Parientes del empresario y ganadero vallenato Javier García Maya, secuestrado el 28 de octubre del 2022 en la finca El Manantial, vereda Puente Callao, zona rural de Valledupar, piden a las autoridades realizar la audiencia de acusación en contra de los 8 implicados en el rapto, ya que, afirman, al ser aplazada en 11 oportunidades se pueden vencer los términos y quedar en libertad los delincuentes, quienes enfrentan cargos por secuestro extorsivo agravado, porte o tenencia de armas de fuego y partes o municiones agravado.

Los hombres implicados en el caso son Deivis Manuel Pérez, Esneider de Jesús Manjarrez, Jainer Calixto Cotes, Luis Mesa, Pedro Luis Cárdenas, Yeiner José Rodríguez, todos privados de la libertad en la Permanente Central de Policía en Valledupar, mientras que, Luis Guillermo Barros permanece en la URI del municipio y Javier de Jesús Morales, en la cárcel de Santa Marta. 

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No obstante, la postura de la familia de Maya es que todos los hombres sean enviados al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, La Tramacúa.

De acuerdo con el avance de la investigación, en el momento del rapto, la víctima fue abordada por dos sujetos encapuchados armados con pistola y revólver, a la entrada de su finca. Maya forcejeó con los delincuentes tras pensar que le hurtarían su vehículo, pero uno de los raptores le pegó con la pistola en la cabeza partiéndole la ceja izquierda y lo subieron a la fuerza a su propio vehículo. “Me preguntaron que si tenía plata, me registraron todos los bolsillos, me quitaron el celular, otras pertenencias y durante todo el trayecto que recorrieron conmigo me iban golpeando”, dijo en su momento la víctima al ser rescatado.

El rescate fue materializado por el Gaula de la Policía en el municipio de Distracción, La Guajira, donde los uniformados dieron de baja a un delincuente y capturaron a otro. En el momento de los hechos los raptores exigían mil millones de pesos por la liberación, sin embargo, la ubicación de las autoridades permitió recuperarlo gracias a la información suministrada por la ciudadanía, a quien se le ofreció la suma de $50.000.000.

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PROCESO PENAL

De acuerdo con el abogado de la víctima, José Ignacio Lombana, la actuación de la ley “no ha sido la mejor” al impedir el juicio, pues no se ha podido culminar la audiencia de acusación, por lo que temen que las cosas continúen de la misma manera y queden en libertad los hombres involucrados en el caso.

Según el abogado, generalmente las audiencias fracasan porque no se conectan los privados de la libertad o sus abogados, también se presentan problemas de conectividad y días tras días surgen muchos factores que impiden el avance del proceso. 

Tras esta situación, el apoderado de la víctima solicitó a la juez realizar la audiencia de forma presencial para que no hubiera impedimento alguno, tal como ocurrió la mañana de este viernes 12 de julio que volvió a fracasar la audiencia de acusación.

“Cuando uno comienza a ver este manejo uno dice: no sé qué piensa el funcionario, pero yo creo que no tiene el conocimiento o las condiciones para administrar justicia, para administrar el proceso, para hacer cumplir las órdenes, sino que los trámites se realizan solo por hacer y cumplir”, dijo Lombana al recalcar su preocupación frente al caso.