Después de la multitudinaria marcha por la educación pública de los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar en Valledupar, ahora presentarán un pliego de peticiones formal al Gobierno Nacional buscando una salida a la grave crisis financiera y administrativa que afronta la institución.

Salir a las calles de manera pacífica se catalogó como el inicio al paro nacional estudiantil convocado por la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior. El cese se prolongará hasta el 21 de octubre.

En la mañana de ayer, los más de 15.000 educandos de la UPC cesaron actividades y entraron a asamblea general informativa, según explicó el representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, Farid Alberto Campo Baena.

“La asamblea general informativo se hizo para socializar el pliego de peticiones local de la Universidad Popular del Cesar y esperamos la información desde Bogotá para contemplar si nos acogemos al paro nacional”, dijo Farid Campo.

El representante estudiantil señaló que entre las obligaciones del Gobierno Nacional con la UPC está en aportar más recursos para el centro universitario. “Tenemos un déficit aproximado de $25.000 millones, de las partidas que el Gobierno piensa dar por lo menos que se rescaten unos $20.000 o si somos positivo los $25.000 millones para que sea una universidad viable y llegar al punto de equilibrio”.

Los $25.000 millones serían para una destinación anual y así gestionar que el índice per cápita para la UPC sea superior a los 1.8 millones que actualmente entregan desde Bogotá.
Ayer mientras las manifestaciones se tomaron las distintas ciudades del país, el Gobierno anunció desde el Ministerio de Hacienda la adición de $500.000 millones para la educación superior en el país.

Farid Campo Baena resaltó que ahora existe la duda de cuánto dinero será para la UPC: “Se necesita una partida para sanear el año”, recalcó.

Además de la inyección de recursos, estudiantes de la UPC solicitan acondicionar los grupos de investigación por medio de la destinación propia, que los ayude a crecer en la calidad docente; mejoramiento de laboratorios, bienestar universitario, entre otros puntos.

“Si necesitamos acreditar la universidad por alta calidad también se requiere que cada programa tenga un mínimo de ocho profesores nombrados. Pero a nivel general queremos los $25.000 millones para que la universidad llegue a un punto de equilibrio en funcionamiento”, aseveró el representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.

En cálculos del Sistema Universitario Estatal, las 32 universidades públicas del país requieren $3,2 billones para financiar gastos operacionales y otros $15 billones para saldar una deuda histórica en lo concerniente a infraestructura y calidad educativa. En cifras, Colombia pasó de tener en 2004 unos 365.985 estudiantes haciendo el pregrado en universidades públicas, a 576.393 universitarios en 2017

Durante las protestas se pidió también reformar la Ley 30 de 1992, especialmente los artículos 86 y 87 de dicha ley, que definen cómo se reparte el dinero para los centros de educación superior.