El exfuncionario fue imputado por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático agravado, transferencia no consentida de activos y hurto por medios informáticos.
El exprocurador judicial de restitución de tierra del Cesar Giovanni Aroca Araujo, investigado por presuntamente cometer un hurto informático contra la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Pamplona, Norte de Santander, fue dejado en libertad en el marco de las audiencias preliminares que terminaron la mañana del domingo.
Así lo decidió el Juzgado Promiscuo Municipal de Bochalema al considerar que los elementos de prueba presentados por la Fiscalía 15 local de San José de Cúcuta fueron insuficientes para otorgar una medida de aseguramiento. La decisión también cobijó a Navila Del Mar Amaya Villarreal, de Codazzi; Jorge Luis Mazo Palmera, Yaritza Beatriz Martínez y Eneys González Duarte, quienes fueron detenidos en el departamento del Cesar.
Asimismo, benefició a otro grupo de Medellín: Valentina Rúa Ocampo, Carolina Castrillón Berrio y Xiomara Marcela Escobar Vélez; y a varios capturados de Cartagena: Yarlin Yomaris Canedo Marrugo, Emilio José Orozco Mendoza y Katerin Andrea Maza Rodríguez.
“No se estableció que hicieran parte de un grupo de delincuencia organizada ni siquiera que se conocieran entre ellos; no hay relación alguna porque están en ciudades diferentes y no hubo interceptaciones telefónicas en las que se pueda establecer que se comunicaban para la ejecución de las conductas delictivas que atribuye la Fiscalía”, precisó el administrador de justicia.
No obstante, los procesados continuarán enfrentando el proceso por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático agravado, transferencia no consentida de activos y hurto por medios informáticos y semejantes, de los cuales se declararon inocentes.
Los hechos indagados sucedieron a finales del 2020 cuando cibercriminales instalaron un ‘troyano informático’ en las cuentas bancarias de la Alcaldía de Pamplona, logrando sustraer $400 millones. Desde entonces, la Fiscalía comenzó las averiguaciones dando con los propietarios de las cuentas bancarias donde consignaron el dinero por distintas cuotas a los ahora implicados.
Por ejemplo, al abogado Giovanni Aroca le hicieron dos consignaciones de 12 millones de pesos los días 3 y 10 de septiembre del año pasado. Al respecto, su abogado defensor, Benjamín Jaimes Quintero, manifestó que eso no probaba que su prohijado hubiese accedido a las cuentas de la citada administración municipal debido a que Aroca Araujo laboraba como litigante y recibía consignaciones por sus honorarios.
“Desde el comienzo demostramos que los dineros ingresados a las cuentas fueron producto de un pago que le hicieron terceros en virtud de un contrato de prestación de servicios por unas actuaciones ante la Corte Suprema de Justicia en acción de unos procesos o acciones de revisión. En tal sentido, sin saber que ese dinero tenía origen ilícito fueron depositados y simplemente por esa razón fue vinculado”, puntualizó Jaimes Quintero.
Los demás, Jorge Mazo y Valentina Aroca, también recibieron 12 millones de pesos. Sin embargo, la defensa alegó que ellos fueron asaltados en su buena fe por terceros. Los ciudadanos de Medellín habrían sido engañados por un sujeto que residía en su barrio y que les pidió el favor de prestar sus cuentas bancarias.
El exfuncionario fue imputado por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático agravado, transferencia no consentida de activos y hurto por medios informáticos.
El exprocurador judicial de restitución de tierra del Cesar Giovanni Aroca Araujo, investigado por presuntamente cometer un hurto informático contra la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Pamplona, Norte de Santander, fue dejado en libertad en el marco de las audiencias preliminares que terminaron la mañana del domingo.
Así lo decidió el Juzgado Promiscuo Municipal de Bochalema al considerar que los elementos de prueba presentados por la Fiscalía 15 local de San José de Cúcuta fueron insuficientes para otorgar una medida de aseguramiento. La decisión también cobijó a Navila Del Mar Amaya Villarreal, de Codazzi; Jorge Luis Mazo Palmera, Yaritza Beatriz Martínez y Eneys González Duarte, quienes fueron detenidos en el departamento del Cesar.
Asimismo, benefició a otro grupo de Medellín: Valentina Rúa Ocampo, Carolina Castrillón Berrio y Xiomara Marcela Escobar Vélez; y a varios capturados de Cartagena: Yarlin Yomaris Canedo Marrugo, Emilio José Orozco Mendoza y Katerin Andrea Maza Rodríguez.
“No se estableció que hicieran parte de un grupo de delincuencia organizada ni siquiera que se conocieran entre ellos; no hay relación alguna porque están en ciudades diferentes y no hubo interceptaciones telefónicas en las que se pueda establecer que se comunicaban para la ejecución de las conductas delictivas que atribuye la Fiscalía”, precisó el administrador de justicia.
No obstante, los procesados continuarán enfrentando el proceso por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático agravado, transferencia no consentida de activos y hurto por medios informáticos y semejantes, de los cuales se declararon inocentes.
Los hechos indagados sucedieron a finales del 2020 cuando cibercriminales instalaron un ‘troyano informático’ en las cuentas bancarias de la Alcaldía de Pamplona, logrando sustraer $400 millones. Desde entonces, la Fiscalía comenzó las averiguaciones dando con los propietarios de las cuentas bancarias donde consignaron el dinero por distintas cuotas a los ahora implicados.
Por ejemplo, al abogado Giovanni Aroca le hicieron dos consignaciones de 12 millones de pesos los días 3 y 10 de septiembre del año pasado. Al respecto, su abogado defensor, Benjamín Jaimes Quintero, manifestó que eso no probaba que su prohijado hubiese accedido a las cuentas de la citada administración municipal debido a que Aroca Araujo laboraba como litigante y recibía consignaciones por sus honorarios.
“Desde el comienzo demostramos que los dineros ingresados a las cuentas fueron producto de un pago que le hicieron terceros en virtud de un contrato de prestación de servicios por unas actuaciones ante la Corte Suprema de Justicia en acción de unos procesos o acciones de revisión. En tal sentido, sin saber que ese dinero tenía origen ilícito fueron depositados y simplemente por esa razón fue vinculado”, puntualizó Jaimes Quintero.
Los demás, Jorge Mazo y Valentina Aroca, también recibieron 12 millones de pesos. Sin embargo, la defensa alegó que ellos fueron asaltados en su buena fe por terceros. Los ciudadanos de Medellín habrían sido engañados por un sujeto que residía en su barrio y que les pidió el favor de prestar sus cuentas bancarias.