Después de varios años de proceso, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, emitió las conclusiones sobre el exsecretariado de las Farc-EP en el Caso 01 mediante el cual estudiaron los secuestros.

La Sala determinó que los exguerrilleros aceptaron su responsabilidad en los crímenes de guerra de toma de rehenes y los de lesa humanidad documentados en múltiples hechos. Por lo que, consideró que los comparecientes eran merecedores de una sanción entre los 5 a 8 años. 

Estos son el excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko; el excomandante del Bloque del Magdalena Medio, Pastor Lisandro Alape Lascarro, alias Pastor Alape; el excomandante del Bloque Sur, Milton de Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez; el excomandante del Bloque Oriental, Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias Mauricio Jaramillo; el exorganizador de las redes urbanas, Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Losada; el excomandante de la Columna Móvil ‘Alirio Torres’, Pablo Catatumbo Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, y el exintegrante del Estado Mayor Central, Rodrigo Granda Escobar, alias Ricardo Téllez. 

Este último sería el único compareciente que estaría sometido a acciones de reparación durante cinco años debido a que no tuvo mando sobre la tropa por las funciones que cumplía, y como tal no tenía responsabilidad de mando. Mientras que los demás sí deberían cumplir ocho años. 

No obstante, será la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad del Tribunal Especial para la Paz la que decidirá las sanciones de los exjefes guerrilleros. 

“Es el resultado de cinco años de intensísimo trabajo de la Sala de Reconocimiento y su equipo, que consiguieron el objetivo fundamental de la JEP y es el que conduce a la protección de los derechos de las víctimas, a darle un espacio de reconocimiento a ellas y sus organizaciones, que podamos tener conciencia de los devastadores efectos de la guerra y de cómo esos efectos generaron uno daños incalculables sobre decenas de miles de personas”, dijo Roberto Vidal, presidente de la JEP en una rueda de prensa. 

Las sanciones estarían relacionadas a las acciones integrales contra minas, un proyecto en el páramo de Sumapaz, al suroriente de Bogotá, donde se le da un reconocimiento al medio ambiente como víctima y un componente de memoria y reparación simbólica.