En manos de la Fiscalía General de la Nación se encuentra una serie de irregularidades evidenciadas por la Contraloría General de la República, en construcciones y obras civiles financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, y en las que presuntamente se determinaron hallazgos con incidencias penales y fiscales.

Las irregularidades irían desde la contratación y posterior ejecución de contratos hechos desde la Gobernación del Cesar, así como los municipios de Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico, Aguachica y San Martín.

Entre los principales actores, supuestamente responsables fiscales, aparecen el actual secretario de Educación Departamental, Jorge Eliécer Araújo Gutiérrez; el secretario General Departamental, Jaime Luis Fuentes Pumarejo; el exalcalde de Aguachica, Alfredo Vega Quintero; el exalcalde de Agustín Codazzi, Efraín Quintero Mendoza; el exalcalde de San Martín, Elber José Guerra Medrano; el exalcalde Gamarra, Rafael Cruz Casado, entre otros funcionarios públicos del departamento.

Desde la Gerencia Departamental del Cesar de la Contraloría General de la República, se iniciaron procesos de responsabilidad fiscal por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en entidades como la Gobernación del Cesar y otras alcaldías que suscribieron contratación con la denominada “red de alimentación escolar”, denunciada por el Ministerio de Educación en abril del año anterior.

En documentos conocidos por EL PILÓN, se observa que en los procesos adelantados por el organismo de control que además compulsó copias al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, vinculan a personas como Ivis Rosado Robles y María Angélica Araujo, representantes legales de Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, Fundación Kábala y Fundación Acción Social Integral, antes (Kábala), por acciones como posibles sobrecostos sobre el valor de las raciones cobradas y pagadas en distintas instituciones educativas del Cesar.

Hallazgos en la Gobernación

Los resultados de pesquisas hechas por la Contraloría General de la República, desde su gerencia en el Cesar, llegaron el 27 de enero de 2017, a manos del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, por medio del Informe de Resultados de la Actuación Especial de Fiscalización a la Gobernación del Departamento del Cesar.

Cuatro contratos, especialmente, tendrían vicios de corrupción entendiendo las irregularidades evidenciadas en construcciones y obras civiles financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.

Por ejemplo, en el contrato de obra para la pavimentación de la doble calzada Avenida Ciro Pupo Martínez en el municipio de La Paz, suscrito por valor de $3.994 millones, la Contraloría determinó que la obra presentaba fallas técnicas y debilidades en el proceso de construcción y calidad de la obra, estimando el daño patrimonial en $1.110 millones. Adicionalmente se determinó para este mismo contrato un segundo hallazgo con incidencia fiscal por $228 millones.

Otra contratación con problemas es la pavimentación de la vía San Isidro a la ruta 49 de La Jagua de Ibirico y mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de Estados Unidos con el municipio de Becerril, por valor de $20.777 millones, inversión a la que después le adicionaron $1.228 millones y posteriormente $2.774 millones, para un total del contrato de $24.780 millones.

Sobre esta contratación se determinó que existen diferencias de precios o costos de los ítems de la obra, adicionalmente esta presenta debilidades que afectan su calidad: el informe habla de un detrimento cercano a los $15.752 millones.

En la construcción de la primera etapa del Coliseo de Ferias de Valledupar, por valor de $5.821 millones, que tuvo adición de $1.865 millones, explicó la Contraloría que se encontraron deficiencias constructivas y calidad de las obras, por tanto, el detrimento asciende a $139 millones. Adicionalmente en el Informe de Auditoría reflejó para este mismo contrato, un hallazgo con incidencia fiscal por $562 millones, y también otro por $192 millones por la no vinculación del personal para la ejecución del contrato y el cual fue indicado y estimado económicamente por el contratista en su propuesta.

Otra gruesa suma de dinero se habría despilfarrado en la construcción y/o ampliación y/o adecuación y remodelación del estadio de Fútbol Armando Maestre Pavajeau. Para la primera etapa, la Gobernación del Cesar designó inicialmente $33.345 millones, después consideró adicionarle $16.671 millones, para un total de $50.016 millones. “La obra presenta deficiencias constructivas, por tanto, el detrimento patrimonial, de acuerdo a los ítems de obras cancelados por el departamento al contratista, y en los cuales se estimaron las deficiencias y malas calidades de la obra, asciende a $5.167 millones”, destaca la misiva conocida por este medio de comunicación.

Y una contratación más con problema es la construcción para la consolidación de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario y pesquero del Cesar, que tuvo giros por valor de $50.893 millones. Aquí la Contraloría evidenció que la obra está inconclusa, con una ejecución inferior al 50 % al momento de la auditoría, por tanto, determinó un hallazgo fiscal por $25.062 millones, correspondiente al valor girado en calidad de anticipo.

Para este último contrato, es preciso indicar que se dio traslado a Néstor Humberto Martínez Neira, el 23 de marzo de 2017, con los soportes y pruebas documentales.

Alimentación y sus sobrecostos

La Gerencia Departamental del Cesar de la Contraloría General de la República tiene abierto varios procesos de Responsabilidad Fiscal por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, a entidades como la Gobernación del Cesar, y alcaldías como la de Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico y Aguachica.

El primero, donde figuran como presuntos responsables: Jorge Eliécer Araújo Gutiérrez, secretario de Educación Departamental; Octavio Lafont Chica, supervisor; la Fundación Acción Social ACSI; la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar; y Corporación Corazón País, como contratistas; está basado en el contrato PAE 2015 por valor de $11.623 millones, en el que se estableció un número de 1.748 manipuladoras. Sin embargo, durante la ejecución se vinculó un número menor de estas, es decir, un promedio de 1.550, lo que generó un mayor valor pagado por este concepto en $839 millones. Así como mayor valor pagado en cuanto al número de raciones, correspondiente a otro hallazgo, que por economía procesal y celeridad, se unificaron estos dos hallazgos en un solo proceso. La cuantía de detrimento estimada asciende a los $1.106 millones.

Aparece otro contrato celebrado por el departamento en el segundo semestre del 2015, para la prestación del servicio de PAE, en el que se evidenció que en el detalle del valor de la ración se incluyó el concepto de IPC (Índice de Precios al Consumidor) con un porcentaje del 4 % y adicionalmente un 5 % para imprevistos, con el fin de cubrir posibles alzas en los alimentos y mayores costos de transporte, así mismo se contempló una utilidad del 5 %, al realizar el cálculo del detrimento patrimonial; se determinó que el valor del IPC no ejecutado fue del 11 %, más un mayor porcentaje del 1 % estimado por concepto de estampilla que impactó el valor de la ración, para un detrimento total de $647 millones. Por estos hechos están vinculados a la investigación el secretario General de la Gobernación, Jaime Luis Fuentes Pumarejo; el secretario de Educación Departamental, Jorge Eliécer Araújo Gutiérrez; María Angélica Araujo, miembro del Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015; Ivis Rosado Robles, representante de Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar.

La Fiscalía además recibió las evidencias del contrato celebrado el primer semestre de 2015, para la prestación del servicio de PAE, en el que la Contraloría evidenció que en el detalle del valor de la ración se incluía el concepto de IPC con un porcentaje del 4,4 % y adicionalmente un 5 % para imprevistos con el fin de cubrir posibles alzas en los alimentos y mayores costos de transporte, así mismo se contempló una utilidad del 5 %, al realizar el cálculo del detrimento patrimonial, al realizar el cálculo encontraron que efectivamente se canceló dentro de la estructuración de costos de la ración alimentaria un reconocimiento adicional por concepto de “índice de precios al consumidor” lo cual no era procedente porque ya se había estimado como imprevistos el 5 % en el valor de cada ración lo que genera “un doble pago”, más un mayor porcentaje estimado por concepto de estampilla que impacto el valor de la ración. Todos estos hallazgos ascienden a $1.565.688.364 millones.

Esto fue puesto en conocimiento ante el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, el 3 de febrero de 2017. Hacen parte del proceso, como presuntos responsables, el secretario General de la Gobernación, Jaime Luis Fuentes Pumarejo; el secretario de Educación Departamental, Jorge Eliécer Araújo Gutiérrez; María Angélica Araujo, representante legal de la Fundación Kábala; Ivis Rosado Robles, representante de Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar; y María Pacheco Izquierdo, representante de la Corporación Corazón País.

Y algo más grave ocurrió en el municipio de Aguachica. La Gerencia Departamental del Cesar de la Contraloría General de la República advirtió a la Fiscalía General de la Nación que un convenio del año 2015, hecho para la ejecución del PAE en la población ubicada al sur del Cesar, existen sobrecostos y evidenció deficiencias en la planeación y falta de aportes del contratista, lo que generó un mayor valor pagado por ración y el pago de días no ejecutados, generando un detrimento por $16.456 millones.

Los involucrados en la investigación son: el exalcalde de Aguachica, Alfredo Vega Quintero; Ramón de Jesús Ramos Sánchez, secretario de Educación Municipal y supervisor del contrato; María Angélica Araujo, representante de la Fundación Acción Social Integral – Acsi – (antes Fundación Kábala), en su calidad de contratista.

Y en Agustín Codazzi se encontró algo similar a lo de Aguachica. El municipio suscribió un contrato de prestación de servicios en 2015, para la ejecución del PAE, por valor de $1.266 millones financiado con recursos de regalías. Ahí, dice la Contraloría, se estableció un sobrecosto sobre el valor de las raciones cobradas y pagadas al consorcio, en una diferencia de $761 por cada una, lo que al multiplicar por el número de raciones entregó un detrimento patrimonial de $341 millones. Los supuestos responsables son Efraín Quintero Mendoza, exalcalde del municipio; Raúl Casimiro Bermúdez Castilla, secretario de Educación; Fundación Proveer Nuevo Milenio, integrante del Consorcio Alimentación Escolar 2015 contratista; Corporación Comunitaria para Apoyo Nutricional de Niños y Niñas, COCRECER.

Del mismo modo, en lo que respecta a irregularidades en obras civiles la Contraloría remitió el 19 de enero de 2017, al Fiscal General de la Nación, seis hallazgos relacionados con obras financiadas con recursos del Sistema General de Regalías durante la administración del exalcalde Efraín Quintero Mendoza.

Pero en la Gerencia Departamental del Cesar de la Contraloría General de la República, está en trámite la apertura de procesos de responsabilidad fiscal, relacionados con el contrato de suministro 0134 de 2014, suscrito entre el municipio de La Jagua de Ibirico y el Consorcio Alimentando con Amor/2, firmado por el mandatario encargado, Luis Antonio Montaño Castellanos, mediante encargo que le hiciera el alcalde de la época Didier Lobo Chinchilla; en dicho contrato se determinaron irregularidades en el PAE por detrimentos de $741 millones y $28 millones, por pagos no asociados al programa.

Adicionalmente se evidenció el pago de pólizas que no correspondían al contrato y que impactan el valor de la ración. El contratista presentó un soporte de $43.2 millones, pero al verificar en la póliza la prima pagada para amparar el contrato, esa correspondía a los valores de $13.4 millones y $900.000, para un total de $14.3 millones; por tanto, existe una diferencia de $28.8 millones.

En San Martín y Gamarra

En San Martín, la administración municipal estableció en 2011 la construcción de un centro de salud en el corregimiento Aguas Blancas, obra que a la fecha de visita por parte de la Contraloría y en la actualidad está sin funcionamiento, es decir, que el contrato no ha cumplido el cometido para el cual fue celebrado. Adicionalmente, a la fecha de la visita del ente de control, no se encontraba dotada con los equipos pertinentes para la prestación del servicio de salud. Por otra parte, al parecer, la obra se realizó en un terreno que no es propiedad del municipio, toda vez que fue donado por la familia Vargas Sepúlveda; sin embargo, dicha donación no se encuentra registrada en Instrumentos Públicos, permanece registrada a nombre de un particular y no del municipio. El único vinculado a la investigación es Elber José Guerra Medrano, exalcalde de San Martín en la época de los hechos, y afronta un proceso por posible detrimento de $437.849.239 millones.

Otra de las denuncias está en Gamarra. Allí suscribieron un convenio en 2010, para las obras de pavimentación en concreto rígido en vías urbanas por valor de $2.475 millones.

La Contraloría durante una inspección evidenció obras inconclusas y suspendidas, solo algunos tramos fueron terminados y/o pavimentados. Del contrato le entregaron al contratista un anticipo de $80.9 millones y se estimó un porcentaje de ejecución de $24.6 millones, el saldo pendiente más los costos de la obra ejecutada ascienden a la suma de $772.6 millones que es el presunto detrimento. Implicados en el caso están: el exalcalde Rafael Cruz Casado; Eduardo Emilio Parias Figueroa, representante legal e integrante del consorcio contratista Estructuras viales; Willian Jesús Conto Ramírez, integrante del consorcio contratista; Eduardo Enrique Cepeda Camacho, representante legal e integrante de la firma interventora UT Diseños e Interventoría; Álvaro Alberto Clavijo Ramírez, jefe de Planeación municipal de la época.

Cinco contratos suscritos por la Gobernación del Cesar presentan irregularidades, según el Informe de Resultados de la Actuación Especial de Fiscalización de la Gerencia de la Contraloría General de la República, en este departamento.

Convenios suscritos entre la Gobernación del Cesar, alcaldías de Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico y Aguachica, con distintos contratistas, tienen vicios de corrupción a través de sobrecostos.

Otra de las denuncias está en Gamarra, donde la alcaldía suscribió en 2010 un convenio para las obras de pavimentación en concreto rígido en vías urbanas por valor de $2.475 millones. Las obras no se terminaron.

Por Carlos Mario Jiménez
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