2 marzo, 2018

Falso dilema

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explica cómo serán usados los recursos del impuesto al carbono, que se dedicarían “entre otros, al manejo de la erosión costera, a la conservación de las fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas”, los cuales irán al Fondo Colombia en Paz.

Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

La Reforma Tributaria de 2016 es, sin lugar a dudas, desde el punto de vista fiscal, la que creó más herramientas reales para el cuidado del medio ambiente. Esto queda demostrado con iniciativas como el impuesto al carbono o a las bolsas plásticas, así como incentivos a las inversiones en energías renovables no convencionales.

El fin del conflicto es otra iniciativa verde. No hay nada que afecte más nuestro medio ambiente que la guerra; el 75 por ciento de las 178 mil hectáreas que se deforestaron en 2016 están ubicadas en zonas de conflicto, especialmente en las 16 subregiones incluidas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Es indiscutible la relación que hay entre recobrar extensos territorios de nuestra nación para la paz y la conservación de nuestras riquezas naturales; por eso, el gobierno nacional creó el Fondo Colombia en Paz, con el fin, entre otras cosas, de comenzar a recuperar, ambientalmente, los espacios afectados por la guerra gracias a los recursos generados a partir de la Reforma Tributaria.

Nunca consideramos que lo que generáramos con los impuestos verdes terminara invertido en algo más. Fue tan evidente nuestro interés en que esta reforma impulsara iniciativas ecoamigables, que, mediante el Decreto 926 de 2017, dejamos explícita la posibilidad de que las empresas pudieran compensar sus emisiones, financiando proyectos de reforestación o de apoyo a las comunidades para evitar la deforestación, borrando su huella de carbono y así no tener que pagar el impuesto.

El Artículo 223 de la Ley 1819 de 2016 había dejado muy claro que los recursos del impuesto al carbono se dedicarían “entre otros, al manejo de la erosión costera, a la conservación de las fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas, de acuerdo con los lineamientos que para tal fin establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, y sigue siendo así.

En esa línea, el acuerdo al que llegamos con el ministro Luis Gilberto Murillo (y que está plasmado en el borrador de decreto reglamentario que estamos trabajando conjuntamente) especifica que el 25 % de los recursos generados por el impuesto al Carbono serán manejados de manera autónoma por el Ministerio de Medio Ambiente, y el 75 % restante servirán para financiar iniciativas relacionadas con el posconflicto “de acuerdo con los lineamientos que para tal fin establezca el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

En otras palabras, será el Ministerio de Ambiente el encargado de establecer en qué se invertirá la totalidad de los recursos del impuesto al carbono, sin importar en qué fondo se encuentren. El punto de partida es una estrategia integral de control a la deforestación y gestión de los bosques, una construcción colectiva, que involucra a los diferentes actores interesados en la protección de nuestros recursos naturales, con el fin de plantear acciones concretas, desde diferentes ámbitos, con el fin de detener la deforestación y generar un proceso de desarrollo sostenible basado en el uso adecuado de nuestra riqueza natural.

Las iniciativas impulsadas por el Gobierno, que requieren financiación, incorporan también un sistema de medición, reporte y verificación del cambio climático (incluyendo el seguimiento al proceso de deforestación) y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que hoy suma casi 27 millones de hectáreas; es decir, una superficie mayor que la de Gran Bretaña, más de la quinta parte del territorio nacional, convirtiéndonos en uno de los primeros países en este tipo de reservas. El compromiso del Gobierno es, este año, tener completamente delimitadas las 36 áreas de páramo con las que cuenta el país: dos millones de hectáreas más.

A través del Fondo Colombia en Paz se podrán canalizar recursos para el sistema de pagos por servicios ambientales, que entrega un incentivo económico a las personas que prestan servicios como conservar una cuenca hídrica o un bosque, con el fin de que, para las comunidades rurales, sea mucho más rentable proteger el hábitat que destruirlo.

Para el Gobierno, cuidar nuestro entorno es construir paz. Nuestro objetivo es que el impacto de estos recursos se vea en los territorios y nos permita transitar hacia el cumplimiento de los compromisos que, en relación con el cambio climático, adquirimos con la comunidad internacional, al tiempo que brindamos alternativas de desarrollo sostenible a aquellos que durante años sufrieron con el conflicto armado.

Por Mauricio Cárdenas