La Procuraduría consideró “que el servidor investigado (Jaime José Garces) presuntamente no adoptó las acciones de seguimiento y control encaminadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista.
La Procuraduría General de la Nación profirió cargos en contra de Jaime José Garcés García, funcionario de Aguas del Cesar, por cometer una falta disciplinaria gravísima. Jaime José Garcés fue supervisor del contrato de “interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el suministro e instalación de micromedidores en el casco urbano del municipio de La Jagua de Ibirico“, que firmó Aguas del Cesar por $137 millones en el 2017.
Jaime José Garcés habría fallado en su labor como supervisor, lo que le permitió al contratista cobrar más recursos de lo que le correspondía.
Contexto: Procuraduría investiga a gerente y otro directivo de Aguas del Cesar
El contratista elegido incluyó la casilla de factor multiplicador dentro de la propuesta económica. El factor multiplicador hace referencia al pago de cesantías, primas anuales, seguridad social, ICBF, Caja de Compensación familiar, pensión, medicina, entre otros beneficios, que debía pagar a los trabajadores que buscaría el contratista para ejecutar la interventoría.
Sin embargo, el interventor hizo ‘trampa’ y contrató por prestación de servicios a sus trabajadores para no pagar las prestaciones sociales, aunque había recibido presupuesto por parte de Aguas del Cesar. Por eso, el factor multiplicador debía ser igual a 0 y no a 1.99, como lo estableció el contratista. Esa ‘jugadita’ le permitió al contratista quedarse con 26.7 millones de pesos, según un informe de la Contraloría General.
La Procuraduría consideró “que el servidor investigado (Jaime José Garces) presuntamente no adoptó las acciones de seguimiento y control encaminadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista, por cuanto de haberlo realizado, habría percibido que el contratista incumplió lo ofertado en su propuesta económica al formalizar su personal por contrato de prestación de servicios y no por contrato laboral”.
Por este motivo, se le reprochó al funcionario “no ejercer un apropiado seguimiento de la ejecución contractual, no realizó adecuadamente la auditoría de los costos del contrato, actividad que se enmarcaba en el seguimiento administrativo, financiero y contable del mismo”.
La Procuraduría consideró “que el servidor investigado (Jaime José Garces) presuntamente no adoptó las acciones de seguimiento y control encaminadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista.
La Procuraduría General de la Nación profirió cargos en contra de Jaime José Garcés García, funcionario de Aguas del Cesar, por cometer una falta disciplinaria gravísima. Jaime José Garcés fue supervisor del contrato de “interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el suministro e instalación de micromedidores en el casco urbano del municipio de La Jagua de Ibirico“, que firmó Aguas del Cesar por $137 millones en el 2017.
Jaime José Garcés habría fallado en su labor como supervisor, lo que le permitió al contratista cobrar más recursos de lo que le correspondía.
Contexto: Procuraduría investiga a gerente y otro directivo de Aguas del Cesar
El contratista elegido incluyó la casilla de factor multiplicador dentro de la propuesta económica. El factor multiplicador hace referencia al pago de cesantías, primas anuales, seguridad social, ICBF, Caja de Compensación familiar, pensión, medicina, entre otros beneficios, que debía pagar a los trabajadores que buscaría el contratista para ejecutar la interventoría.
Sin embargo, el interventor hizo ‘trampa’ y contrató por prestación de servicios a sus trabajadores para no pagar las prestaciones sociales, aunque había recibido presupuesto por parte de Aguas del Cesar. Por eso, el factor multiplicador debía ser igual a 0 y no a 1.99, como lo estableció el contratista. Esa ‘jugadita’ le permitió al contratista quedarse con 26.7 millones de pesos, según un informe de la Contraloría General.
La Procuraduría consideró “que el servidor investigado (Jaime José Garces) presuntamente no adoptó las acciones de seguimiento y control encaminadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista, por cuanto de haberlo realizado, habría percibido que el contratista incumplió lo ofertado en su propuesta económica al formalizar su personal por contrato de prestación de servicios y no por contrato laboral”.
Por este motivo, se le reprochó al funcionario “no ejercer un apropiado seguimiento de la ejecución contractual, no realizó adecuadamente la auditoría de los costos del contrato, actividad que se enmarcaba en el seguimiento administrativo, financiero y contable del mismo”.