USTÁRIZ

El gremio ganadero ve con inconformidad la agresión a su colega Juan Felipe Ustáriz Gonzáles, a quien delincuentes encapuchados sacaron de su finca, localizada en la vereda Camperucho de la zona rural de la capital del Cesar.

“Nos sentimos muy dolidos, porque esto es una situación muy peligrosa, preocupante que no tiene que estar pasando en Colombia y menos en el Cesar, nosotros no tenemos por qué sufrir las consecuencias de un conflicto, que entre otras cosas por los que se ve es delincuencia común no secuestro o quizá que cosas hay en el medio que no podemos descifrar”, expresó, Oscar Daza Laverde.

El ganadero Ustáriz González en la mañana del domingo fue abordado en su propiedad por dos sujetos que aparentemente se lo llevaron junto con su camioneta, la cual fue encontrado a unos cuantos kilómetros más adelante con un cádaver incinerado en su interior.

De acuerdo con las autoridades, aunque el cuerpo incinerado está sin identificar no descartan la posibilidad de que se trate de Ustáriz, por lo que Medicina Legal ya está haciendo los debidos procedimientos para identificarlo.

Ante el hecho las autoridades realizaron un consejo de seguridad para analizar el incidente e iniciar estrategias tendientes a encontrar los responsables.

“Acabamos de finalizar un consejo de seguridad que convocamos con toda la Fuerza Pública, con la Alcaldía de Valledupar, secretarios de despacho de gobiernos y toda la cúpula de la Fuerza Pública, revisando los hechos registrados ayer (domingo) en la zona de Camperucho donde ingresaron dos sujetos armados con revólveres en un predio rural de la familia Ustariz Gonzáles, donde fue retenido el ciudadano Juan Felipe Ustariz González, lo cual registra su desaparición. Posteriormente a estos hechos fue incinerado un vehículo que se encontraba en este predio rural en el que existe un cuerpo que está por determinar. La identificación del mismo está a cargo de las autoridades del CTI y Medicina Legal”, informó Francisco Fernando Ovalle Angarita, gobernador del Cesar.

El cadáver hallado en la camioneta blanca fue trasladado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, al Instituto de Medicina Legal de la ciudad para mediante diferentes técnicas forenses tratar de establecer la identidad de la persona que al parecer fue asesinada al interior del vehículo.

El primer método que al parecer intentaron utilizar los profesionales forenses para cumplir tal fin fue comparar la carta dental de Ustáriz con la del cuerpo, sin embargo, este método no se pudo efectuar con éxito.

Tania Ochoa, odontóloga de Ustáriz, comunicó que dicha técnica ayer no logró ser materializada porque no fue posible realizar la comparación de la pasta dental con el cadáver por el grado de quemaduras que sufrió.

“La carta dental tiene que ser actualizada con el odontólogo que hace los tratamientos, él fue mi paciente por eso yo suministré la pasta dental. En este caso no se pudo cotejar porque como los dientes se calcinaron no se pudo comparar la carta dental que yo tengo con las que el cuerpo tiene porque no se puede verificar los eventos que yo tengo anotados en la carta. La posibilidad de identificar el cuerpo por la pasta dental ya se descartó”, reveló la odontóloga, Tania Ochoa.

Asimismo, Carlos Murillo, director regional Cesar de Medicina Legal, explicó que si no es posible lograr la identificación de la víctima incinerada tendrán que ser aplicadas otras actividades orientadas a comprobar el ADN del cuerpo con la familia Ustáriz para conocer si es su identidad.

“Lo primero que hacemos es realizar el procedimiento de necropsia para establecer si murió por las quemaduras o tiene otra causa de muerte. En este momento el grupo forense están haciendo unos análisis y para el tema de la identificación vamos a mirar si conseguimos algunos fragmentos de dientes y si se cuentas con cartas dentales para hacer cotejo. Si no es posible se toman las muestras con los familiares y se envían a Bogotá para cotejo con fragmentos óseos que se tomen del cuerpo. Este proceso por ser ya un tema de identificación tiene prioridad y Bogotá se la da para esclarecer la identificación de la persona”, dijo el médico Carlos Murillo.

El perito forense explicó además que el tiempo para logar la identidad de la persona depende de la complejidad con la que se encuentre el fragmento óseo, debido a que si está muy quemado se tendrían que utilizar técnicas especializadas que puede durar más de un mes.

Ante estas circunstancias, las autoridades aún no han podido establecer si el caso del ganadero se trató de un secuestro o un homicidio, debido que desconocen si el cuerpo encontrado corresponde a Juan Felipe Ustáriz.

“No tenemos la certeza de que sea un secuestro porque está la persona desaparecida pero también existe un cuerpo dentro de este vehículo y es lo que vamos a confirmar con las pruebas y todos los protocolos que va hacer Medicina Legal y CTI para la identificación del cuerpo, que aún no tenemos la certeza de que sea Juan Felipe Ustariz”, precisó el gobernador Francisco Ovalle.

En un esfuerzo entre Alcaldía y Gobernación, las autoridades ofrecen hasta $50 millones de recompensa a quien dé información sobre el paradero de los responsables del lamentable hecho.